El fiscal de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de las sedes judiciales de Villa Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje, Raúl Ramírez, será investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos, y abuso de autoridad.
La imputación fue enviada al juez de Control Nº 3 de Córdoba, Agustín Cafferata, por el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger, quien tiene bajo su órbita una ancha investigación por la existencia aparente de una asociación ilícita que habría estado conformada por policías de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), por la cual ya hay 10 personas imputadas.
El pasado viernes, Cafferata ordenó al fiscal avanzar con su requerimiento y continuar con la investigación. La situación procesal de Ramírez se vio comprometida por esta orden.
Ramírez seguirá en libertad.
Por ahora, no se conoce su versión de lo sucedido.
Todo surgió durante la instrucción de la causa, que inició tras la denuncia en febrero del 2024 por el faltante de un cargamento de drogas que había sido decomisado y debía estar bajo custodia.
El fiscal Klinger reunió pruebas sobre el aparente funcionamiento de un grupo conformado por altos cargos de la FPA y subalternos que se organizaban para pagar con droga a “dateros” en operativos llevados a cabo en Cruz del Eje.
Según la acusación, Ramírez habría utilizado su rol institucional para no iniciar una investigación penal.
“Concierto de voluntades delictivas”
En grado de sospecha, Klinger estableció que Ramírez habría formado parte de “un concierto de voluntades delictivas” porque habría tomado conocimiento sobre la desaparición de 350 gramos de cocaína y de 158 gramos de marihuana y no habría perseguido ese delito, según la acusación.
La droga había sido secuestrada por la FPA.
Al tener fueros por ser funcionario de la Justicia, Klinger no podía investigar a Ramírez.
Por eso, la fiscalía le había requerido al juez de Control que realice los procedimientos. El sospechoso finalmente fue indagado por el juez Cafferata y tras este proceso la investigación volvió al despacho de Klinger.
En la oficina de Klinger sostienen que la evidencia recabada es abrumadora y que hay razones para sospechar que el funcionario, junto con su secretario, Patricio Bazán, y al jefe de la brigada de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola (ambos ya imputados y en libertad), habrían tomado conocimiento de la sustracción de los estupefacientes secuestrados.
Pese a saberlo, explicaron fuentes allegadas a la investigación, habrían evitado la persecución y la penalización de este acto.
Los laderos de Klinger dicen entre voces que “la acusación es fulminante” y aseguran que “el mal desempeño” del fiscal es evidente.
Vale aclarar que pese a las graves acusaciones que pesan sobre él, Ramírez es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se espera que el acusado apele.
Es decir que la defensa del imputado se puede oponer al requerimiento de Klinger. Puede ser recurrido ante el juez de control, también podría ser apelado ante la Cámara de Acusación y eventualmente hasta ser casado en el Tribunal Superior de Justicia, por lo que queda un largo camino procesal por delante.
Una vez que queda firme la elevación a juicio, deberá ser sometido a un jury a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial provincial.
Si llega a ser destituido, deberá afrontar un juicio y de mantenerse las acusaciones podrá ser condenado.
Un caso complejo
La investigación liderada por el fiscal Klinger desde febrero surgió a raíz de la desaparición de un cargamento de cocaína y marihuana que había sido incautado por la FPA.
Fue Adrián Salcedo, ahora exjefe de la FPA, quien descubrió una discrepancia entre los inventarios oficiales y las cantidades de droga bajo custodia de la fiscalía. Este hallazgo lo llevó a presentar una denuncia que generó un tembladeral en la estructura interna de la fuerza.
De acuerdo con las indagaciones, altos mandos policiales y algunos subordinados habrían usado estupefacientes incautados como moneda de cambio con informantes, conocidos como “buchones”.
Estos civiles ofrecían datos útiles para identificar a traficantes de droga y recibían, según la causa, porciones de los cargamentos decomisados.
En el marco de la causa, el fiscal Klinger acusó al secretario del fiscal, a siete oficiales de la FPA y a dos informantes de la fuerza. El funcionario judicial dictó las prisiones preventivas de varios de los acusados.
Según fuentes con acceso a la causa, entre el fiscal, el secretario y Oyola hay conversaciones por celular registradas que forman parte de las pruebas que sostienen la acusación de Klinger.
Se trataría de chats en los que se eliminarían órdenes para evitar que se conozca la gravedad de la causa, probablemente con la finalidad de respaldar al secretario de la fiscalía.
A su vez, una de las personas detenidas admitió formar parte de la asociación ilícita, mientras que otros implicados han solicitado ampliar sus declaraciones, según fuentes cercanas a la causa. La causa avanza a paso firme en la fiscalía de Córdoba.
