El salvaje asesinato de Santiago Aguilera (18), quien fue víctima de una banda despiadada de secuestradores en el valle de Traslasierra en aquel invierno de 2022, tuvo su primera respuesta judicial concreta.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de Córdoba, en fallo unánime, sentenció a la pena de prisión perpetua al principal acusado, Walter Ezequiel Gil, tras hallarlo culpable del delito de secuestro triplemente agravado.
En tanto, los jueces sentenciaron a 4 años de cárcel al otro imputado, Julio César Ramírez, tras encontrarlo responsable de encubrimiento.
Ambos recibieron la condena sin inmutarse y volvieron a prisión.
El caso, uno de los más pavorosos de la democracia en Córdoba por su mecánica, transcurrir y la resolución final, lejos está de haber quedado cerrado: primero, porque hay otros cuatro hombres que están presos y procesados recientemente por el secuestro seguido de muerte.
Estas personas no entraron al juicio oral que terminó este martes.
Segundo, la familia de Santiago, que es parte querellante de la causa, tampoco está conforme: primero por la “leve” condena contra Ramírez; segundo, porque no están seguros de que los otros cuatro acusados procesados tengan que ver con el caso; tercero, porque llevan adelante una batalla judicial contra el fiscal federal Enrique Senestrari, quien investigó la causa, y a quien denunciaron por presunto mal desempeño.
La familia de Santiago está completamente destruida. El querellante Alejandro Dragotto casará la condena “leve” contra Ramírez, mientras sigue insistiendo que de los otros cuatro acusados presos, tres son “perejiles”.
Idéntica decisión de casación adoptaría la defensa de Ramírez.
A todo esto, el defensor de Walter Gil ya anticipó que también casará la condena a perpetua.
El abogado Rodrigo Altamira entiende que el joven, si bien admitió haber sido “el entregador” a la hora del secuestro, no puede ser condenado por el crimen. Esperarán los fundamentos para ir ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Quien sí estuvo conforme con la sentencia fue el fiscal del juicio, Carlos Gonella, quien había pedido condenas para ambo acusados.
De todos modos, el fiscal espera los fundamentos para resolver si apela la condena contra Ramírez.
Sucede que el representante del Ministerio Público Fiscal había entendido que Ramírez debía ser condenado como cómplice de secuestro seguido de muerte, solicitó 15 años y, al final, lo sentenciaron por un delito mucho menor.
Secuestro a traición
Santiago Aguilera fue secuestrado el 16 de agosto de 2022 en el paraje Chuchiras, en las afueras de Villa Dolores, valle de Traslasierra.
El joven le dijo a sus padres que se iba a tomar una gaseosa con un amigo. Ese “amigo” era Walter Gil, empleado del corralón que maneja Carlos Aguilera, padre de la víctima.
Según la causa, Gil entregó a Santiago a unos cómplices suyos de aquella región. Traición por dinero.
Como Santiago nunca volvió a su casa, su madre le escribió al celular.
Al cabo de unas horas, desde ese teléfono, los secuestradores comenzaron a exigirle un millonario pago de rescate. Siete millones de pesos fue el monto reclamado.
La familia nunca pagaría el rescate.
Alertada la Policía provincial, la causa comenzó a ser investigada por la Justicia federal.
A las pocas horas de la pesquisa, cayó preso Walter Gil, pero de la víctima no había ni noticias.
Durante cuatro días, nada se supo de Santiago. Finalmente, y de casualidad, un baqueano halló el cadáver. El cuerpo estaba tirado en un descampado a pocos kilómetros de la ciudad de Villa Dolores.
La autopsia determinó que había sido muerto a golpes en la cabeza con un destornillador. Además, había sido torturado de manera brutal.
La sospecha judicial es que la banda lo secuestró para hacerse de un supuesto dinero que el padre del joven tenía. De hecho, Gil, empleado de Aguilera padre, siempre se había mostrado interesado –en distintos diálogos con Santiago– sobre unos dineros cobrados a un seguro.
Lo que nadie entiende es la saña de la banda y la decisión demencial de acabar con la vida del joven. “Es que lo conocía a Gil”, dijo una fuente.
Desde un comienzo, y como si el dolor por lo sufrido no hubiera sido suficiente, la familia de Aguilera debió padecer una serie imparable de disputas judiciales en el seno de la pesquisa y el escaso trabajo aceitado entre policías de Traslasierra y los de Antisecuestros de la Capital.
Incluso, desde algunos despachos de la Justicia federal estaban empecinados en que investigue la Justicia provincial de aquella jurisdicción.
En paralelo al trabajo de Senestrari, quien fue cuestionado desde varios ámbitos y tuvo que atravesar una compleja enfermedad que lo alejó de la causa por largo tiempo, la familia de Santiago llevó adelante una pesquisa paralela como querellante.
Sucede que muchos pobladores de Traslasierra confiaban más en hablar con Carlos Aguilera y pasarle información que en conversar con los investigadores policiales.
La causa se basó en un profuso trabajo tecnológico centrado en rastreos de celulares y comunicaciones, además de numerosos testimonios.
Finalmente, y luego de varias idas y contra marchas, meses atrás arrancó el juicio contra los dos primeros acusados. Los otros cuatro seguirán presos en la Cárcel de Bouwer a la espera de otro juicio oral.
La hora de la verdad
La causa se sustanció en el flamante TOF 3 de Córdoba y fueron los jueces Cristina Giordano, Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu quienes tuvieron que actuar.
A poco de arrancar el proceso, el principal acusado, cercado por las pruebas y por consejo de su defensor, levantó la mano en la sala y confesó su participación en el secuestro.
Gil reconoció haber engañado a Santiago y haberlo entregado a una banda que, según dijo, lo había amenazado a él. No dio nombres.
Dijo sentirse arrepentido.
En su alegato, el fiscal Gonella entendió que Gil tuvo un rol central en todo y no reveló datos de los captores, al tiempo que consideró que la muerte de Aguilera ya estaba planificada de antemano porque la víctima podía delatarlo. Habló de traición.
Respecto a Ramírez, resaltó que desde su domicilio se accedió a la cuenta de Google de Aguilera, probablemente tras torturarlo, para obtener claves y credenciales de acceso y así evitar ser geolocalizado.
Finalmente, y en fallo unánime, el TOF condenó a Gil a perpetua por secuestro extorsivo agravado.
Respecto al otro imputado, hubo una fuerte debate en sala.
Ramírez había llegado a juicio acusado como cómplice de secuestro seguido de muerte.
Sin embargo, terminó acusado por algo menor como encubrimiento y recibió cuatro años de prisión.
Con el tiempo que lleva preso, en dos años podría recuperar la libertad.
Recientemente, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes firmó los procesamientos para los otros cuatro acusados del caso Aguilera.
Se trata de: Pedro Ezequiel González, Marcos Antonio Maldonado, Jorge Alejandro Maldonado y Lucas Emanuel Rejas. Todos acusados por secuestro seguido de muerte agravado.
El abogado querellante cree que tres de ellos “no tienen nada que ver”.
