Mientras se espera una sentencia tras un segundo pedido de juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF2) concedió la excarcelación a cinco involucrados en el “narcoescándalo” de Río Cuarto.
Uno de los liberados es Andrés Rivarola, a quien el juez federal Carlos Ochoa identificaba como cabecilla de la organización, junto Mariano Rivarola (su hermano menor), Gabriel Bossi y Cristian Ortiz (los tres aún privados de la libertad) y Claudio Torres (asesinado en 2019).
Para el juez instructor Ochoa, estas personas habrían “integrado y dirigido una organización criminal”, destinada a organizar y financiar actividades de narcotráfico y maniobras de lavado de activos.
Con un exjefe policial (Gustavo Oyarzábal) entre los 15 imputados, la primera parte de la causa había sido elevada a juicio en julio de 2021. En diciembre de ese año, el entonces presidente del Tribunal Oral Federal número 2, Carlos Lascano, rechazó un acuerdo de juicio abreviado, propuesto por el Fiscal General, Carlos Gonella, y los abogados de los imputados.
En ese momento se rechazó el cambio de calificación legal de los hechos de “organización” a “asociación Ilícita”, delito que por tener una pena menor a seis años permitía el trámite abreviado.
Además, se advirtió que para los procesados con condenas anteriores por otros delitos (Mariano Rivarola, Ortiz, Bossi y Samuel Mansilla -integrante del Surrbac) debería declararse la reincidencia. Y para Mariano Rivarola y Cristian Ortiz, sumar, en concurso real, del delito de transporte de estupefacientes agravado, por supuestamente coordinar el traslado de 3,5 toneladas de marihuana de Misiones a Córdoba (causa “Yerba Mala”).
Pero este año, cuando el TOF 2 quedó integrado por los jueces María Noel Costa, José Fabián Asís y Julián Falcucci, las partes insistieron con el cambio de carátula e hicieron un segundo intento de acuerdo para concretar un juicio abreviado. El trámite implica que los imputados aceptan los cargos y logran penas atenuadas. Se interpreta que, aunque aún no se ha dictado sentencia, el TOF 2 ha aceptado la propuesta.
A todo esto, en marzo, el juez Ochoa elevó una segunda parte de la investigación, con cinco nuevos procesados: Jonathan Becerra, Cristian Schiarolli, Jonathan Monserrat, Gabriela Sueli Suárez (partícipes de narcotráfico y lavado, agravado por habitualidad), y Jonathan Palacios, procesado como partícipe necesario de narcotráfico.
Por qué lo excarcelaron
Según confirmó este lunes la Fiscalía General, por el tiempo que llevaban detenidos y las expectativas de las penas acordadas en la solicitud de juicio abreviado, el 29 de abril fue concedida la excarcelación a Andrés Rivarola, Cristian Berti, Jonathan Palacios, Gabriela Sueli Suárez (pareja de Ortiz) y Schiarolli (hijo de un ex director del hospital de Río Cuarto).
En todos los casos, se les impuso fijar domicilio, someterse al cuidado de Patronato de presos y liberados, no vincularse con personas relacionadas con los estupefacientes, y presentarse todos los meses en el Juzgado Federal de Río Cuarto.
Larga y sinuosa historia
Para el juez Carlos Ochoa, Andrés Rivarola, tenía un “rol predominante” en la presunta banda de Claudio Torres, “por su notable capacidad económica y patrimonial para sufragar los gastos de la organización de narcotráfico”. Llegó a juicio acusado de financiamiento de actividades propias del narcotráfico, “agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada” y como, presunto autor penalmente responsable de lavado de activos de origen delictivo agravado por haber sido “cometido con habitualidad”, en concurso real.
Según la investigación, Andrés Rivarola era el dueño de tres departamentos y cocheras del moderno edificio Alma de Río Cuarto, donde se habrían resguardado importantes sumas de dinero en efectivo y los autos de alta gama de la organización de narcotráfico. Se habría probado que llegó a tener más de 60 pólizas de seguro de autos a su nombre (varios de marca Audi, Mercedes Benz o BMW). Y, en paralelo, cómo fuente de ingresos sólo habría declarado un negocio de comidas: la rotisería “El pollo loco”.
Para el acuerdo, el fiscal general Gonella pidió la absolución por narcotráfico de Andrés Rivarola así como la eliminación del agravante por “habitualidad”, lo que habría aliviado su situación. En todos los casos, la Fiscalía convino con las defensas un decomiso de gran cantidad de bienes provenientes del lavado de dinero.
El millonario caso de tráfico y lavado desde Río Cuarto se destapó hace tres años, tras el asesinato de Torres, el llamado “zar de la droga”, el 16 de enero del 2019.
Días después, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del ministerio de Seguridad, anunciaba la detención de 14 personas y una millonaria suma en bienes decomisada a partir de la “desarticulación” de lo que era calificado como “una organización delictiva dedicada a la compra, distribución y comercialización de sustancia estupefaciente que operaba en la ciudad cordobesa de Río Cuarto”.
Entonces, se confirmaba el secuestro de medio centenar de autos de alta gama, seis millones en efectivo, inmuebles por un valor aproximado de 27 millones, además de joyas y electrodomésticos.
La investigación había comenzado en 2014, por iniciativa de gendarmes que luego fueron detenidos, condenados por transporte de estupefacientes. Recién hubo novedades en el caso cuando fue acribillado a balazos en la puerta de su casa a Torres, delito que hasta el momento no fue esclarecido en la Justicia Provincial.
Para el juez Ochoa, durante cinco años esta supuesta banda financió y operó circuitos de transporte, distribución y comercialización de toneladas de cocaína y marihuana en el país y países vecinos y utilizaba la compra y venta de altos de alta gama para lavar activos y transportar sustancias.
