Un revés procesal sufrió el empresario autopartista cordobés Alejandro “Jano” Pedrosa hijo (41), quien había recurrido la prisión preventiva que le dictó en marzo pasado el fiscal Enrique Gavier, tras su detención en noviembre de 2023 como miembro de una organización que se presume que cometía decenas de estafas con ventas fraudulentas en el loteo Estancia Santa Lucía, en camino a Alta Gracia.
El juez de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba, José Milton Peralta, rechazó el recurso que había presentado la defensa de Pedrosa en contra de la prisión preventiva y confirmó la denegatoria del cese de prisión.
Por otra parte, el magistrado avaló en su mayor medida la acusación que pesa sobre él, con un ligero alivio en su participación en las defraudaciones.
El juez Peralta sigue considerando al empresario –conforme a la imputación de Gavier– como “organizador de asociación ilícita”, pero aligeró la acusación respecto de las 68 estafas (reiteradas): de “coautor” pasó a considerarlo “partícipe necesario”.
Pedrosa es un conocido empresario autopartista de la empresa familiar Prodismo, donde en la actualidad ocupa el cargo de director de finanzas y administración. Ese mismo cargo ocupa en otra industria floreciente, la firma Üveg SA, dedicada a la fabricación de cristales especiales para la construcción.
Causa a juicio
Instruida por Gavier, la causa “Estancia Santa Lucía” ya fue enviada a juicio con ocho acusados de montar una asociación ilícita para estafar a particulares con la venta de terrenos que no les pertenecían.
Los imputados son Luis Raúl “Gabucho” Bizzocchi (49), el escribano Gonzalo Ernesto Argarate (60), Orlando Conti (69), Pedrosa, Marcelo Tobías Nasif (53), Ricardo Gustavo Bizzocchi (58, hermano de Luis Raúl), el abogado Rodrigo Maximiliano Marcelo Hoyos Gijón (37) y el abogado Omar Llamil Badrán (69).
El emprendimiento Estancia Santa Lucía fue trazado en una porción de tierras ubicada en camino a Alta Gracia –ruta provincial 5, kilómetro 17– que había tenido relación con un expediente de la megacausa del Registro de la Propiedad. Dentro de ese reducto de tierras que no le pertenecían, Luis “Gabucho” Bizzochi habría diseñado un desarrollo inmobiliario junto con otros miembros de una organización ilícita, con la intención de vender cerca de 2.500 parcelas a más de U$S 16 mil cada una. Se estima que, con la “venta” de esos terrenos, el agrupamiento ilegal se haría de unos U$S 50 millones.
En su requisitoria de citación a juicio firmada en marzo último, Gavier les asigna a “Gabucho” Bizzocchi y a Conti el papel de “jefes” de “asociación ilícita”, más “falsedad ideológica”, coautores de “defraudación por otorgamiento de contrato simulado” y coautores de “estafas reiteradas” (todo en concurso real).
Al escribano Argarate lo envió a juicio como “organizador” de “asociación ilícita” y los otros cargos de los supuestos “jefes”: “falsedad ideológica”, coautor de “defraudación por otorgamiento de contrato simulado” y coautor de “estafas reiteradas”.
A “Jano” Pedrosa también lo consideraba “organizador” de “asociación ilícita” y “coautor de estafas reiteradas”. Pero ahora, por lo que definió el juez Peralta, sigue siendo “organizador” dentro de la banda, pero es “partícipe necesario” en esas 68 defraudaciones.
Antes de los procedimientos de Gavier, en agosto de 2023, el fiscal federal Enrique Gavier había realizado decenas de allanamientos e imputó a más de medio centenar de “ricos y famosos” de Córdoba por lavado de activos y otros delitos federales, muchos de ellos relacionados con Santa Lucía.
Rechazo del juez de Control
Pedrosa cayó preso finalmente a mediados de noviembre de 2023, por la investigación de Gavier con relación a las estafas inmobiliarias.
En su defensa, los abogados de Pedrosa han venido sosteniendo que su participación en Santa Lucía responde exclusivamente a su carácter de inversor y comprador de buena fe. Añaden que el empresario autopartista únicamente realizó erogaciones de dinero –compras– que fueron debidamente declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
La defensa del empresario argumentó que, si se sostiene que la finalidad de la asociación era defraudar mediante la venta de lotes, entonces, el aporte de capital que habría realizado Pedrosa no era necesario para concretar esa finalidad, pues las defraudaciones comenzaron con anterioridad.
Pedrosa se centra en sostener que únicamente era un inversionista y que no tenía conocimiento de la irregularidad del emprendimiento, es decir, que no actuó con dolo.
Pero, en su análisis, el juez Peralta rechaza los argumentos defensivos e indica que “existen numerosas conversaciones mantenidas entre Pedrosa y Bizzochi que contradicen la postura defensiva del imputado, pues evidencian su conocimiento de la irregularidad del loteo y el rol que este desempeñaba, el cual excede de lo razonable para un inversionista”.
El magistrado cita en su argumentación un informe pericial que analiza el celular de Bizzochi, “del cual surgen numerosas conversaciones con Pedrosa sobre el fraudulento emprendimiento inmobiliario Estancia Santa Lucía (ESL)”.
En otro intercambio telefónico, Pedrosa le manifestó a Bizzochi: “Conseguime lo que te pedí, yo lo disfrazo y te consigo al menos dos ofertas (…). No hables con nadie de la venta, no es sano (...). Yo voy a hacer el ranking de los nombres y voy a ir ofreciendo uno a uno”.
Para el juez Peralta, “el uso de la palabra ‘disfrazar’ resulta relevante, pues permite pensar que se habría referido a mostrar algo de una manera alejada de la realidad –que es precisamente lo que implica el engaño en el delito de estafa–”. Luego, el expediente cita la respuesta de Bizzochi: “Una venta sin que suene a venta”. A esto, Pedrosa contesta: “Vos dejame a mí”.
Para el magistrado, este tipo de comunicaciones permite “sospechar de la connivencia de Pedrosa con Bizzochi y su conocimiento de la irregularidad de la operatoria”. También le resulta llamativa la cautela con la que sugiere ”manejar” la venta del loteo. Más adelante, Peralta remarca que Bizzochi le recomienda a Pedrosa “no exponerse personalmente” y “ni quedar expuestos si algo sale mal”. Todo esto no resulta para el juez una actitud razonable de un inversionista desconocedor de la situación del loteo.
Por estas conversaciones, para el juez de Control, “Pedrosa no asumió el rol de un simple inversionista, sino más bien el de un par junto con Bizzochi, a quien le daba recomendaciones y directivas”.
