Facturas falsas para disminuir impuestos. Retenciones improcedentes de IVA y Ganancias para cancelar ilícitamente obligaciones ante la Afip. Manipulación de domicilios fiscales para burlar los controles.
La situación procesal de estudios contables de Buenos Aires y de Villa María que habrían montado una banda delictiva se complicó aún más en la Justicia federal de Córdoba.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó, días atrás, los procesamientos dictados por el juez de Villa María, Roque Rebak, en contra de Carlos Alberto Giovanardi, como jefe de la presunta asociación ilícita fiscal y de Marisabel Regis (como integrante); Jorge Alberto Marchetto, como autor de simulación dolosa de cancelación de obligaciones; y Giovanardi y Regis como partícipes necesarios.
Asimismo, María Cristina Visca (como coautora de asociación ilícita fiscal y partícipe necesaria de simulación dolosa de cancelación de obligaciones); Corina Daniela Capizzano; Claudio Norberto Capizzano y Gabriel Claudio Capizzano (por simulación dolosa…) desistieron tácitamente de la apelación. A su vez, los Capizzano y Marchetto no apelaron su procesamiento por asociación ilícita.
La Voz intentó comunicarse, sin éxito, con Giovanardi y los Cappizzano.
Maniobras bajo la lupa
Al procesarlos en junio de 2021, el juez Rebak sostuvo que Giovanardi, Regis y los Capizzano se habrían valido (antes de mayo de 2015) del Estudio Giovanardi (ubicado en Villa María), del Estudio Capizzano (en Banfield) y del Estudio María Cristina Visca (de Lanús) para pergeñar una “usina” de facturas falsas.
Giovanardi habría captado clientes y les habría vendido saldos de libre disponibilidad de terceras personas, bajo un aparente marco de legalidad. Una vez que los clientes le entregaban el dinero, Giovanardi habría ordenado a Regis, Visca y los Capizzano que generaran facturas apócrifas para disminuir ilegalmente las cargas fiscales de los clientes.
Giovanardi no es la primera causa penal que afronta. En 2022, fue procesado como parte de un entramado de maniobras perpetradas desde una mutual de Villa María y de James Craik.
En la actual causa, los imputados también habrían computado retenciones improcedentes en declaraciones juradas de IVA y Ganancias, que eran utilizadas para cancelar ilícitamente, por medio de compensaciones, las obligaciones fiscales. Además, habrían manipulado domicilios fiscales para burlar los controles.
Al allanar el estudio de Giovanardi (habría manejado más de 250 contribuyentes con sus Cuit y claves), los investigadores encontraron pruebas de los cambios de domicilios fiscales de los clientes.
En cuaderno se llevaban anotaciones como “Establec. Don Violante, cambio de domicilio tiempo, Cert. Fiscal”, en referencia a una de las empresas de Marchetto (las otras son El Talero SA, Don Violante SA y Transporte Marchetto SA).
En las anotaciones se utilizaron flechas para señalar relaciones entre las empresas y las presuntas operatorias. Otras, al parecer evidenciaban no solo los cambios de domicilios respecto de otros contribuyentes sino las tareas ordenadas al estudio Capizzano, compensaciones realizadas y la utilización de las facturas de proveedores apócrifos.
Un correo electrónico enviado por un hombre al Estudio Giovanardi dejó al descubierto la posibilidad del armado de maniobras para simular la integración de sociedades mediante la utilización de personas interpuestas. “Si se puede conseguir uno que preste el nomb (sic) y que sea presid (sic) por muy poquito tiempo (…)”, pedía el remitente.
“De todas estas anotaciones se desprende que era desde el estudio de Giovanardi que se ordenaban los cambios de domicilios fiscales y las formas y fechas en que debían hacerlo”, indicó la camarista Graciela Montesi al confirmar el procesamiento del contador.
En algunos casos, esas modificaciones se podían hacer en forma electrónica, a través de la página de la Afip, pero en otros de manera excluyente se debía concurrir personalmente al fisco. En el cuaderno incautado aparece una anotación en esa línea: “No se puede por internet. Hay q ir a Afip”, se señaló.
Los domicilios fiscales de las empresas de Marchetto fueron impugnados por la Afip y no habrían sido el lugar de dirección o administración principal y efectiva de las firmas. De las constancias en la causa surgió, por ejemplo, que el domicilio fiscal declarado (e impugnado) ubicado en calle Libertad 417, piso 13 de Caba es el mismo en al menos nueve contribuyentes más. En algunos casos de las firmas de Marchetto, también coinciden las fechas en se habrían efectuado los respectivos cambios y, en otros, son cercanos en el tiempo.
