La mera sospecha de alguna irregularidad o el menor indicio en contra de la transparencia en los concursos de acceso a cargos en los Tribunales provinciales pueden hacer trastabillar la confianza que se tiene en el sistema.
El acceso democrático y por mérito a los cargos públicos, en especial a los que tienen que ver con la administración de justicia, guarda relación con la confianza que se tiene en las instituciones y en los funcionarios que la integran.
Esos postulados son los que el gremio de empleados judiciales provinciales (Agepj) dijo querer resguardar el denunciar la filtración del cuestionario en uno de los llamados para cubrir cargos en la Justicia. El sindicato aclaró que pretenden sostener este instrumento de selección de aspirantes, al igual que lo hicieron las propias autoridades del Poder Judicial, a partir del momento en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó la inmediata apertura de un sumario administrativo para establecer si se produjo esa irregularidad en los exámenes para designar auxiliares de la defensa pública en el fuero Penal.
Desde hace 27 años, Córdoba exhibe con orgullo el funcionamiento de este mecanismo que puede ser perfectible, que acaso pueda haber tenido alguna duda en su instrumentación, pero que es el mejor modo de garantizar el acceso a los cargos públicos dentro de la Justicia.
Así lo entienden los vocales del TSJ, que en su acuerdo 1.219, de la semana pasada, dispusieron dejar sin efecto la prueba específica cuyas preguntas se habrían filtrado a algunos de los participantes. En sus considerandos, destacan las bondades y atributos del sistema de ingreso de personal y ascensos por concurso de antecedentes y oposición.
Lejos del “dedo” que designaba a los agentes de manera arbitraria, se destaca esta política que logró que, sobre 9.062 personas que integran la planta de empleados de la Justicia provincial, el 83% ingresó por concurso público.
A modo ilustrativo, se menciona en esta última resolución que sólo desde 2016 se efectuaron “168 convocatorias, con 49.325 personas admitidas, que han implicado la realización de 180 exámenes”.
Es interesante una frase que utilizan los vocales firmantes –Luis Angulo, Sebastián López Peña, Luis Rubio y María Marta Cáceres–, junto con el administrador del Poder Judicial Luis María Sosa Lanza Castelli: “Dicha política y práctica sostenida que enorgullece a este Tribunal Superior se asienta en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, respeto irrestricto al orden de mérito, y en la búsqueda de la idoneidad basada en la selección por mérito, todo conforme al ideal que imponen los valores democráticos y republicanos”.
Más adelante, añaden los jueces superiores que “los hechos denunciados constituyen por sí solos una afrenta a la garantía de la más absoluta transparencia, imparcialidad y seriedad con que ha de conducirse un procedimiento de selección por concurso para el ascenso al funcionariado de la Justicia de Córdoba”.
A partir de estos sucesos, el TSJ “estima estrictamente necesario retrotraer el procedimiento de selección” y tomar otra vez la prueba específica que se cuestiona.
Frente a todas estas afirmaciones de un sistema transparente y confiable, se torna necesario esclarecer qué sucedió con la supuesta entrega de preguntas por anticipado a personas que realizaron el examen que hoy está anulado.
Se sustancia desde hace 10 días un sumario administrativo que no debe dejar dudas, ante la posibilidad de irregularidades. Por primera vez se reunieron algunas señales objetivas para sostener sospechas razonables. Si no se despeja esa cuestión, se corre el riesgo de erosionar la confianza en la limpieza del procedimiento de selección.
