El Gobierno nacional ratificó este miércoles que el debate por la reducción de la edad de imputabilidad será uno de los ejes centrales de la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso.
Si bien el oficialismo había logrado avances significativos durante el año pasado, llegando a firmar un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, la falta de acuerdos finales y otras urgencias de gestión postergaron su votación en el recinto.
Con el recambio parlamentario, aquel dictamen perdió vigencia técnica, lo que obliga a reiniciar el tratamiento formal. No obstante, desde La Libertad Avanza aseguran que existe la voluntad política de sostener los consensos alcanzados en 2025 junto al PRO y la UCR para reconstruir rápidamente la mayoría necesaria.
Edad de imputabilidad: el acuerdo de los 14 años
Uno de los puntos neurálgicos de la iniciativa es la definición de la edad mínima de responsabilidad penal. Aunque la propuesta original del Poder Ejecutivo buscaba fijar el piso en los 13 años, las negociaciones con los bloques aliados terminaron estableciendo el límite en los 14 años, publica Infobae.
- El argumento oficial para esta modificación normativa radica en la necesidad de “alinear” el sistema argentino con la legislación vigente en la región.
- Desde el Gobierno citan los ejemplos de Chile, Colombia y Perú, donde la imputabilidad rige desde los 14 años, y casos más estrictos como Brasil y México, que la ubican en los 12 años.
En cuanto a las sanciones, el proyecto estipula una pena máxima de hasta 15 años de privación de la libertad. Esta condena quedaría reservada exclusivamente para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Es una reducción respecto a la intención inicial del oficialismo, que contemplaba penas de hasta 20 años.
Centros especiales y prohibición de convivencia
El nuevo régimen pone un énfasis particular en las condiciones de detención. La normativa propuesta prohíbe terminantemente la convivencia de menores con detenidos adultos, una medida destinada a evitar la contaminación criminal dentro de los penales.
Para ello, se impulsa la creación de institutos especiales donde los adolescentes condenados tengan garantizado el acceso a la educación, atención sanitaria y tratamientos para adicciones. El personal a cargo de estos centros deberá contar con formación especializada en infancia y adolescencia.
Este aspecto de la infraestructura ha generado tensiones con los gobernadores provinciales. Los mandatarios reclamaron a la Nación el envío de partidas presupuestarias específicas para poder financiar la construcción y el funcionamiento de estas nuevas instalaciones requeridas por la ley.
Medidas alternativas a la prisión
El espíritu del proyecto establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Para delitos con penas de hasta tres años —o hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave—, se priorizarán sanciones alternativas, siempre que cuenten con el aval del Ministerio Público Fiscal y se haya escuchado a la víctima.
Entre las medidas sustitutivas contempladas figuran:
- Servicios comunitarios.
- Monitoreo electrónico.
- Prohibición de acercamiento a la víctima.
- Reparación integral del daño.
- Inhabilitación para conducir.
- Amonestaciones y restricciones de concurrencia a ciertos lugares.
Asimismo, el texto habilita herramientas como la mediación penal juvenil para infracciones leves y la suspensión del proceso a prueba, requiriendo en estos casos el consentimiento expreso de la víctima y la participación de todas las partes involucradas,.
Responsabilidad parental y derechos de las víctimas
La iniciativa incorpora un capítulo destinado a la responsabilidad civil de los progenitores por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos,. Además, se establecen pautas de actuación para equipos interdisciplinarios en casos de menores inimputables, asegurando la intervención de organismos de protección de derechos.
Por otro lado, se refuerzan las garantías para las víctimas del delito. El proyecto asegura su acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, y el derecho a ser informadas durante todo el proceso judicial.
En paralelo, se busca proteger la identidad de los adolescentes imputados prohibiendo su difusión, salvo que exista una renuncia expresa a este derecho, y se obliga a notificar a los padres o tutores desde el inicio de las actuaciones.
El tratamiento de la ley se perfila como uno de los debates más intensos del verano legislativo. La decisión política de acelerar el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil se tomó tras la conmoción social generada por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años ultimado de más de 20 puñaladas en Santa Fe, crimen por el cual es investigada una compañera de escuela de 16 años.
