En otro revés judicial, que lo aproxima al tercer juicio en su contra, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento del expresidente de la Juventud del PRO de Villa María Matías Emanuel Iturria (31) por presunta alteración dolosa de registros impositivos.
Los camaristas Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Ávalos avalaron el fallo de primera instancia dictado por el juez de Villa María, Roque Rebak. Es el segundo fallo adverso que el contador bahiense recibe en cinco meses, tras la confirmación del procesamiento en otra de las causas que se le siguen.
En las distintas investigaciones, Iturria habría materializado un mismo modus operandi: la utilización de personas con alto grado de vulnerabilidad para la obtención de claves fiscales y la emisión de facturas a sus nombres con el fin de disimular su real situación fiscal o la de otros contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
El caso de los indigentes
La causa que quizás causó mayor impacto fue la que comenzó en 2016 en contra del dueño de un frigorífico, Tomás Lingua (31), de la localidad de Villa Nueva.
Lingua habría abusado de las incapacidades de un hombre alcohólico y en situación de calle. A cambio de dos mil pesos, acompañó al indigente hasta la Afip de Villa María para que sacara su clave.
Le habría hecho firmar los documentos para la inscripción. Sin embargo, Lingua habría entregado la clave a Iturria para modificar los registros y así disimular la real situación fiscal de otros contribuyentes. Habría llevado a cabo los cambios ante la web de la Afip a través de tres direcciones de IP.
Debido a las maniobras, el indigente, incluso, dejó de percibir los fondos de la Asignación por Hijo por un valor de 73.648 pesos (tiene ocho hijos a su cargo y es viudo).
Quizás la situación que mayor causó conmoción fue la de otro hombre (49) en situación de calle. También alcohólico, habría sido llevado por Lingua, el mismo día que el indigente anterior, ante la Afip tras darle unos 800 pesos.
Lingua habría repetido la misma modalidad: gestionar la clave fiscal para que Iturria y un tercer sospechoso presuntamente alteraran los datos del segundo indigente con el fin de disimular la situación de otros contribuyentes.
Ambos habrían dado de alta a la víctima ante Ganancias, IVA y Bienes Personales para el rubro reparación y mantenimiento de maquinarias en general, y en actividades especializadas de construcción, y habrían emitido 20 facturas a nombre del hombre.
La particularidad es que el damnificado sufrió un perjuicio patrimonial equivalente al monto que habría dejado de percibir por la Asignación Universal por Hijo, agravando más aún su situación económica.
Su sufrida vida terminó en tragedia cuando lo encontraron muerto en una fosa de un viejo molino, un hecho por el que fue detenido un joven de 14 años, en una causa instruida de forma paralela por la Justicia provincial, como reflejaron El Diario y La Voz.
La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, imputó a Lingua, a Iturria y al tercer sospechoso, una especie de “colaborador” de los otros. Sin embargo, el juez Rebak sobreseyó a este último por inimputable.
No obstante, la fiscal apuntó contra Iturria y Lingua, ya que la empresa de Internet concluyó que las maniobras las habrían realizado ellos como usuarios de varias IP. Rebak procesó a ambos por alteración dolosa de registros.
La defensa del contador apeló. Alegó supuestos errores en la valoración de la prueba al sostener que no se probó su participación y que el solo hecho de ser titular de un servicio de internet no lo convertía en autor de un delito.
“Su conducta –le respondió la camarista Montesi al confirmar el procesamiento– lejos habría estado de constituir una actuación regular en el ejercicio de la profesión de contador, sino que, desde esa especial posición y con el designio criminal que habría guiado su conducta, habría ingresado en los registros fiscales de la parte denunciante y efectuado las modificaciones señaladas en la acusación”.
Al rechazar los planteos defensivos, Montesi argumentó que “se reunió prueba suficiente sobre la titularidad del servicio de telefonía y la vinculación con las terminales desde la cuales se habrían realizado las modificaciones (…). Resulta insoslayable que la línea telefónica de (…) Iturria es la misma desde la cual se habría ingresado a los perfiles de las víctimas” de las otras dos causas elevadas a juicio y pendientes de realización.
“La trascendencia y la relación de los propios términos de los denunciantes en las causas conexas serían demostrativas de una modalidad delictiva o modus operandi propio de la gestión profesional del imputado”, afirmó.
“La modalidad (…) y el exiguo tiempo transcurrido en la secuencia de los distintos hechos puede ponderarse como un indicio más”, indicó. “Tales manifestaciones refuerzan la probabilidad de la ocurrencia de los hechos y la participación (…) de Iturria”, agregó.
La jueza resaltó que la prueba “permite inferir la existencia de una modalidad delictiva (…) mediante el aprovechamiento de la confianza depositada por aquellos contribuyentes que le confiaron el acceso a sus claves fiscales (…) a Iturria (…), o bien que llegaron a su poder por el accionar connivente de los demás implicados”.
Con la adhesión de los votos de Vélez Funes y de Ávalos, confirmaron el procesamiento.
Dos a juicio
Iturria acumula otras dos causas a juicio con un presunto modus operandi semejante. En febrero de 2018, habría modificado de forma dolosa el registro del fisco relativo al denunciante para disimular su real situación fiscal.
La fiscal pudo establecer que consumó la maniobra al utilizar la clave fiscal del damnificado para actualizar su domicilio y darle de baja del Monotributo. Pero no habría sido la única finalidad, sino que lo habría dado de alta en el impuesto del IVA, Ganancias y Bienes Personales. Seis días después, Iturria habría cambiado sus actividades económicas.
Schianni consideró que modificó el registro relativo a las obligaciones tributarias del damnificado porque una vez que fueron identificadas las IP a través de las que se perpetraron las maniobras, la empresa prestataria del servicio de internet indicó que el usuario de ellas fue Iturria.
El informe de Nosis y el enviado por la Afip a la Fiscalía permitieron comprobar la denuncia, ya que se observaron las modificaciones mencionadas por el denunciante respecto a su domicilio, actividades y empresas con las que se lo involucró, y la existencia de facturas emitidas a su nombre y que desconoció ante la Justicia.
El caso de la mucama
Iturria y Sebastián “Seba” o “Chata” Enrique Dalinger, un comerciante santafesino radicado en Villa María, también quedaron en la mira en una tercera causa.
La exempleada doméstica de Iturria lo denunció por irregularidades luego de que su nueva empleadora le realizó la liquidación del sueldo desde la web de la Afip, en noviembre de 2018. Surgió que su cuit estaba “limitado”, por lo que en el fisco le aconsejaron que presentara una denuncia.
La mujer dijo que dos años antes había tramitado ella misma la inscripción por pedido de Iturria, para quien trabajaba por entonces. Contó que era el único que conocía su clave.
El contador habría actualizado los domicilios y las actividades económicas de la mujer por servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario y de publicidad, reparación y mantenimiento de equipos, todos rubros ajenos al de ella. Y habría generado el alta en impuestos sobre Bienes Personales, Ganancias e IVA.
Dalinger, por su lado, habría alterado el registro informático del fisco de la mujer –siempre sobre la misma base endilgada a Iturria, esto es, disimular su real situación fiscal– actualizando las actividades económicas de ella.
Entre ambos, habrían emitido facturas a diversas personas y empresas haciéndose pasar por la denunciante por poco más de 841 mil pesos. El juez los procesó por siete hechos de alteración dolosa de registros (cinco de Iturria y uno de Dalinger).
La Cámara, en abril pasado, confirmó el procesamiento de Iturria.
