Mientras por estos días se encuentra en pleno desarrollo el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal durante la primera mitad de 2022, existe un antecedente por un hecho similar ocurrido a comienzos de la década pasada, también en una institución sanitaria de la ciudad de Córdoba.
En el caso que desde enero se está juzgando en la Cámara 7ª del Crimen, se analiza la muerte intencional de cinco recién nacidos y la tentativa de homicidio de otros ocho bebés. La responsabilidad se le adjudica a la enfermera Brenda Cecilia Agüero, como autora intencional, más allá de las acusaciones a funcionarios por presuntas maniobras de encubrimiento o incumplimiento de sus deberes.
El otro caso, es por seis bebés que murieron en la clínica Sanagec, entre 2011 y 2013, por supuestos actos de mala praxis. Por esto, la imputación por obrar negligente, o culposo, es en contra de tres médicos de ese sanatorio que pertenece a la obra social nacional Osecac.
El caso estuvo a punto de prescribir por el mero paso del tiempo, de no ser por la consulta periodística de La Voz en 2022, cuando el expediente había caído en el olvido. La intervención de Fiscalía General y el (hoy jubilado) fiscal Rubén Caro, permitieron dar marco legal a la vigencia de la acción penal y permitir que el fiscal Tomás Casas culminara la investigación y elevara las actuaciones a juicio.
La acusación dice que deben responder por homicidio culposo los médicos Ricardo Antonio Chercoles (76), Ricardo Fidel Mansur (63) y José María Paisani (55). A los dos primeros se les adjudican seis hechos, mientras que a Paisani se le reprochan cuatro resultados fatales.
A esta imputación se les añade a los tres la de lesiones culposas por un séptimo bebé que fue trasladado de esa clínica y salvó su vida.
Chercoles era el director médico de la clínica, Paisani el jefe de neonatología y Manzur titular de pediatría.
En febrero del año pasado, la acusación de Casas fue confirmada por la jueza de Control Anahí Hampartzounian, quien ratificó la realización del plenario. Luego, esta decisión fue apelada pero también la Cámara de Acusación brindó en octubre respaldo al debate oral y público.
Ahora, la semana pasada se conoció que el expediente recayó en la Cámara 5ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, que estará integrada para las audiencias -que seguramente se harán durante este año- por los María Susana Blanc Gerzicich de Scapellato, Alfredo Villegas y Cristián Griffi.
Como es habitual, estará acusando en esta cámara el respectivo fiscal, Marcelo Fenoll. Se espera que la defensa en juicio sea asumida el abogado que representó a los profesionales médicos durante la instrucción, Ernesto Gavier (h).
En la causa, actúa como querellante el abogado Carlos Nayi, quien representa a padres de bebés fallecidos. Este abogado también representa a madres y padres de bebés fallecidos en el caso del Hospital Neonatal.
Reproches legales
Para conocer el contenido de la acusación que se ventilará en juicio oral, conviene repasar los argumentos de la jueza Hampartzounian, quien en febrero de 2024 sostuvo que los tres profesionales “habrían obrado negligentemente, imprudentemente, y con inobservancia de los reglamentos, obligaciones y deberes existentes para el correcto ejercicio profesional de la medicina, y como responsables del funcionamiento de la institución que conducían, en relación al cumplimiento de normas de bioseguridad, desinfección y asepsia de instalaciones para la atención de la salud, y recomendaciones de las instituciones científicas que en ese sentido rigen las prácticas profesionales, fundamentalmente en la sección neonatología, UTI y pediatría de la clínica Sanagec”.
Entendió que se “desencadenó un brote de infecciones nosocomiales de carácter exógenas provocadas por gérmenes y/o bacterias ligadas a la contaminación del medio hospitalario donde sucesivamente o concomitantemente se encontraron internados según se detallará más adelante, los neonatos afectados por tal forma de obrar de los imputados, los que adquirieron distintas bacterias intrahospitalarias” por lo que fallecieron.
La magistrada señaló que, pese a conocer del primer contagio (setiembre de 2011) y de la muerte, los acusados “no aplicaron los protocolos de bioseguridad para evitar tanto la propagación a los demás pacientes internados en ese mismo medio, como evitar que nuevos pacientes sean ingresados al lugar infectado sin antes aplicar todas las medidas que constan en los protocolos Vihda (Programa Nacional de Epidemiologia y Control de Infecciones Hospitalarias de Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación) de amplia adhesión de nosocomios locales, lo difundido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en relación a Infecciones Hospitalarias, y lo escrito por expertos en la materia.
También menciona la jueza “lo regulado por el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa) del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y disposiciones Ministeriales concordantes.
Entre otras faltas que se les achacan a los imputados, se indican que también “incumplieron el deber (de) supervisar y controlar el correcto uso, esterilización y/o sanitación, de insumos de alimentación, respiradores artificiales y lugar de descanso y/o recuperación de los neonatos, como de exigir y supervisar a sus dependientes la aplicación de medidas de bioseguridad para la correcta higienización y manipulación de la humanidad de los internados, tanto del personal de la clínica como de las visitas externas”.
Hampartzounian también destacó como negativa “la falta de sectorización y afectación de los productos y utensilios con los que se higienizaban las distintas dependencias de la clínica a una sección particular, y no su uso y alternación entre espacios comunes o para la higienización del nosocomio en general”.