Los inspectores de la Afip detectaron la existencia de un edificio en Libertad 417 que prestaba un “servicio de domicilio”, donde los “contribuyentes fijan su domicilio fiscal. Cuando se requiere alguna información existe una persona que proporciona los datos solicitados. Este inmueble es o ha sido el domicilio fiscal de algunas/os de los contribuyentes que habrían sido usuarios en la maniobra denunciada”: Marchetto, Transporte Marchetto y Don Violante SA.
Incluso, en 2011, El Talero, Transporte Marchetto, Don Violante y Jorge Alberto Marchetto figuraban en Lavalle 1675 (Caba) a pesar de que los domicilios legales declarados como los de explotación están en Villa María.
A su vez, la Afip encontró irregularidades relacionadas con domicilios inexistentes respeto de tres firmas y dos personas físicas que usaron la misma dirección en Caba. Entre esas tres compañías aparece Rodeos SA, a cargo de los titulares, Limber José Servio y Clelia Corbo.
En otra causa, Servio fue enviado a juicio por una evasión de $ 1,8 millones correspondientes a Ganancias. Pero fue beneficiado con una probation si cancelaba la deuda con la Afip y donaba $ 600 mil al hospital Pasteur.
Otros mails apuntaron al Estudio Capizzano como el responsable de conseguir las direcciones para registrar los domicilios fiscales falsos. Corina Capizzano envió un correo al estudio de Giovanardi en el que se detalló la confirmación de un domicilio en Caba. “Este mail contiene agregado a mano un círculo sobre la dirección y la frase ‘No hacer todavía’, lo cual refuerza la hipótesis de que las decisiones las tomaban desde el estudio Giovanardi”, afirmó Montesi.
Pero los correos no habrían alcanzado sólo a algunos de los procesados, sino a todos a partir de las comunicaciones entre Gabriel Capizzano y una familiar de Marchetto y de ella a Corina Capizzano. También de Corina a Regis y de Corina a Visca. “Dan cuenta del conocimiento y voluntad sostenida en el tiempo para la realización de las actividades ilícitas”, concluyó la camarista.
Simulación dolosa
Por su parte, Marchetto, Gionavardi y Regis quedaron sospechados de haber consumado maniobras de simulación dolosa de cancelación de obligaciones. El empresario habría recurrido al estudio de Giovanardi para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (IVA 2013 y 2014) y Ganancias (2013).
Desde el estudio de Giovanardi se habría gestionado con el de Capizzano y Visca los saldos falsos con retenciones inexistentes en las declaraciones juradas del IVA. De este modo, utilizando esos saldos, la banda habría logrado que Marchetto cancelara ilícitamente $ 1.033.649, $ 28,13 y $ 600.021 cuando los fondos habrían sido inexistentes (perjudicando al fisco), lo que supera los $ 500 mil que establece la figura penal. Eso dio lugar, asimismo, a una denuncia de evasión en contra Marchetto.
Marchetto alegó haber sido engañado por la banda de Gionavardi creyendo que los saldos eran legales, algo que los camaristas Montesi y Eduardo Ávalos e Ignacio Vélez Funes desestimaron en función de los elementos probatorios.
En su casa encontraron elementos que demostrarían que “no solo habría tenido conocimiento acerca de las actividades ilícitas” de la banda sino que las maniobras de “utilización de domicilios fiscales falsos y saldos (..) inexistentes para compensar obligaciones fiscales de las empresas del grupo Marchetto habrían sido llevadas a cabo con su participación activa, consentimiento y voluntad”, dijo Montesi. Incluso aparecieron anotaciones con un diagrama de utilización de supuestas empresas fantasma.
La Sala A confirmó los procesamientos (hecho noveno) de Giovanardi y Regis (por asociación ilícita fiscal) y simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Marchetto, también procesado por este último delito, no apeló por asociación ilícita. Su familia, acusada inicialmente por asociación ilícita, fue sobreseída supuestamente por haber sido objeto de un engaño de parte Gionavardi.
Por su parte, los camaristas también aludieron a las imputaciones de Servio, Corbo, Giovanardi, Regis, todos los Capizzano y Visca por simulación dolosa de cancelación de las obligaciones respecto al hecho décimo segundo.
Si bien el juez de Villa María los procesó, luego suspendió el trámite de la causa hasta que Servio y Corbo cancelaran la deuda con la Afip de Ganancias (2008, 2009 y 2010). El magistrado hizo extensiva la suspensión a los demás imputados, lo que motivó a que los camaristas no le dieran tratamiento a las apelaciones por los procesamientos.
