La causa judicial que desde hace meses viene golpeando los cimientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba sumó en los últimos días un capítulo decisivo.
El pasado viernes, siete agentes de esa fuerza fueron elevados a juicio acusados de integrar una presunta asociación ilícita que, según sostiene la investigación, robaba estupefacientes incautados para usarlos como pago a informantes en procedimientos encubiertos en la zona de Cruz del Eje.
Paralelamente, el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico Raúl Ramírez y su secretario Patricio Bazán, ambos con sede en esa jurisdicción, ya habían sido enviados a juicio el 7 de abril por supuesto encubrimiento agravado.
La investigación, a cargo del fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger (de Córdoba Capital), describió un supuesto entramado de irregularidades dentro de la brigada de la FPA en Cruz del Eje que terminó con 10 personas imputadas, entre policías y civiles, además de un fiscal y un secretario judicial.
Tras el escándalo que detonó en 2024, el histórico jefe de la FPA, Adrián Salcedo, fue removido de su cargo junto a toda la cúpula. El comisario permaneció durante nueve años frente a esta fuerza de seguridad dedicada a combatir el narcomenudeo en Córdoba.
La FPA fue creada en 2014 por el por entonces gobernador José Manuel de la Sota, luego de la desarticulación de la División Drogas Peligrosas de la Policía provincial por el “narcoescándalo”.
La FPA depende de la Fiscalía General de la Provincia.
Elevación a juicio
De acuerdo a la acusación del fiscal Klinger, los policía de la FPA Luis Rubén Benavídez, Diego Omar Bertino, Néstor Javier Márquez, Raúl Eduardo Moreno, Isidro David Rivero, Antonio Eduardo Ruiz y Sergio Ruiz habrían integrado una supuesta organización que, de manera sistemática, desviaba droga secuestrada en operativos para pagar a “dateros”.
Dicho de otro modo, se los persigue porque –todo en grado de presunción– contaban con informantes que aportaban datos sobre puntos de venta de estupefacientes. A cambio, les entregaban droga que habrían conseguido de un lote secuestrado en la cárcel de Cruz del Eje, según la Justicia.
La práctica, aunque conocida en ambientes de investigación callejera de otras fuerzas, está prohibida y es considerada un delito agravado cuando se realiza por parte de fuerzas encargadas de la persecución del narcotráfico.
La investigación se había iniciado tras una denuncia formulada en febrero 2024, cuando el entonces jefe de la FPA, Adrián Salcedo, advirtió que había desaparecido el material incautado en una de las zonas calientes de la ruta del narco en la provincia de Córdoba, por donde se presume que se trafica desde y hacia Bolivia.
Salcedo denunció el faltante tras dos operativos en Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba.
La causa recayó en manos del fiscal Klinger, quien comenzó a hilar fino y llegó a ordenar el secuestro de los celulares de los imputados.
Allí explotó la “bomba”, cuando los investigadores se encontraron enfrente de un sinnúmero de conversaciones que habrían expuesto las maniobras.
La confesión de un policía
Uno de los policías, Raúl Moreno, marcó la diferencia.
Desde el inicio de la causa, se declaró “arrepentido” y reconoció su participación en los hechos. En su entorno reconocieron que la prueba era abrumante.
En su segunda declaración, manifestó: “Estoy arrepentido de lo que sucedió, de mi forma de actuar dentro de la Fuerza. Pido disculpas a la fuerza, a mis compañeros, a mi familia”, según destacó su abogado, Carlos Cardeilhac.
Su confesión, en la que admitió haber entregado droga a un informante a cambio de datos, aceleró la causa y evitó, según destacó su defensa, “un desgaste judicial”.
Moreno pidió someterse a un juicio abreviado y solicitó una pena menor a tres años de prisión efectiva.
Mientras tanto, otros imputados negaron los hechos o plantearon su descargo en distintas instancias procesales.
Robo de drogas en operativos
De acuerdo a la acusación, la sustracción de drogas era parte de una modalidad que se extendió en el tiempo y que involucró a varios integrantes de la brigada de Cruz del Eje.
Según las pruebas reunidas, los policías retiraban estupefacientes de procedimientos anteriores y los entregaban a informantes para montar operativos.
En la zona explican que esta conducta se produce por “los escasos recursos” de las brigadas que tienen que atender uno de los puntos más complejos de la ruta narco.
La caída del fiscal
En paralelo, el fiscal Raúl Ramírez y el secretario Patricio Bazán quedaron bajo la lupa por su presunta inacción frente al faltante de droga.
La acusación indica que ambos habrían omitido denunciar la desaparición de los 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana, que debían estar bajo resguardo de la FPA y la fiscalía.
Un reciente fallo de la Cámara de Acusación fue contundente y desactivó argumentos de la defensa de la fiscalía.
En concreto, el tribunal sostuvo que, dada la implicancia de funcionarios judiciales, era necesario sacar la investigación de Cruz del Eje para garantizar transparencia, recurriendo a la teoría de la “ubicuidad” y a criterios de economía procesal.
La resolución destacó además la “gravedad y complejidad del contexto institucional” y remarcó que la investigación involucra a funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones, lo que impone mayores exigencias de imparcialidad.
Si bien Ramírez permanece en libertad, de confirmarse la acusación en juicio, podría enfrentar una condena penal y administrativa.
En su defensa, Ramírez y Bazán habían cuestionado la competencia territorial del juez Agustín Cafferata, alegando que los hechos ocurrieron a 140 kilómetros de Córdoba capital.
Sin embargo, la Cámara rechazó el planteo, señalando que la investigación debe realizarse fuera de Cruz del Eje para evitar cualquier tipo de influencia o conflicto de interés.
Prueba abundante
En el expediente, abundan los indicios que comprometen a los imputados, según alegan fuentes con acceso a la investigación.
Desde los registros de chats entre policías y dateros, pasando por testimonios que detallan cómo se organizaban los “cortes” (compras controladas de droga) hasta informes internos que evidencian el desmanejo en la cadena de custodia de estupefacientes secuestrados.
En este contexto, el rol del arrepentido Raúl Moreno aparece como una pieza central para sostener la acusación de la fiscalía.
Moreno, quien reconoció haber entregado droga a cambio de datos, pidió celeridad en su situación procesal y manifestó su intención de “recuperar su vida” lejos del uniforme.
Su actitud contrasta con la de otros efectivos, que todavía niegan cualquier responsabilidad y apuntan a posibles internas dentro de la fuerza como detonante del escándalo.
La magnitud de la causa llevó al fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, a redistribuir las competencias investigativas, y a que el expediente recayera en una fiscalía de Córdoba capital.
En total, 10 personas se encuentran detenidas: siete policías y tres civiles, sindicados como dateros.
Por su parte, la defensa de Ramírez todavía podría apelar ante el Tribunal Superior de Justicia, pero los fundamentos de la investigación –según fuentes judiciales– cierran varias puertas.
En tanto, la gravedad institucional reconocida por la Cámara y la extensión de las pruebas reunidas auguran un juicio de alto voltaje, que volverá a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la FPA y del Ministerio Público.
