Primero fue el call center tumbero que el narco René Alejandro “Chancho” Sosa (41) conducía en Bouwer hasta 2021. Después, se conoció que las numerosas estafas telefónicas cometidas desde la cárcel de Cruz del Eje terminaron por involucrar -entre otras acusaciones- a quien había sido el jefe de ese penal, Sergio Guzmán, quien la semana pasada fue detenido.
Ahora, a partir de una investigación de la Unidad Judicial de Delitos Económicos, el fiscal de Delitos Complejos N° 1 de Córdoba, Enrique Gavier, acusó en las últimas horas a seis detenidos en la cárcel de Villa María, detuvo a tres jefes penitenciarios de esa unidad carcelaria y capturó a 11 personas acusadas de colaborar desde afuera para defraudar a particulares vía telefónica.
Hay 20 imputados por asociación ilícita.
En el penal de Villa María se incautaron ocho celulares, tablets y una computadora en una celda.
Muros afuera, se secuestraron más de siete millones de pesos, armas, teléfonos celulares, drogas y documentación útil para la causa.
A todo esto, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba se ratificó en su puesto, por ahora, al titular del Servicio Penitenciario, Juan Bouvier.
Muchos se preguntan por qué esos allanamientos en un penal de Villa María los hizo Gavier. La respuesta tiene que ver con que la investigación se inició por denuncias de decenas de particulares en Capital.
Aparentemente, había un grupo de presos que se habían “cebado” con los fraudes telefónicos desde la cárcel y estafaban sin ningún tipo de control ni de límite. Las denuncias tenían patrones comunes que permitieron unificarlas y determinar que el call center se situaba en un lugar muy preciso: un pabellón concreto de la cárcel de Villa María.
Tal fue el grado de “libertad” con el que se conducían que se divulgó un video en el que un grupo de detenidos se mueve en una celda mientras escucha música, baila, se graban con un celular, se aprecia que manejan varios aparatos de telefonía y hasta tienen una computadora de escritorio. Todo dentro de una celda.
El fiscal y su equipo avanzaron en la investigación. El equipo profundizó la operatoria, detectó a los “externos” que extramuros recaudaban y hacían otros “trámites” para consumar las estafas y hasta identificó a los penitenciarios que han sido responsabilizados por su aparente vinculación con las maniobras.
El equipo de Delitos Económicos es el mismo que viene siguiendo este tipo de casos y que se ha destacado también, entre otras investigaciones, por la causa de la supuesta defraudación en la clínica Pediátrica, de barrio Cerro de las Rosas.
Procedimientos
A las 4 del jueves arrancó el operativo iniciado en la Jefatura de Policía de Córdoba. Los efectivos policiales y judiciales se dirigieron a los diferentes puntos de la provincia donde, a partir de las 6, se allanó simultáneamente.
Los efectivos concretaron los operativos y consiguieron las 20 detenciones: tres jefes penitenciarios, seis presos acusados y 11 “externos” que serían parte de la “asociación ilícita”, según la causa de Gavier.
Tres jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) que, a la vez eran las máximas autoridades del penal villamariense, cayeron en los operativos que incluyeron 38 allanamientos en la cárcel y en otros puntos de la provincia, como Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María, Carlos Paz, Las Varillas, entre otros.
Los uniformados acusados son: el director del Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, Andrés Américo Aciar (45); el subjefe de Operaciones de ese presidio, Edgar Ezequiel Arroyo (40); y el jefe de Seguridad, Néstor Gómez (40).
Los seis presos que fueron sorprendidos como supuestos explotadores de la “pyme” carcelaria y quedaron detenidos (ahora también) son: Sebastián Ezequiel “Pitu” Moyano (36), Carlos Daniel “Cocoliso” Oroda (25), Braian Silva (23), Cristian José Vera (36), Javier Ignacio Peralta (22) y Daniel Santucho (33). Están acusados de haber ejecutado ingeniosas maniobras de estafa para perjudicar a decenas de personas vulnerables, en su mayoría adultos mayores.
Los “externos” que fueron detenidos en la vía pública por supuestas relaciones con los presuntos estafadores de la cárcel, son: Jonathan Tardable (26), Iván Fernando Cittadini (39), Ulises Moyano (19), Pamela Rosales (33), Sofía de los Milagros Abbas (23), Omar Jesús Urcia (69), Mariana Soledad Pombo (20), Franco Vázquez (26), Agustín Valdez (18), Joel Elías Vázquez (20) y Laura Moreno (31), esta última con detención domiciliaria.
Trascendió que son familiares y allegados de los internos y están acusados de ayudar a los presos a concretar operaciones de cobro, retiros bancarios y otros trámites para consolidar la estafa.
Con total impunidad
Según la causa, los presos manejaban a la vista de todos un call center tumbero para engañar ciudadanos mediante ardides de los más variados.
Desde la Justicia se vienen formulando advertencias a las autoridades penitenciarias para que se frene el uso de celulares en los presidios, poniendo especial énfasis que existe tecnología para inhibir las señales.
Sin ir más lejos, el pasado jueves, René “Chancho” Sosa fue condenado a seis años de prisión como líder de una asociación ilícita que hasta 2021 explotó un call center tumbero en la cárcel de Bouwer. Además de condenas a otros cinco integrantes de la banda, el tribunal de la Cámara 10ª del Crimen renovó la remanida recomendación a la cúpula del SPC para que aplique esas señales tapan las microondas de los celulares. Pero esto fue hecho varias veces y, sin explicación, la industria de las estafas dentro de las cárceles no cesa.
Voceros de la Justicia se quejan porque, al ver las imágenes de los presos moviéndose con total impunidad dentro de la cárcel, se deja en claro que no se está ejecutando el tratamiento penitenciario que deben cumplir los reclusos ni tampoco con las normas de resguardo que deben tomarse.
Entre las estafas practicadas por esta banda de seis presos -con sus cómplices- se cuentan numerosas variantes, algunas de los más ingeniosas.
Entre otras, creaban plataformas de Market Place (Facebook) para vender productos de los más diversos. En uno de los casos llegaron a “vender” alfalfa, para lo cual consiguieron fotografías de un establecimiento que les brindó la “fachada” de un negocio serio. Luego, hacían las ventas y jamás entregaban el producto.
Sin que las advertencias de los magistrados hayan sido oídas en el SPC, ahora la Justicia avanza en la detención de jefes penitenciarios cuya participación o complicidad estaría probada.
Bouvier ratificado por la ministra Echenique
La ministra de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Laura Echenique, ratificó horas después que Juan María Bouvier, jefe del SPC, seguirá en su cargo. “Hasta el día de hoy ninguna autoridad judicial nos ha indicado que tenga relación con los hechos pero todo está bajo control y análisis estos días”, sostuvo la funcionaria. Bouvier está en su cargo desde 2008.
