“Es algo más grande de lo que pensábamos”, comentó a La Voz una fuente judicial relacionada con la investigación de la estafa piramidal llamada “Zoe Azul” en el interior de las filas de la Policía de la Provincia. El comentario fue formulado luego de los cuatro allanamientos practicados este viernes en la ciudad de Córdoba y tras conocer que el detenido es un abogado vinculado con los más diversos ambientes de la actividad pública provincial y nacional.
Según aseguran los investigadores judiciales, el fraude bautizado “Zoe Azul” viene acumulando más de un centenar de ahorristas estafados, principalmente dentro de las filas de la Policía de la Provincia, además de perjuicios económicos superiores al millón de dólares.
A los 12 detenidos anteriormente como miembros de una supuesta asociación ilícita conformada para estafar a policías y allegados, se le sumó ahora Roberto Carlos Espinosa, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), integrante de la Delegación Córdoba de la Defensoría del Pueblo de la Nación, militante político del justicialismo y conductor de un programa televisivo “Opinión Ciudadana” que estaba por retornar a la pantalla local en mayo.
Además, fuentes relacionadas con la Facultad de Derecho de la UNC, señalaron que Espinosa fue consejero por los egresados en representación del justicialismo.
Su actividad pública es de “alta exposición” y en numerosos sitios de la web pueden apreciarse fotografías (posando para la ocasión) con numerosos líderes políticos locales. Las redes exhiben una profusa actividad de Espinosa en las más diversas actividades: la política, ámbitos académicos, el deporte, el tercer sector, entidades benéficas, entre otras. Las fotografías con personalidades de lo más diversas, son numerosas.
La vinculación de Espinosa con la causa Zoe Azul es a partir de que Espinosa es nada menos que el presidente de la Fundación Mayéutica, donde se desempeñaba la abogada Eugenia Zulberti, detenida como organizadora de la asociación ilícita y hace años exonerada de las filas de la Policía de la Provincia.
De acuerdo a lo que confían los investigadores policiales y judiciales, “Mayéutica” es una fundación cuyo “objeto es promover y desarrollar políticas públicas”, aunque a la vez aclaran que no están muy claros sus propósitos. En ese ámbito, se desarrollan charlas en las que participan como invitados abogados académicos de la UNC.
Los miembros del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia y sus pares de la respectiva unidad judicial tiraron del hilo y encontraron relaciones estrechas de Zulberti con quien era el fundador de esa entidad.
Con órdenes dictadas por el titular de la causa, el fiscal de Distrito 1, Turno 3, José Mana, en la madrugada del viernes se lanzaron cuatro allanamientos destinados a objetivos relacionados con Espinosa: su estudio jurídico cercano a Tribunales 1, la fundación en barrio Alberdi y dos casas relacionadas con él, en barrio Jardín Espinosa.
Mana entiende que Espinosa sería una pieza clave dentro de esta agrupación delictiva que logró millonarias ganancias bajo la falsa promesa de que, a través de esta “financiera” y mediante la realización de una “inversión” de dinero -de tipo piramidal-, se obtendría el pago de suculentos intereses.
De acuerdo a constancias de la causa, la banda -integrada por la abogada Zulberti, el matemático que oficiaba de contador y varios policías- logró estafar a más de un centenar de personas. La conexión de Espinosa con esta organización criminal se estableció luego de confirmar que Zulberti -una de las cabezas de esta agrupación- era socia fundadora e integrante desde sus orígenes de la Fundación Mayéutica, presidida por Espinosa.
Otras evidencias colectadas por los sabuesos policiales y por la Unidad Judicial comandada por el ayudante fiscal Pablo Bazán, indicaron que Roberto Carlos Espinosa no estaría ajeno a la actividad de esta agrupación delictiva y habría intervenido personalmente en el proceder estafatorio.
Los detenidos
Con esta nueva detención, ya son 13 los detenidos en esta megacausa. Además de la abogada Zulberti y el matemático Aldo Daniel Moreno, están privados de la libertad 10 policías: el subcomisario de la Comisaría 9ª Federico Barrionuevo, el sargento Lucas Torres (Departamento de Transporte), el comisario Héctor Eduardo Juncos, el oficial (de baja) Luciano Juncos, el sargento ayudante retirado Héctor Hugo Juncos, el sargento Jorge Luis Díaz (que trabajaba en el Repracor) y el sargento Gonzalo José Ruffino.
También están los tres hermanos Buceta: la cabo 1ª Leticia Celeste Buceta (Departamento Transporte), el sargento Mariano José Buceta Antón (División Recarga de Cartuchos para Armas) y la cabo 1° Guadalupe Rocío del Rosario Buceta (División de Tecnología y Telecomunicación). Los tres son hijos de dos policías condenados por delitos de lesa humanidad: Mirta Graciela “Cuca” Antón y José Raúl “Sérpico” Buceta, exintegrantes del Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como “D2″, al igual que el hermano de ella, Herminio Jesús “Boxer” Antón.
Como lo que afirma la escritora Ana Mariani en su libro “Cuca”, Mirta Graciela Antón es “la única mujer sentenciada a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad”.
