El 3 de marzo es una efeméride dolorosa para la historia vial de Córdoba. En 2007, tres jóvenes perdieron la vida y otros tres quedaron gravemente lesionados cuando Matías Castro, quien conducía el vehículo en el que regresaban de una fiesta en la localidad de San Roque, chocó contra otro en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz y terminó volcando en el cantero central.
En el siniestro murieron Enzo Paniza (17), Manuela Gorriti y Leticia Buffa (ambas de 21); mientras que Juan Manuel Palacios Sosa (21), Florencia Córdoba (20) y Anabel Pico (20) sufrieron heridas de consideración.
La causa tuvo en su momento una gran trascendencia, ya que puso en discusión el descontrol en la diversión nocturna de los jóvenes.
A 15 años de la tragedia, conversamos con Esteban Gorriti, padre de Manuela Gorriti, y uno de los principales impulsores de la investigación.
–¿Cómo continuó su vida después de la tragedia?
–Mi vida y la de mi familia cambiaron para siempre ese día fatídico. La tragedia del Ford Ka y la pérdida de mi hija Manuela en ella me impulsaron a investigar en profundidad las circunstancias generales que provocan este tipo de siniestros viales en las madrugadas de los fines de semana.
Pese a la abulia del fuero penal, conseguí reunir información sorprendente sobre el porqué de la ausencia de Estado en la nocturnidad juvenil. Gracias a La Voz pude explicarle a la sociedad cordobesa los nexos espurios del poder político con los intereses comerciales del negocio de la noche, que básicamente consiste en la oferta indiscriminada de alcohol recreativo a los adolescentes y jóvenes hasta producir intoxicaciones masivas que luego derivan en las estadísticas de fatalidad: más de 3 mil muertes por año, de jóvenes entre los 15 y 35 años de edad.
La batalla judicial que dimos los padres de las víctimas del Ford Ka no fue sólo contra el conductor ebrio -Matias Castro- sino también contra el Estado provincial y la comuna de San Roque, por el incumplimiento total de sus deberes de seguridad sanitaria y vial, que configuraron las causas primarias de ese evento dañoso.
Conseguimos sentar jurisprudencia pues obtuvimos tres sentencias favorables a nuestro reclamo por daño moral. Ese es nuestro aporte a la lucha de tantos padres por preservar la salud y la vida de sus hijos en el marco de este caos que es la nocturnidad.
–¿Qué hace falta cambiar para que estas tragedias dejen de suceder?
–Creo que hace falta que la dirigencia política, en especial la que gobierna, asuma la problemática de la inseguridad en que se encuentra la juventud en sus salidas nocturnas y tenga el coraje cívico de ponerle límites a la oferta de alcohol recreativo, estableciendo una regla jurídica básica: que se haga responsables objetivamente a los realizadores de eventos alcoholizantes, previstos por el artículo 7 de la Ley penal especial 24.788 de “Lucha contra el alcoholismo”, por todas las consecuencias y daños asociados producidas a posteriori de los mismos, como autores delictivos embriagados en tales circunstancias.
Mientras el oferente de la droga legal –bolichero y afines– sea impune a las consecuencias de sus actos de comercio abusivo, las tragedias viales y de todo tipo, como la violencia urbana, serán interminables y cada año miles de padres tendrán la horrible experiencia de tener que enterrar a sus hijos en la flor de la edad.
Lamentablemente no parece que la dirigencia política argentina, oficialismo ni oposición, estén interesados en este tema tan importante y dramático. Soy pesimista sobre el futuro de mi propuesta jurídico-sanitaria.
El fallo: homicidio culposo agravado
Cuatro años después de la tragedia, la Cámara Séptima del Crimen condenó a Matías Castro a cuatro años y 10 meses de prisión, por considerarlo culpable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. También fue inhabilitado por ocho años para conducir vehículos. Castro estuvo en prisión hasta julio de 2014, al poco tiempo publicó un libro: “El chico del Ford Ka”, donde contó su versión de los hechos.
El fallo consideró que Matías Castro actuó con “negligencia, imprudencia e impericia”, aunque intentó evitar la colisión. En los argumentos, el juez Carlos Ruiz precisó que, tras las pericias, se detectó una “conducta activa por parte de Castro en procura de evitar la colisión” con el VW Polo. Sin embargo, en el fallo también se indica que el conductor se desplazaba “imprudentemente, a una velocidad superior a los 130 kilómetros por hora, lo que sumado a que negligentemente lo hacía en estado de embriaguez y con su vehículo excesivamente cargado dado la cantidad de personas que se trasladaban en el rodado (siete) que le dificultaba manejar con comodidad, a lo que cabe agregar su impericia, dado su escasa experiencia conductiva”.
Si bien el fiscal de la causa pidió que el acusado fuera condenado por homicidio con dolo eventual, el juez Ruiz indicó que Castro procuró “evitar el impacto mediante el frenado previo” y está “probado que intentó frenar antes de la embestida”.
“El imputado actuó con un alto grado de imprudencia, con extrema inobservancia de las normas que debía cumplir al mando de un rodado, pero descartamos que haya habido de su parte intención de dañarse a sí mismo o a terceros”, indicó el documento.
El fiscal investigado y la Provincia condenada
En 2013, tras una presentación realizada por Esteban Gorriti y su abogado Marcelo Touriño, el juez de control, Agustín Spina Gómez, resolvió imputar al fiscal de instrucción de la causa, Ricardo Mazzuchi, por “omisión de los deberes de oficio”.
La acusación estuvo principalmente fundada en la demora en la instrucción de la causa, que tardó 40 meses en resolverse. Mazzuchi fue finalmente sobreseído por la Cámara de Acusación.
En mayo de 2019, el Estado provincial, la comuna de San Roque y el conductor del vehículo fueron civilmente condenados a pagar por los daños producidos a las familias de las víctimas, en el caso del Estado, por la falta de controles.
