El caso ya alcanza ribetes escandalosos. El titular del Registro de la Propiedad Automotor de Oliva (DNRPA), Rafael Marchisio, denunció la sustracción de más de un millón de pesos de las cuentas del organismo nacional. Pero la sorpresa llegó cuando los investigadores determinaron que habría sido su propio hijo el autor del desvío.
El caso causó otra controversia en la ciudad del departamento Tercero Arriba, ubicada a unos 100 kilómetros de la capital provincial. En 2018, la localidad había sido escenario de una increíble historia de características cinematográficas.
La Voz había publicado que un paciente que fue procesado e internado en un hospital psiquiátrico en 1971 había sido olvidado en el lugar durante 47 años. Incluso, había superado por entonces el récord del psicópata y múltiple asesino Carlos Eduardo Robledo Puch, quien sigue preso desde 1972.
Otro escándalo en Oliva
Nuevamente, un hecho judicial colocó a Oliva en la escena pública. A finales del año pasado, el titular del DNRPA denunció ante la Justicia federal de Villa María que le estaban vaciando las cuentas que el DNRPA tenía asignadas en el Banco Nación y en el Banco Macro, y que desconocía por qué y cómo.
A partir de los testimonios de los empleados y del pedido de informes a Mercado Pago, la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, logró determinar quién habría desviado los fondos: su hijo, Nicolás Marchisio. El joven estudia una carrera relacionada con la computación y vive con sus padres.
El juez Roque Ramón Rebak ordenó secuestrar su teléfono celular, en el que los investigadores pudieron establecer que, en junio de 2020, Nicolás había creado un usuario en la aplicación Mercado Pago, propiedad de Mercado Libre. El punto clave fue que lo habría hecho no con sus datos, sino con los del padre.
Luego, Nicolás habría vinculado ese usuario con su correo electrónico privado y con su número de celular. De esa forma, habría tenido acceso a los datos de las cuentas bancarias y a las tarjetas de débito o crédito que el DNRPA tenía asignadas en el Banco Nación y en el Banco Macro antes o a mediados de noviembre del año pasado.
Entre esa fecha y fines de marzo de este año, Nicolás habría utilizado su usuario de Mercado Pago para realizar 43 transferencias –mediante débito inmediato (Debin)– del dinero que estaba en las cuentas del Registro en el Nación y en el Macro. Así, habría consumado la defraudación por un total de 1.120.808 de pesos, que fueron transferidos desde esas dos cuentas bancarias hasta Mercado Pago.
Los fondos sustraídos se destinaban a efectuar los trámites cotidianos y habituales del DNRPA.
Imputación
La fiscal imputó a Nicolás como autor de presunta estafa a la administración pública, y será indagado en unos días. Su abogado defensor, Marcelo Martín Silvano, dijo a La Voz que presentará un escrito la próxima semana considerando que el joven no cometió ningún delito.
El padre alegó que su hijo siempre estuvo autorizado para manejar las cuentas y los trámites del Registro. En breves declaraciones a La Voz, señaló que está “afectado” porque se está acusando a su hijo “sin haber hecho nada”.
Sin embargo, el imputado no es empleado, por lo que formalmente nunca podría haber tenido acceso a datos o al manejo de las cuentas, como sí tienen otros trabajadores asignados a tal función.
Los testigos relataron que la presencia de Nicolás en el organismo era frecuente, pero sin que tuviera un vínculo formal como empleado estatal.
