El escenario de reverberación social que se sitúa en los Tribunales demostrará en 2024 la intensa conflictividad social que se judicializa cada vez más. Más allá de los otros fueros en los que se ha registrado un alto nivel de litigiosidad, el del Crimen vivirá un año cargado de causas trascendentales.
Los fiscales instructores del fuero local han dejado tres procesos penales afianzados que seguirán dando que hablar durante 2024, alguno con la posibilidad de llegar al plenario. El más importante y con buena parte de sus tramos elevados a juicio es el de la muerte de bebés en el hospital Materno Neonatal, a cargo del fiscal Raúl Garzón. Quedan muy pocos aspectos para cerrar la investigación y, a pesar de que hay oposiciones a tribunales de alzada, que pueden replicarse, tal vez exista la posibilidad de que en la segunda mitad del año se esté a las puertas de la acusación en debate oral y público.
Aún en pleno desarrollo, continuarán otras dos causas que analizan hechos de corrupción en dos fuerzas de seguridad provinciales, con varios funcionarios de primer nivel comprometidos y privados de la libertad. Uno de los instructores de Casos Complejos, Enrique Gavier, seguirá adelante sin hacer caso a los obstáculos que se le presenten en su investigación de irregularidades en las cárceles provinciales y con el exhombre fuerte del Servicio Penitenciario detenido, Juan María Bouvier, lo mismo que varios jefes de los guardiacárceles.
Algo similar ocurrirá con el fiscal Guillermo González, quien tiene al exsubjefe de Policía Gustavo Folli Pedetta privado de la libertad y acusado de hechos compatibles con el cohecho en torno a la Dirección de Bomberos. Varios integrantes y exintegrantes de esa repartición afrontan duras acusaciones sobre el montaje de una estructura para percibir dinero con habilitaciones de comercios truchas.
Juicios esperados
Sin pretender una reseña minuciosa, la nutrida agenda de juicios previstos tras el reinicio de la feria judicial de verano encuentra algunos que definirán causas de enorme trascendencia social.
Entre los exfuncionarios con acusaciones que ya están para ser juzgados, se destaca el bombero Diego Concha, exdirector de Protección Civil de la Provincia, que debe responder por la muerte de una rescatista –Luana Ludueña–, quien se quitó la vida luego de denunciar que él la había violado. La acusación principal –entre otras, de violencia de género en perjuicio de esta subordinada y de una expareja– es muy dura de sólo pronunciarse: “Homicidio simple con motivo de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género y en ejercicio de sus funciones”. El veredicto no aceptará matices: inocente o prisión perpetua.
Otro funcionario que debe ir a juicio, en este caso judicial, es el juez destituido Francisco Martín Flores, quien está acusado de los delitos de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género, entre otros. También judicial exonerado, el exayudante fiscal Ernesto Martín Morales debe responder por abuso laboral y sexual en perjuicio de dos empleadas.
En Tribunales 2 también se espera un amplio abanico de juicios por delitos de guante blanco. Uno será el de las estafas inmobiliarias de la causa Marieschi, lo mismo que el del expediente “Campetella”, con nueve imputados y decenas de damnificados, que ya tiene fecha para el 2 de febrero en la Cámara 10ª del Crimen. En ese mismo tribunal, se cita en la “causa Almada” a 29 acusados de cometer estafas telefónicas desde la cárcel de Villa María.
Para cuando el año esté avanzado, se prevén que confluyan algunos de los juicios ya elevados por la otra fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, quien envió a plenario varios expedientes de la megacausa Euromayor, con el contador Laerte Muzi y con el abogado Horacio Monferini como principales acusados.
También de guante blanco, pero en Villa María, se hará el esperado juicio de la causa Zoe, con Leonardo Cositorto como principal imputado y con cientos de hechos de presuntas estafas financieras.
Entre otras audiencias previstas, se espera el de la muerte de Francisco “Pancho” Mignola, la primera víctima (2014) en una fiesta electrónica por el consumo de estupefacientes. Muchos tienen expectativa por el femicidio de Olga Herrera (63), apuñalada por su expareja Daniel Vicente Barrera (71) en el barrio capitalino Ciudad de los Niños.
En Federales
En la Justicia federal de Córdoba se espera el juicio por el “caso Ateca”, una mesa de dinero que funcionó hasta 2018 en Villa María, con acusaciones de asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera, entre otros cargos. También, en el juicio por otra mesa de dinero, se aguarda sentencia en la causa “Seri”.
Muy esperado es el caso que se remonta a la desaparición en 2009 de Yamila Cuello, una mujer que habría sido víctima de trata de personas con fines de prostitución y cuyo cuerpo nunca se halló. También por explotación, se prevé el “caso Moro”, con 50 víctimas de trata laboral en Villa María.
También debe resolverse la situación del médico Carlos Laje, acusado por el uso del cannabis medicinal en “la clínica de la marihuana”.
De igual modo, se aguarda con gran expectativa la realización de otros dos juicios de dilatada instrucción: la causa Surrbac, con los dirigentes del gremio de la basura Pascual Catrambone y Mauricio Saillén entre los principales acusados; lo mismo que el caso de Grido, o de los directivos de “Helacor”, por presunta evasión impositiva.
