En un operativo que conmociona a la Jefatura de la Policía de Córdoba, el fiscal Guillermo González ordenó este viernes la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, director de la Caminera, acusado de graves delitos que incluyen coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. También se detuvo a otras 6 personas (dos civiles y otros cuatro policías).
La noticia, confirmada por fuentes judiciales y policiales a La Voz, sacude a una de las instituciones clave en la seguridad vial de la provincia.
Escándalo en la Policía: 7 detenidos (2 civiles)
“Existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales que cuentan con el título de abogado, un civil y abogados particulares, que utilizaron información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico”, señalaron las fuentes.
La investigación no es sobre multas, sino sobre irregularidades con inmuebles o casas usurpadas. Pero también existían otras maniobras.
También detuvieron al hermano del titular de la Policía Caminera
El operativo, que comenzó en las primeras horas del viernes 27 de junio, no solo involucró a Ochoa Roldán, sino también a su hermano, el abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán, y a otros altos mandos policiales, como el comisario inspector Leonardo Javier Torres, a cargo de la dirección de asesoría letrada de la Policía de Córdoba, y el inspector Martín Darío Heredia, también de la Caminera.
Además, fue detenido un civil, Gabriel Burkhard, acusado de coacción, junto con otros civiles y abogados presuntamente vinculados a una red delictiva.
De qué se los acusa
La investigación apunta a una organización ilícita que utilizaba datos reservados para realizar negociaciones ilegales.
Este escándalo se suma a otros registrados en meses anteriores que suman detenciones de jefes de la Policía de Córdoba, de Bomberos y del Servicio Penitenciario.
El listado de los detenidos
- Maximiliano Ochoa Roldán, director general de la Policía Caminera (presunto jefe de asociación ilícita)
- Leonardo Torres, jefe de la asesoría letrada de la Policía
- Martín Heredia, comisario inspector, integrante de la Policía Caminera
- Jorge Gutiérrez, titular de la Dirección de Protección de Testigos.
- Dante Villalba, suboficial de la Policía y chofer en Jefatura
- Gastón Ochoa Roldán, abogado y hermano del jefe de la Policía Caminera
- Gabriel Burkhart, civil

Las detenciones que ordenó el fiscal González
El titular de la Fiscalía Tres (Ex. Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 2°) Guillermo González en el marco del expediente N° 13829298, dispuso ordenar la detención de:
1- Comisario General Abogado Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien se desempeña como Director de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, acusado de los delitos de Coacción (arts. 45 y art. 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Extorsión (arts. 45 y 168 primer párrafo del C. Penal), Asociación Ilícita en calidad de Jefe (arts. 45 y 210 C. Penal), Peculado de servicios (arts. 45 y 261 segundo párrafo del C. Penal), Enriquecimiento ilícito –cuatro hechos- (arts. 45 y 268 , (1) del C. Penal), Encubrimiento por omisión de denuncia –tres hechos- (arts. 45 y 277 inc. 3 del C. Penal).
Ochoa había asumido con director general de Caminera en diciembre del año pasado, en reemplazo de Iván Rey, quien fue promovido como director general de Seguridad.

2- Gabriel Élido Burkhard (civil), acusado de los delitos de Coacción (arts.45 y 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Extorsión (art. 45 y 168 primer párrafo del C. Penal), Asociación Ilícita en calidad de Organizador (art. 210 C. Penal), Enriquecimiento ilícito –cuatro hechos- (arts. 45 y 268 (1) del C. Penal)
3- Comisario Inspector Abogado Leonardo Javier Torres, a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la institución policial, acusado del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal). Antes había sido secretario privado del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez.
4- Comisario Inspector Abogado Martín Darío Heredia, quien se desempeña en la Policía Caminera de la Provincia de córdoba, acusado de los delitos de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal), Enriquecimiento ilícito –un hecho- y Encubrimiento por omisión de denuncia –dos hechos- (arts. 45, 210, 268 (1) y 277 inc. 3 del C. Penal).
5- Abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán -hermano de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán- acusado del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal)
6- Comisario Inspector Jorge Gutiérrez, quien se desempeña en la Dirección de Custodias y Protección (“Protección de Testigos”), acusado del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal) y Peculado de servicios (arts. 45 y 261 segundo párrafo del C. Penal);
7- Suboficial Principal Dante Gabriel Villalba, quien se desempeña como chofer en la Jefatura de Policía, acusado de los delitos de Coacción (arts. 45 y 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal) y Peculado de servicios (arts. 45 y 261 segundo párrafo del C. Penal).

Allanamientos y operativos
A fin de hacer efectivas las detenciones dispuestas, se realizaron un total de 11 allanamientos en diferentes viviendas y estudios jurídicos ubicados en Córdoba, Unquillo, La Calera y Cosquín logrando la aprehensión de siete personas.
La causa se inició en Cosquín, a raíz de otra investigación. Asimismo, se procedió al registro de distintas áreas ubicadas en Jefatura de Policía a fin de recabar elementos de prueba relacionadas a la causa. “Se encontró material que sirve como prueba”, se indicó.
No se descartan nuevas detenciones y más delitos vinculados a la causa.
“En virtud de ello, aún la causa se encuentra en incipiente estado de investigación por lo que resta analizar un nutrido caudal probatorio y no se descartan nuevas imputaciones”, agregan.