El caso conmocionó a la comunidad universitaria provincial y a todo el país: Luis Augusto Olmedo, el titular de la cátedra de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue imputado en 2020, en plena pandemia, por extorsionar a sus alumnos al reprobarlos si no concurrían a una academia privada.
Detenido con prisión domiciliaria -que luego le fue revocada- en el expediente instruido de oficio por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, también quedaron involucrados por el mismo cargo, “extorsión continuada”, quienes habrían sido sucesivamente encargados del instituto de enseñanza paralela, Adrián Oscar Casalis y Augusto Massimino.
Pero el impacto no cesó en ese círculo, también quedó involucrada en la acusación y en la elevación a juicio la exdecana de la facultad, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, a quien se acusa por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se sostiene que habría hecho caso omiso a las denuncias de alumnos sobre la “venta de exámenes”.
El expediente tuvo varias idas y vueltas y finalmente a fines de 2022 terminó “subiendo” para que este martes el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba, abra la audiencia e inicie el juicio. Tras idas y venidas, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dio aval absoluto a lo investigado. Luego, hubo discrepancias entre el tribunal de juicio y el de instrucción, pero tras superarse cuestiones formales, el expediente pasó al esperado debate que se inicia en las próximas horas.
El juicio
Con la acusación del propio Hairabedian, juzgarán a los cuatro acusados el tribunal presidido por Carolina Prado, junto a Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci.
Considerado una vulgar “venta de exámenes”, el caso terminó encuadrado como extorsión continuada en perjuicio de decenas de alumnos. La decana Spadiliero de Lutri debe responder porque supuestamente no actuó para frenar el accionar de Olmedo a pesar de las denuncias y quejas de los alumnos.
La acusación sostiene que Olmedo aprobaba sólo a los alumnos que habían concurrido a la academia y reprobaba sistemáticamente a quienes no lo habían hecho. De esta forma, quienes se negaba a pagar esa enseñanza paralela, eran aplazados cinco, seis y hasta siete veces, según las denuncias.
En el juicio que se inicia este martes en la torre de Tribunales Federales, en el parque Sarmiento, actuarán como defensores Manuel Andrés Calderón Meynier y Eduardo Tarasconi, en representación de Olmedo; el defensor público oficial Jorge Perano (Casalis), el también defensor público Rodrigo Altamira (Massimino) y Alejandro Pérez Moreno (Spadiliero de Lutri).
Por otra parte, también se constituirán como parte los querellantes particulares -supuestos damnificados- Francisca Ameñazas, Guadalupe Chaguri, Milagros Rinconez, Marina Anahí Vega, Verónica Cinthia López, Agustina Llugdar, María Abigail Limpitay y Victoria Ortiz Castellano, todos representados por Facundo Rodríguez de la Torre.
La organización del TOF 1 ya previó que pueden declarar 57 testigos y el programa de audiencias que prevén su finalización el próximo 2 de mayo.
Cobros durante años
Según el expediente, los pagos para asistir a la academia y aprobar se remontan al menos hasta 1997. Pero también se sostiene que las exigencias de dinero comenzaron a comienzos de los ‘90.
La “academia” habría funcionado a cargo de Casalis por lo menos desde inicios de los 2000, si bien podría haber comenzado unos cinco años antes. Esa “administración” continuó hasta 2015 o 2016 cuando el director de la “paralela” se habría distanciado del titular de la cátedra oficial. La instrucción exhibe 30 alumnos con los montos que abonaron, llegando a cifras cercanas a los 15 mil pesos.
Hasta que estalló el escándalo por la investigación de Hairabedian, en los últimos cinco años el encargado fue Massimino, con numerosos alumnos que se acercaron en 2020 a declarar a la Justicia federal y que también hicieron aportes que habrían llegado a cerca de 25 mil pesos. Al momento de producirse las denuncias, a mediados de 2020, el monto que “manejaban” en los pasillos de Odontología era de unos 30 mil pesos.
El expediente se nutre de declaraciones que hablan del suplicio de alumnos que pagaron para aprobar y de aquellos que fueron “bochados” sistemáticamente, tres, cuatro, cinco y hasta ocho veces.
La exdecana
El fiscal Hairabedian argumentó que es ilegal que en su momento la entonces decana Spadiliero de Lutri no haya denunciado el delito.
Miembro de la conducción de la facultad y decana a partir de 2014, Spadiliero de Lutri “no ejecutó el deber que le imponía” la ley “consistente en la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias”, según afirmó Hairabedian.
