En una estrategia defensiva para evitar el juicio en Córdoba, el conocido narcotraficante Raúl Alberto “el Tuerto Cacho” Cuello, su familia y otros imputados pagarán casi $ 500 millones en una causa por lavado de dinero de la venta de drogas a través de una “narcoconcesionaria”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) de la ciudad de Córdoba hizo lugar a la reparación integral del perjuicio solicitada por “el Tuerto”; sus hijas, Tamara Edith Moreno; Milagros Agustina Cuello y Claudia Alejandra “Chuchi” Cuello; Marcos Eduardo Vaca (pareja de Claudia); Florencia Nicole Agustina Aguilar y Aurelia Norma Pedraza (novia y madre, respectivamente, del “Tuerto”); Luis Alfredo Cuello (hermano del conocido narco); Nélida Ayelén Paola Juárez, y Walter Andrés “Pelus” Aguilar (suegro del “Tuerto”).
Completan la nómina la “mano derecha” del “Tuerto”, Walter Antonio “Mandinga” Ferreyra; Lucas David López; Sergio Gustavo Luján; Carlos Eduardo Ávila, José Alberto Pavón; Valeria Soledad Rivarola y Brian Emmanuel Rodríguez. El narco y los demás imputados habrían sido testaferros de él y “Mandinga” a su “servicio” para blanquear un perjuicio de U$S 446.627 mediante la compra de más de 50 vehículos y una propiedad.
Pedido y concesión
En febrero, el defensor de los acusados, Cristian Leonardo Ambrosio, había solicitado al tribunal la propuesta de reparación integral del perjuicio de U$S 446.627. Ofrecieron los inmuebles ubicados en López y Planes 4608 (casa del “Tuerto”), Emilio Salgari 1118 (del hermano de Cuello) y el de San Jerónimo 4708, de la fallecida madre de “Mandinga”, todos situados en barrio Acosta.
Asimismo, el acusado Pavón asumió la obligación de afrontar la diferencia económica que pudiera surgir entre los U$S 446.627 y la tasación oficial sobre los inmuebles, solicitada por el fiscal general Carlos María Casas Nóblega y concedida por el juez Jaime Díaz Gavier. La casa de Salgari 1118 fue tasada en $ 182 millones; la de San Jerónimo 4708, en $ 156,4 millones, y la de López y Planes 4608, en $ 133,5 millones.
“El Tuerto”, su hermano y “Mandinga” consintieron que los inmuebles fueran transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Abbe) en concepto de reparación por todos los imputados del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal.
El juez recordó que el Código Penal estableció que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio. Así, la tasación arrojó que las propiedades sumaban $ 471,9 millones, porque, al valor del dólar MEP del martes 19 de noviembre ($ 1.086,71), los inmuebles totalizaban U$S 434.320. La diferencia entre los U$S 446.627 y los U$S 434.320, esto es, U$S 12.307, será abonada por Pavón.
El fiscal Casas Nóblega consideró que resultaba procedente hacer lugar a la reparación. El juez hizo lugar al pedido y ordenó a los imputados la transferencia de los inmuebles y que Pavón abonara los U$S 12.307. El destino final de los fondos podría ser el Hospital de Clínicas o la Maternidad Nacional.
Las pistas y la ”narcoconcesionaria”
La causa comenzó cuando Gendarmería detectó el nombre de “el Tuerto Cacho” en una serie de intervenciones telefónicas realizadas en otra investigación (sobre una banda narco). Aparentemente, habría tenido vínculo –con actividades ilegales y por lazo familiar– con los sospechosos de aquella causa, ya que una de las principales imputadas era una de sus hermanastras (por parte de la madre, Aurelia Pedraza).
Si bien los investigadores recabaron indicios que apuntaban a Cuello como líder de una banda dedicada a la producción, la venta y la distribución de estupefacientes (la averiguación final se dificultó por el sigilo de los sospechosos), el fiscal Enrique Senestrari apuntó a la veta patrimonial (lavado) de los familiares y conocidos de “el Tuerto” y de Ferreyra.
De los seguimientos y las escuchas, emergieron comunicaciones sobre operaciones inmobiliarias y de compraventa de vehículos, por lo que el fiscal estimó que, desde enero de 2015 y hasta 2017, “el Tuerto” y “Mandinga” habrían blanqueado dinero del narcotráfico de esa forma. Habrían utilizado a testaferros con la finalidad de que los vehículos les fueran transferidos a esos prestanombres para, posteriormente, comercializarlos y obtener ganancias de apariencia lícita.
Para perpetrar las maniobras, se habrían valido de la concesionaria Ariel Automotores, del imputado Pavón, en barrio Crisol Norte, en el este de Córdoba capital. El empresario habría recibido el dinero espurio que se quería lavar o los autos que se querían transferir (también de origen ilegal).
