Una situación preocupante –que podría estar reproduciéndose en otros ámbitos– puso en evidencia el camarista del Crimen de la ciudad de Córdoba Juan Manuel Ugarte al mandar a investigar el accionar de la conducción de una escuela de Ascochinga, por no haber denunciado en tiempo y forma el abuso sexual que estaba sufriendo una alumna de sexto grado por parte de su abuelo.
Para establecer posibles responsabilidades, el magistrado pidió que se investigara el procedimiento que se tomó luego de que una docente de educación sexual avisó que la niña era objeto de tocamientos por parte del abuelo. Además, Ugarte envió una comunicación al Ministerio de Educación de la Provincia, con copia de las actuaciones, para que tomara las medidas necesarias para evitar una repetición.
Desde la conducción de la escuela cursaron una comunicación que debía tramitarse a través de una inspectora que demoró en verla y no llegó a nada. Para el juez, esto fue un “mero papeleo”. Sólo se detuvieron los abusos sexuales meses después, cuando la niña sufrió un desgarro y se atrevió a hablar con una tía. Ella fue quien hizo lo que antes tendrían que haber hecho desde la escuela: la denuncia policial.
El juez Ugarte aclara en su resolución que la legislación indica que, cuando la víctima es menor de 18 años, se debe actuar de oficio. Era lo que tenían que hacer desde la escuela: ir a la comisaría o a una unidad judicial. Ese era el procedimiento idóneo para que la situación se frenara.
Las directivas que sostiene el magistrado integran la parte resolutiva de la condena impuesta a un hombre de 56 años –”LAS”– que durante 14 meses estuvo abusando de su nieta cuando se quedaba a solas en el hogar a su cuidado. Los abusos se produjeron en un domicilio de Jesús María y en otro de Ascochinga cuando el condenado iba de visita a la casa de su hija, donde vivía la víctima, su propia nieta.
El veredicto pronunciado recientemente en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba condenó por una larga serie de aberraciones a la pena de 13 años de prisión a “LAS” –como lo solicitó el fiscal Hugo Almirón– y emitió una serie de recomendaciones y recaudos para tratar de prevenir otros males futuros.
A mitad de camino
En la escuela Ingeniero Alberto Mascías, de Ascochinga (departamento Colón), la maestra de Ciencias Naturales y Matemáticas “RNP” recibió la inquietud de una alumna de sexto grado mientras daba clase de educación sexual. Fue el 29 de octubre de 2019, cuando la niña le dijo que quería contarle algo personal. La docente la confortó y le dijo que le contara, que ella iba a escucharla.
Cuando “se estaban por retirar del colegio, J. T. se aproximó (a ella) y con mucha timidez le comentó que su abuelo materno le tocaba sus partes, mientras le indicaba con sus manos el sector de los senos y (el) abdomen”, se lee en la sentencia.
La docente le preguntó a la niña si le había contado a su madre, pero ella le respondió que “no le contó porque tenía miedo de que no le creyera o de que se pusiera triste”. Mencionó al abuelo, que vive en Jesús María, que “viene de visita los viernes, sábado y domingos”, que duermen todos juntos en una habitación y que cuando están durmiendo este la tocaba.
La maestra le explicó que lo que hacía el abuelo estaba muy mal y que no debía dejar que se lo hiciera, que debía contarle a la madre, que no se quedara a solas con él y que cuidara a sus hermanitos.
El expediente señala que, “al día siguiente”, la docente “notificó por escrito a su directora GMA, para que esta diera aviso a la inspectora de zona y a la Senaf” (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).
La directora “activó” el protocolo de “posible vulneración de derechos”, firmando todos los papeles correspondientes, e inmediatamente lo comunicó y quedó a la espera de la respuesta de la supervisora de la zona, según describe el expediente.
Mientras “el trámite” seguía su curso, pasaron los días y la intervención de las docentes no fue más allá de preguntar si los abusos se habían repetido. Por lo demás, sin hablar con ella, refirieron que la progenitora era “una madre presente”.
“No obstante la apreciación de esta docente en cuanto a su parecer sobre la progenitora de la niña –sostiene el juez Ugarte–, lo cierto es que el Estado no la protegió adecuadamente”. El magistrado marca “la fecha (octubre de 2019) en que la víctima alertó a la maestra sobre lo que estaba sufriendo” y que “a pesar de ello, no se actuó debidamente, y continuó padeciendo agresiones sexuales de parte de su abuelo, hasta que optó por relatar a su tía los abusos” en marzo de 2020. “Recién ahí el Estado” interviene y pone “fin a las execrables agresiones”, remate Ugarte.
La directora “GMA” relató que había recibido la nota el 30 de octubre de 2019 y que ella llenó el formulario de “posible vulneración de derechos” y lo “elevó” a la Inspección de Zona 5220, de Jesús María, para que fuera firmado por la inspectora. El “trámite” siguió y a las tres semanas la directora recibió el llamado que le informaba que debía retirar la ficha para entregarla a la Senaf.
Mientras el tiempo seguía pasando y la niña seguía siendo abusada, según el juez relata, el 23 de diciembre de 2019, la directora le entregó la ficha a la inspectora SD. Luego, el vocal del Crimen remarca que “se desconocen los motivos por los que el Ministerio de Educación no realizó la denuncia”, lo que “recién en marzo de 2020″ hizo una de las tías.
“Se advierte entonces que no se indagó por parte de ninguna autoridad responsable sobre el decurso de la noticia de agresión –reflexiona el juez–, quedando esta tan sólo en un mero papeleo administrativo, mientras la niña víctima continuaba siendo abusada sexualmente, nada menos que por su abuelo”.
En los fundamentos de la condena, Ugarte lamenta que, “de haberse efectuado la pertinente denuncia por parte de los funcionarios responsables, se hubiera evitado la continuidad y agravamiento del delito”. De episodios de tocamiento, se pasó a un abuso con acceso carnal.
