La fiscal del primer turno de los tribunales de Río Tercero, Paula Bruera, dictó el requerimiento de elevación a juicio en una causa en donde investigó a una banda por numerosas defraudaciones en perjuicio de una importante empresa de electrodomésticos.
En la causa hay siete personas imputadas por los delitos de asociación ilícita, defraudaciones por el uso de tarjeta de crédito y encubrimiento. Tres de ellos están detenidos con prisión preventiva.
La investigación se inició con motivo de la denuncia efectuada por representantes de la firma comercial en Río Tercerio, en el año 2022.
En el marco de la pesquisa se pudo establecer -según afirmaron desde la Fiscalía- que uno de los imputados (el sindicado como jefe de la asociación ilícita), desde el establecimiento penitenciario de Villa María habría realizado numerosas defraudaciones utilizando tarjetas de crédito, cuyos datos habrían sido obtenidos de manera ilícita, para adquirir de forma virtual diversos productos en la sucursal riotercerense de la empresa Musimundo.
Esta mercadería adquirida bajo ese ardid era enviada por la empresa víctima de la estafa y recibida en varios domicilios de Río Tercero y luego comercializados.
A juzgar de la Justicia, hay pruebas suficientes para inferir que estas maniobras “le habrían provocado a la empresa damnificada un importante perjuicio económico”.
Recién en un eventual juicio, se podría conocer de qué manera los presuntos estafadores contaban con celular en la cárcel (otro delito) y compraban mercadería vía Internet, como si estuvieran en libertad.
La maniobra habría sumado gente dentro de la cárcel en Villa María y fuera, en distintas casas de Río Tercero.
Se desconoce el monto del daño causado a la firma cuya sucursal se ubica en la primera cuadra de la calle Vélez Sársfield de Río Tercero.
Este diario pudo conocer que esas operaciones se habrían registrado al menos durante un mes.
En momentos en que se realizaba la investigación se habían incautado cinco armas y 400 cartuchos en distinto inmuebles de Río Tercero. Varios de quienes quedaron detenidos el año pasado, dos mujeres y dos hombres, contaban con antecedentes penales.
Tras los allanamientos realizados se secuestró documentación perteneciente a la firma, 16 teléfonos celulares, tarjetas de crédito y de débito y 80.800 pesos.
Si bien se desconoce el volumen del daño padecido por la firma que vende electrodomésticos, se sabe que la cifra que la empresa perdió sería importante.
Las compras abarcaban desde celulares hasta distintos electrodomésticos. Se pedían por teléfono, supuestamente desde la cárcel, y se entregaban a domicilios riotercerenses.
