La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba decidió condenar a 11 años de prisión al empresario Jorge Ribeiro. Además, le impuso 90 mil pesos de multa, al considerarlo jefe de asociación ilícita y computarle 34 estafas reiteradas. Este fue el principal resultado del veredicto en el juicio por presuntas estafas por la venta de departamentos en pozo a través de fideicomisos, en el caso conocido como “Ribeiro Construcciones”.
Además, fueron condenados Carlos Hernan Castro a 8 años de prisión y multa de 80 mil pesos, con los cargos de jefe asociación ilícita y 5 estafas reiteradas. Georgina María Ribeiro recibió una pena de 5 años y 60 mil pesos de multa. Se la consideró miembro de la asociación ilícita y le endilgaron participación en 11 estafas reiteradas. Otros dos acusados recibieron penas de ejecución condicional: Ana Lucía Ribeiro, de 3 años y multa de 60 mil pesos y Marcos Javier Lío, de 2 años. Ambos fueron considerados miembros de la asociación ilícita, con cargos de estafas reiteradas.
Expectativas por el caso Trebucq
Durante la mañana de este miércoles se escuchará la última palabra del último acusado que resta oir en la causa por la apropiación indebida de terrenos en la vera norte del Suquía, a la altura de barrio General Paz, en el proceso bautizado en Tribunales 2 como “Torres del Río”. Luego, el tribunal pasará a deliberar y también emitirá sentencia respecto de 16 acusados, en su gran mayoría reputados profesionales, entre abogados, escribanos, contadores, ingenieros, más funcionarios.
Los protagonistas de esta última representación en dos actos son los vocales de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, Juan José Rojas Moresi (presidente en ambos juicios), Carlos Palacio Laje y Mario Centeno. Durante meses, desde fines de 2022 se están realizando audiencias en estas dos causas.
El destino y “razones de programación” hicieron que las dos sentencias deban pronunciarse el mismo día, con minutos de diferencia.
“Leading case”
La causa Ribeiro Construcciones representa un caso testigo, o leading case, porque puede marcar una “bisagra”, un antes y un después en la consideración de la venta fraudulenta de departamentos o unidades habitacionales que nunca fueron entregadas y que se considera desde la acusación nunca fueron previstas de entregarse.
Tras este veredicto, se juzgarán acaso con esta óptica otros procesos judiciales que se tramitan durante años y que esperan la llegada de justicia, como las causas “Euromayor”, “Marieschi” y “Parque Siquiman”, por citar sólo algunas.
A la vera de la incertidumbre
A la vera norte del Suquía, a ambos costados del puente “Olmos”, donde se inicia avenida 24 de Setiembre, en barrio General Paz, se ubican varios “lotes” de terrenos públicos que se consideran expropiados por la acusación, que indica que un conjunto de personas se confabularon para venderlos y hacerlos reingresar al tráfico comercial.
Durante largos años se produjeron fuertes discusiones sobre la “verdad” de esta causa. Reconocidos escribanos, abogados de renombre y otros profesionales vienen defendiendo su situación de acusados en un debate en el que hay dos “bibliotecas” respecto de la validez de la expropiación de comienzos de la década de 1950. Los defensores sostienen que no se perfeccionó la expropiación y que siguieron siendo terrenos de la sucesión de la firma Bergallo y Pastrone.
Los fiscales Raúl Garzón y Laura Battistelli se pronunciaron a favor de una maniobra delictiva y pidieron también penas elevadas. Para el empresario Gustavo Oscar Trebucq solicitaron siete años y medio de prisión, mientras que para los abogados Alejandro Damia y Ernesto Blanco, siete años y 10 meses de cárcel, al tiempo que para los dos escribanos, Lucrecio Lanza Castelli y Daniel Eduardo Ahumada, reclamaron seis y cinco años.
También están con pedidos de prisión elevados el acusado de hacer una de las compras de terrenos, Gustavo Roca Feigin (cinco años); la viuda del dueño original del predio, Carmen Graciela Chacón de Salomón (cinco años); Celia Victoria Altamirano Ahumada, quien era funcionaria de Catastro (cuatro años de prisión); el escribano Roberto Francisco Brusa (cuatro años y medio), y Juan Manuel Rocha Fernández, quien era funcionario de la Municipalidad de Córdoba (cuatro años).
El ingeniero que hizo mensuras en los terrenos, Roberto Esteban Crosetti, tiene un pedido de tres años y medio de prisión; el escribano Esteban Ferrer Frontera soporta un requerimiento de tres años y dos meses de encierro; los hijos del matrimonio Salomón-Chacón, Cristian Leonardo y Daniel Alejandro Salomón, recibieron una solicitud de tres años de prisión condicional, lo mismo que el acusado de ser el primer comprador de los predios, José Luis Nelli.
Además, Ricardo Noé, quien era funcionario de la Dirección de Catastro, recibió un pedido de pena de un año y medio de prisión.