Eso quedó plasmado en los Certificados Electrónicos de Transferencia del Automotor (Ceta) que gestionaba Pavón. Para consumar las maniobras, habría omitido controlar cuestiones de prevención de lavado (reporte de operaciones sospechosas y el perfil del cliente, etcétera).
El empresario declaró que conocía al jefe narco y a Ferreyra porque, “como cualquier otro cliente”, le compraban autos. Sin embargo, negó cualquier relación “comercial” con ambos o que su patrimonio se hubiera ampliado por su relación con ellos. Dijo que, en el caso de “el Tuerto”, era comisionista para él, lo mismo que, coincidentemente, sostuvo Cuello.
¿Testaferros del “Tuerto” y de “Mandinga”?
Los demás imputados en el expediente (Moreno, las hijas y el hermano de “el Tuerto”, su novia, yerno, suegro y madre, Rodríguez, Rivarola, Pedraza, Juárez, López, Luján y Ávila) habrían sido engranajes en la maquinaria de blanqueo como testaferros a partir de dos datos “delatores” clave.
Por un lado, no tenían mayormente actividad económica registrada ni capacidad contributiva para justificar la titularidad de bienes adquiridos. Por el otro, mantenían relaciones personales con Ferreyra y con Cuello.
Los investigadores detectaron que el entorno familiar y social de “Mandinga” y de “el Tuerto” aparecía como titular de los rodados. Pavón mencionó que Cuello y Ferreyra le habían comprado unos 15 vehículos en total, mayoritariamente en efectivo, y que por lo general los principales acusados no los ponían a su nombre, sino que “traían a alguien” para que firmara la transferencia.
Aludió que quizá pudo haber conocido a alguno de los otros imputados (familiares de Cuello) y que no les preguntaba a los clientes de dónde obtenían sus fondos para financiar las costosas compras. Los rodados luego habrían sido puestos a la venta en la misma concesionaria, donde habían sido adquiridos para blanquear los fondos provenientes de las drogas. De este modo, se habrían lavado poco más de $ 6 millones con la compra de al menos 54 vehículos.
Si los bienes –desde motos Honda y Yamaha hasta autos Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot, Chevrolet, Suzuki y Ford– se expresaran en dólares, totalizarían más de U$S 440 mil.
“Cabe preguntarse si las conductas analizadas –dijo Senestrari– podrían darle una apariencia lícita al origen de los bienes puestos en circulación. La respuesta es afirmativa. El hecho de haber colocado el dinero mal habido en una concesionaria para realizar reiteradamente operaciones de compraventa de vehículos, y a estos registrarlos a nombre de testaferros, podría hacer pensar (para quien no conoce la verdadera actividad de los imputados) que estos bienes provienen de la actividad como intermediario en el rubro automotor. Ese es el perfil que querían aparentar”.
El fiscal también precisó la compra sospechosa de un inmueble en Villa Inti Co, a nombre de Milagros Cuello, hija de “el Tuerto”. Uno de los imputados, Brian Rodríguez, poseía hasta siete vehículos registrados, a pesar de que adujo sólo dos ingresos, uno de ellos como albañil.
Las sospechas sobre “el Tuerto”
A pesar de no tener ninguna actividad declarada, “el Tuerto” contaba con cinco vehículos registrados a su nombre, sin poder justificar su posesión. Si bien adujo que trabajaba como comisionista para Pavón y era changarín en el Mercado de Abasto, la Justicia no pudo comprobarlo.
El fiscal apuntó, en realidad, a que los fondos de los estupefacientes –que buscaban lavarse– habrían provenido del submundo de las drogas, a partir de los indicios y las escuchas en ese sentido.
Una investigada (pero no imputada) dijo que sabía que Cuello era narco y que le habría dado un departamento y hasta un auto a su joven novia (Florencia Aguilar). También surgió la mención de un inmueble adquirido en Valle Cercano, en el sur de Córdoba capital, luego de que “el Tuerto” –entonces residente en Alta Gracia, en una casa con pileta y dos esculturas de leones– un día antes había concurrido a una inmobiliaria con una valija.
La Toyota Hilux a nombre de Vaca sugestivamente aparecía vinculada a otra causa narco, a partir del voluminoso secuestro de 281 kilos de marihuana en 2014 en barrio Talleres. Las sospechas también cayeron sobre Ferreyra. Sin actividad declarada, se habría ocupado de realizar las gestiones previas a las operaciones de compra, que luego eran cerradas al parecer por Cuello.
Cuello cayó en 2018 por liderar la banda que comercializaba estupefacientes en barrio Cooperativa Los Paraísos y que integraba no sólo “Mandinga”, sino además las hermanastras de “el Tuerto”, “Pipi” y “Enana” Sánchez. Todos fueron condenados en 2021, en lo que fue la tercera sentencia para Cuello.
