La Secretaría de Sumarios Administrativos que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avanza en la instrucción de la investigación interna para determinar si existió una filtración de las preguntas de un examen de cara a la selección de aspirantes para cubrir cargos de auxiliares de la Defensa Pública.
Esa oficina, conducida por el secretario Tristán Quiles, sigue receptando pruebas, entre documental y testimoniales, en procura de profundizar lo que denunció el gremio de los empleados judiciales (Agepj), a través de su titular, Federico Cortelletti, y de la secretaria de Organización y veedora de la Junta de Calificaciones, Lucía Bonafé.
De esa denuncia, ya se conoce el contenido. Sostiene que en el concurso 375/24 hay irregularidades a partir de la presunta entrega anticipada de las preguntas a algunas postulantes. En su fundamentación, los gremialistas hacen uso de las estadísticas de los resultados: indican que sólo “aprobó el 59,9 por ciento del total de concursantes”.
Luego añaden que “al revisar los puntajes específicos” de ese examen, “surge que la gran mayoría no superó más del 75 por ciento del porcentaje total para aprobar”. Luego añade que sólo “puntuales concursantes obtuvieron más del 95 por ciento del examen”.
Luego, en consonancia con lo que se venía sosteniendo durante la semana, se afirma que hay cuatro mujeres postulantes que “tienen vínculo académico” (son alumnas de la especialización en Derecho Penal de la Universidad Católica de Córdoba) “o familiar con un integrante del tribunal examinador, Eduardo Santiago Caeiro”, quien además es defensor oficial en el fuero penal de la Justicia provincial.
La denuncia añade que “el cuestionamiento que circula surge de la performance particular de estas personas”, que en otros concursos no obtuvieron este porcentaje. También remarcan que en este concurso obtuvieron mucho más que el resto, “quienes no superaron en casi su totalidad el 75 por ciento de nivel de aprobación”.
La planilla
Este diario ingresó a la planilla de resultados del concurso en cuestión, que es de acceso público, en el sitio www.JusticiaCórdoba.gob.ar.
Allí puede apreciarse lo que obtuvieron las cuatro postulantes mencionadas, que, según ya se divulgó a partir de datos tribunalicios, se desempeñan en distintas dependencias de Tribunales 2: la Cámara 12ª del Crimen, la Cámara de Acusación, una oficina de la Defensa Pública y la propia oficina de Caeiro, también en la Defensa Pública.
En esa planilla, las cuatro están mucho más arriba que el resto, ya que obtuvieron entre 33 puntos y el máximo de 35 puntos en el examen. Esto significa entre el 94,3 y el 100 por ciento del total.
En cambio, como se dijo, la gran mayoría sólo llega al 75 por ciento de las preguntas respondidas con acierto. Dos o tres apenas pasan el 80% y uno llega a 82,9%, con 29 respuestas correctas.
A las cuatro postulantes que lideran los puntajes con una apreciable luz de ventaja y casi el máximo del puntaje, el gremio las vincula por proximidad con el asesor Caeiro.
Una de estas cuatro postulantes, se conoció de fuentes judiciales, ya fue sumariada y sancionada por un caso similar al que se está tratando: estuvo vinculada a irregularidades relacionadas con la preparación de alumnos para el ingreso al Poder Judicial. La novedad fue confirmada a este diario por fuentes gremiales y judiciales.
La Voz consultó a Caeiro para obtener su postura frente a la denuncia, pero el funcionario sostuvo que no formulará declaraciones por el momento.
La “confesión”
Algo que se presume sería determinante es el hecho de que una de estas postulantes se habría “quebrado” o “resfriado” en una reunión pública, presumiblemente en su sede laboral. Hay dos versiones: una señala que se quebró ante la requisitoria de compañeras; la otra es que comentó como algo “natural” el hecho de haber recibido el examen de manos de Caeiro.
Las versiones que nutren la denuncia y que se comentan en Tribunales es que de tres personas que la escucharon, una de ellas comenzó a repetirlo en otros ámbitos. La denuncia gremial refiere: “Hemos sido puestos en conocimiento de que durante la semana de finales de octubre del corriente año se habría desarrollado un episodio en el marco de la oficina de trabajo de una de las sindicadas en el que habría confesado ante sus compañeros y compañeras haber tenido acceso a las preguntas del examen antes del mismo”.
En Sumarios Administrativos están recibiendo testimonios y, si bien no se conoce el resultado de esas declaraciones, hay quienes sostienen que esto no sería indispensable para avanzar en la confirmación de la supuesta filtración.
¿Asesoramiento privado?
Otros elementos también apuntan a Caeiro, siempre según fuentes del más alto rango del Poder Judicial: en el ámbito académico de la especialización que dicta en la universidad privada, habría dictado capacitación relacionada con el concurso a personas que eran postulantes, pese a ser él integrante del tribunal.
Este último punto está incluido también en la denuncia de Agepj, donde dice: “También fuimos informados de que Caeiro, en el marco de las clases de la reseñada especialización, habría realizado una clase final de consulta previa al examen, para evacuar posibles dudas en el marco de los concursos, siendo él parte del tribunal examinador del mismo”.
Algo que también se cuestiona de la limpieza del examen es que se incluyeron “dos o tres preguntas que no estaban en el temario del concurso, pero que sí se trataron en el ámbito académico. El dato ya ingresó al sumario, según fuentes calificadas. Lo mismo refirieron desde Agepj.
Para el gremio de trabajadores judiciales provinciales, “todo ello tiene un doble efecto negativo, ya que evidencia acciones reprochables por parte de las concursantes sospechadas pero, y a nuestro criterio más grave aún, demuestra un perfil sumamente cuestionable por parte del integrante del tribunal examinador sindicado”.
La nota de denuncia que fue presentada ante el TSJ el pasado lunes finaliza diciendo: “Quienes son magistrados, asesores y fiscales tienen la obligación de sostener una conducta ética, ya que representan a un poder del Estado que es el encargado de impartir justicia, garantizar el acceso a la justicia y a derechos, resolver conflictos en calidad de terceros imparciales”.
Como lo viene sosteniendo el TSJ, se pretende preservar la transparencia de los concursos de acceso a cargos en el Poder Judicial. Desde ese ámbito, insistieron en la necesidad de que quienes tengan conocimiento de hechos irregulares deben presentarse a sumarios administrativos, con todas la garantías de discrecionalidad y anonimato.
