Se cumplió el primer mes de la intervención del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), ordenada por el gobernador Martín Llaryora tras la detención de quien lideró durante 15 años las cárceles provinciales, Juan María Bouvier. En este mes, se intensificaron las requisas en los pabellones de internos y uno de los resultados que más sorprende es el decomiso de tecnología y celulares: fueron incautados 275 teléfonos móviles, 142 cargadores, 143 cables USB, 121 tarjetas SIM, 22 auriculares y 1 pendrive, según consigna el parte del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, a cargo de Julián López.
Además, desde la intervención que encabeza el exfiscal federal Gustavo Vidal Lascano se detalló que se secuestraron de las celdas de los presos 10,9 kilos de marihuana y 2,4 kilos de cocaína, 65 componentes de psicofármacos y 17 recipientes de bebidas alcohólicas.
También se encontraron “facas”: los cuchillos carcelarios, armas punzocortantes fabricadas con restos metálicos, muy comunes en las reyertas entre presos. Se encontraron 113 en las requisas, que no sólo se hicieron más frecuentes y exhaustivas, sino que fueron aleatorias y con participación del cuerpo de seguridad de elite del SPC.
López precisó que durante este mes no se detectaron nuevos intentos de ingreso de drogas, celulares o armas, como el sonado caso del camión frigorífico que se detectó en diciembre con estas cargas ocultas. Tampoco hubo personal penitenciario involucrado, durante estos 30 días.
“A partir de la intervención, se dio un incremento en los controles aleatorios, tanto del personal como de las visitas, así como del ingreso de las mercaderías y de los trabajadores. Muchas de estas medidas se venían ejecutando, pero se han profundizado en esta etapa”, consignó el ministro a La Voz.
La batería de medidas destinada a mejorar los controles incluye el seguimiento de los vehículos hasta el lugar de descarga, la confección de actas y su notificación.
Al mismo tiempo, comenzó a construirse un tinglado en el ingreso del penal de Bouwer, ubicado en su playa de estacionamiento, antes del acceso a los portones de la cárcel, donde apenas esté concluido se practicará una exhaustiva requisa de los vehículos que transportan insumos, mercadería o cualquier elemento destinado al complejo. Las medidas de control de ingreso de “contrabando” de sustancias, armas o teléfonos se completan con una rotación casi permanente de los guardias en las puertas de las cárceles, para hacer más difícil la asociación delictiva.
“Toda la mercadería va a tener una guía y va a entrar precintada, para tener una trazabilidad desde que sale del proveedor hasta que entra. Esto permitirá dilucidar cuáles son las responsabilidades que alcanzan a la empresa que envía, al transportista o a los distintos actores que participan en el recorrido de esa mercadería”, precisó el ministro.
En los controles se comenzó a trabajar con perros entrenados, no sólo para olfatear drogas, sino el litio de las baterías de los celulares. Una de las novedades de la División Canes del SPC fue justamente esta: la preparación de los perros para poder detectar el mineral presente en los artefactos tecnológicos que no están permitidos en las cárceles.
Una mujer, “coordinadora”
La intervención a cargo de Vidal Lazcano designó en la conducción técnica del SPC a cinco directores generales y cuatro de estos cargos están en manos de mujeres, un hecho sin precedentes en la historia penitenciaria. La inspectora General y abogada Carolina Verónica Funes quedó a cargo de la Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminología y también fue designada coordinadora de las direcciones generales, una suerte de “jefatura de gabinete” penitenciaria.
La alcaide arquitecta Carina Vanina Carrizo es la directora General de Tratamiento Penitenciario y Obras, la alcaide Mayor y licenciada Gloria Elizabeth Recalde la directora General de Formación Profesional y la subprefecto contadora María Soledad Fernández quedó a cargo de la Dirección General de Gestión Administrativa.
El único varón en la conducción de este Consejo Superior Transitorio es el subprefecto Cristian Alejandro Ramón Namur, a cargo de la Dirección General de Seguridad.
Entre las novedades de diseño institucional, se destaca la conformación de una Unidad de Control Penitenciario que dependerá en forma directa de la Subjefatura del Servicio Penitenciario que tendrá como función el control de personas, vehículos, cargas y mercaderías en todos los establecimientos. Serán la “Aduana” interna, sin dependencia con las autoridades de cada cárcel y, por lo menos en Bouwer, separados hasta en forma edilicia del resto del complejo.
A su vez, el ministro López dijo que “se ordenó que ante la toma de conocimiento de un hecho que involucre a personal penitenciario en un presunto delito se dé inmediata intervención a la fiscalía, sin avisar a ningún superior, y dando también participación a la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad”.
Esto es para evitar lo que fue moneda corriente en la era Bouvier: el traslado de los que denunciaban.
El escándalo de corrupción estructural en el SPC es tomado por López como “una oportunidad para cambiar las cosas que funcionaban mal, de raíz”.
Parte de esta revisión es un nuevo mecanismo de transparencia en las contrataciones. Se estableció un nuevo procedimiento mediante un formulario de declaración jurada para aquellas empresas que presenten ofertas en las Subastas Electrónicas Inversas, Licitaciones Públicas, Contrataciones Directa, a fin de que los oferentes dejen su manifestación de no tener parentesco o vínculo cercano con personal penitenciario.
Y se pidieron informes sobre las instancias que determinan el estímulo educativo del Artículo 140 de la Ley 24660, “atento que es uno de los tópicos que se encuentran bajo investigación judicial”. Cabe recordarlo: uno de los delitos que se le asignan a las anteriores autoridades carcelarias era el de vender informes de avance educativo para mejorar sus conceptos y facilitar el egreso hacia alguna modalidad de libertad.
Entraron en revisión, también, los ascensos, bajas y retiros del personal penitenciario mediante un control cruzado con el Órgano de Control Disciplinario para las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba. Lo que se buscará determinar es si hubo ascensos o postergamientos de penitenciarios según su obediencia o no a la gente de Bouvier, así como retiros por castigo a desobediencias o denuncias de supuestos casos de corrupción.
La población carcelaria actual supera los 13 mil internos. Hay un módulo nuevo en Bouwer que se comenzará a probar en vacío. Apenas el Ministerio de Obras y Servicios Públicos dé el visto bueno, comenzará a poblarse. Cuenta con una capacidad para unos 250 internos y tiene la característica de estar diseñado para tener celdas de cuatro internos.
