Joaquín Paredes, de 15 años, murió por una bala policial en octubre en el pueblo norteño de Paso Viejo, del departamento Cruz del Eje. Sus familiares y amigos, y grupos de derechos humanos, viajaron a Villa Dolores la mañana de este miércoles para manifestarse pidiendo justicia. Fue porque en los tribunales de la ciudad transerrana emitieron fallos que permitieron la liberación de dos de los cinco policías imputados en el caso.
“Los cinco son culpables de matar a mi nieto, no puede ser que ahora empiecen a salir en libertad, son asesinos, se dispararon más de 30 tiros en el lugar”, dijo Esteban Paredes, abuelo del adolescente de 15 años que murió por un tiro en su espalda. El crimen se produjo cerca de las 4 de la madrugada del 25 de octubre pasado, cuando cinco uniformados dispersaron una reunión de adolescentes a tiros con balas de plomo.
Los adolescentes habrían estado festejando un cumpleaños en un espacio público en plena cuarentena por el coronavirus, cuando tres patrulleros con cinco policías llegaron para dispersar la reunión. Los disparos mataron a Joaquín e hirieron a otros dos chicos de 14 años, en un caso de “gatillo fácil” que conmovió a la provincia y fue noticia en el país. Los mismos muchachos pidieron que Joaquín fuese asistido, pero los policías se fueron.
En general, los familiares apuntan contra el desempeño de la fiscal Fabiana Pochetino. “Imputó a uno solo por homicidio, y a los otros cuatro solamente por abuso de autoridad”, explicó Maribel Paredes, tía del joven fallecido. Pero también marcan que los imputados tuvieron tiempo para lavarse las manos y cambiar sus uniformes antes del dermotest (prueba que revela si dispararon o no); que sus celulares fueron secuestrados recién la tarde siguiente, y que algunas páginas del libro de guardia de la subcomisaría del pueblo se alteraron.
Imputados libres
Como autor del disparo mortal, Pochettino imputó a Maiquel López de homicidio doblemente calificado por el uso de arma y por ser policía. También por tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad, ya que él también habría herido a uno de los jóvenes. La fiscal lo acusa de haber sido el autor de siete tiros, los únicos que según la instrucción se dispararon.
Los policías Ronald Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez, Enzo Ricardo Alvarado e Iván Alexis Luján fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A los cinco se les dictó prisión preventiva.
Los defensores de dos de los nombrados solicitaron que sus clientes esperaran libres el juicio. Los pedidos fueron rechazados por la fiscalía de Cruz del Eje y fueron a la Cámara de Villa Dolores. Esta determinó en marzo que no habría peligro procesal en la libertad de Fernández Aliendro y de Gómez, quienes fueron liberados a cambio de una fianza de 200 mil pesos. “No se puede tolerar que la necesidad de privación de libertad de una persona durante el proceso responda a las sensaciones colectivas o alarma social, dado que tal interpretación resultaría violatoria del principio de inocencia”, expresa el fallo firmado por los jueces Raúl Castro, Carlos Escudero y Santiago Camogli Roque, de Villa Dolores.
Reunión
Castro recibió a los familiares de Joaquín y les explicó las circunstancias que motivaron los fallos recientes. María Luque, de la mesa de Derechos Humanos de Traslasierra, contó: “Le explicó al abuelo de Joaquín que la Cámara de Villa Dolores no incide en las carátulas aplicadas por la fiscal, y que actuó sólo en estos dos casos de estos dos policías, porque las apelaciones llegaron hasta aquí”.
“A mi nieto lo mataron y lo dejaron tirado como a un perro, a eso también lo hicieron los cinco, no pueden salir libres por plata”, dijo Esteban Paredes. El hombre, expolicía, denunció que recibió amenazas de familiares de uno de los uniformados detenidos.
Desde la ciudad de Córdoba, el abogado Claudio Orosz, querellante, explicó su postura: “El autor material puede ser uno sólo, pero todos participaron de la encerrona que se hizo sobre los chicos, y no se sabe quién hirió al otro pibe que quedó vivo; al hecho lo produjeron los cinco policías, eso implica complicidad, los otros cuatro fueron al menos partícipes necesarios, debieron ser imputados todos por homicidio”.
Ahora el grupo piensa manifestarse en la ciudad de Córdoba para visibilizar el caso.
