Para el especialista en derecho laboral Luciano Ciaravino, hablar de “industria del juicio” en este fuero “es muy relativo” y no tiene mayor sustento si se analizan las estadísticas de las causas de los Tribunales provinciales.
La primera referencia que cita el integrante de la Sala Laboral del Colegio de Abogados tiene que ver con estadísticas oficiales que extrae de la página web “Justicia Córdoba” sobre el “Centro de Estudios y Proyectos Judiciales”, donde están las cifras de causas anuales ingresadas a los Tribunales provinciales, en todos sus fueros.
“Si hay una industria del juicio, se supone que la mayoría serían juicios laborales, y no es así”, sostiene Ciaravino. Valiéndose de esas estadísticas, señala que las causas que encabezan las cifras son, por lejos, las ejecutivas, particularmente las ejecuciones fiscales, a cargo de la Dirección de Rentas, municipalidades, servicios, tarjetas de crédito y pagarés, en ese orden y entre otros.
Si bien el portal no tiene datos muy actuales (los últimos son de 2022), sobre un total de 467.275 mil causas en el año, el rubro ejecuciones se lleva casi la mitad: 247.015, según los números que tiene publicados la Justicia provincial.
Después, con cifras muy inferiores, sigue un fenómeno que ha crecido en los últimos tiempos y que no puede sustentar la idea de una industria del juicio: la violencia familiar, que acumula en ese año computado 58.311 expedientes.
Sin que sigan apareciendo en los primeros lugares los litigios laborales, el tercer lugar de ingreso de causas a los Tribunales provinciales se lo lleva el fuero Civil, donde se acumulan 57.912 casos. Allí se inscriben siniestros de tránsito, declaratorias de herederos y otros trámites de esos juzgados.
En el cuarto lugar sí aparece la Justicia laboral, bastante atrás, con 25.008 casos, que porcentualmente es sólo un 5,35 por ciento sobre el total.
Muy cerca, en el quinto puesto se sitúan causas de Familia, con 22.698.
Ciaravino pone énfasis en mayores motivos para considerar “relativo” el impacto de los casos laborales en una supuesta litigiosidad exacerbada: de esos 25 mil casos, unos 8.500 se refieren a despidos ordinarios, unos 8.200 a trámites ordinarios de incapacidad (reclamos a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo -ART-) y procedimientos de declaratoria 3.284.
Quien también es secretario general del Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas de Córdoba sostiene que esos números dan un marco de previsibilidad a las empresas, lejos del temor a una alta litigiosidad. El objetivo de la Justicia laboral, entiende, es que sea reacional darle previsibilidad al riesgo del empresario. “Cuando las empresas toman un trabajador, en blanco, saben cuánto deben abonarle de aportes, de riesgos de trabajo y si se produce un despido”, explica.
Ciaravino insiste que “es incorrecto decir que en la Justicia laboral no se sabe cuánto vas a pagar (frente a una demanda), porque está todo tarifado”. Sí “aparecen las variaciones” cuando hay trabajo en negro.
Más allá de estas consideraciones estadísticas, sobre cifras de hace dos años y medio, el abogado afirma que “ha bajado la judicialidad” con la reciente implementación en este fuero laboral de los procedimientos que resuelven casos en menos de un semestre.
Otros países
En tanto, desde el Colegio de Abogados de Córdoba sostienen que la comparación de sistemas de riesgos del trabajo (ART) en Argentina, con el sistema de Chile y España, es absolutamente engañosa. Esa comparación es una “analogía” que se utiliza con frecuencia para justificar la teoría de la “industria del juicio”.
Desde el Colegio de Abogados local sostienen que equiparar los sistemas de riesgos del trabajo de estos países es un error. Fundamentan que en Chile y en España sí existe un fuerte compromiso con la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Las ART mutuales chilenas y las sociedades de prevención españolas implementan programas de seguimiento y capacitación constante, lo que reduce drásticamente los índices de siniestralidad.
Menos judicialización en Córdoba
Por otra parte, Ciaravino también trae cifras de otras jurisdicciones, parecidas a la provincia de Córdoba, y en esas comparaciones sostiene también que los Tribunales locales salen favorecidos al considerar juicios iniciados contra las ART.
Tomando estadísticas mensuales (diciembre de 2024), sólo por incapacidades, en la Caba hubo 1.839 causas, en Santa Fe 1.338, en Mendoza 678 y en Córdoba 626.
La provincia “gemela” a la nuestra es Santa Fe -por población y estructura productiva- y la comparación es de más del doble, 626 contra 1338.
Mendoza, que tiene menor población que nuestra provincia, tiene más juicios que Córdoba. Caba es una jurisdicción con mayor población y tiene casi el triple de casos.
Más allá de las cifras y de las comparaciones que puedan formularse, Ciaravino sostiene que alguien puede pensar que en Córdoba hay una alta judicialización, pero aclara que precisamente para eso están los Tribunales, para recoger los reclamos laborales. “La gente tiene derecho a reclamar y los Tribunales deben recibir eso”, sostiene.
Y luego agrega: “Hay juicios porque estamos en un estado de derecho, no en una dictadura, lo que supone como algo sano y bueno que los ciudadanos hagan juicios para garantizar sus derechos”.
Incidencia según el Indec
Otro dato importante para el abogado laboralista parte de otras cifras: según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en Córdoba hay 55 mil empresas, entre las grandes y las pequeñas y medianas (pymes).
Y el abogado, completa: si se divide la cantidad de empresas por juicios, da un índice de 0,8 juicios por empresa. Luego, manifiesta Ciaravino que, “si un juicio promedio ‘cuesta’ entre dos millones y cinco millones de pesos, es difícil que ese litigio termine fundiendo una empresa”. Esto indicaría que, según la estadística, no sería un problema grave.
A modo de síntesis, Ciaravino sostiene que “si los juicios en Córdoba son muchos o pocos, eso es muy relativo, y además habría que ver con qué se compara”.
También citando estadísticas internacionales de enfermedades profesionales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina estaría “subdenunciando” ese tipo de dolencias.
Para él, “un juicio” en serio “es una artesanía” porque implica un gran esfuerzo de los abogados, con numerosas instancias. Aclara que esos procesos son de plazos más largos y, fundamentalmente, hay que pensar que “no todos los juicios se ganan”.
