El fiscal Nº 2 de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, tomará indagatoria en los próximos días a los dos efectivos policiales detenidos por el procedimiento que terminó con la muerte de Samuel Tobares, el trabajador de 34 años que falleció el 23 de noviembre en Villa Parque Síquiman. Así lo confirmaron a La Voz fuentes de la Justicia de Villa Carlos Paz.
Los imputados son el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero, quienes se encuentran acusados de homicidio preterintencional. Fueron trasladados al pabellón de los uniformados de la Cárcel de Bouwer.
Según trascendió, ambos quedaron en situación pasiva.
Mientras avanza la causa, la defensa de los efectivos presentó un pedido para evitar que se mantenga la imputación de homicidio preterintencional.
En contraparte, la querella, encabezada por el abogado Carlos Nayi, solicitó el agravamiento de la imputación y señaló que existió un “uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento”.
Fuentes judiciales anticiparon que en las próximas horas se conocerán detalles ampliados de la autopsia, estudio central para determinar la causa efectiva de la muerte de Tobares y evaluar si hubo maniobras violentas, errores de procedimiento u otros factores que derivaron en el desenlace fatal.
Operativo policial, golpes y muerte
El domingo 23 de noviembre, Tobares regresaba de trabajar y descendió del colectivo que lo llevaba desde Villa Carlos Paz hacia Villa Parque Síquiman.
Permaneció algunos minutos en la garita ubicada sobre la ruta 38, donde —según algunas fuentes del caso— se originó el control policial a partir de la denuncia de una vecina de la zona.
Otra versión que analizan los investigadores sostiene que los agentes podrían haberse confundido de persona y que el operativo se habría iniciado por esa equivocación.
Lo concreto es que hubo golpes contra el muchacho, quien fue esposado. Testigos de la zona remarcan que recibió una andanada de golpes por parte de los uniformados.
El joven estaba desarmado.
Tras la intervención policial, fue trasladado hacia el Hospital Domingo Funes, pero llegó sin vida. Los médicos constataron su fallecimiento al arribo del móvil.
Una marcha en preparación
La muerte de Samuel Tobares generó una fuerte reacción en organizaciones LGTB+ de Punilla y de la provincia, que en los últimos días comenzaron a coordinar una marcha para exigir justicia, visibilizar el caso y reclamar una investigación sin demoras ni encubrimientos.
Diversos colectivos señalaron que Samuel era parte y que su muerte no puede analizarse únicamente como otro episodio de violencia institucional, sino como un hecho que requiere perspectiva de diversidad y el análisis de posibles factores de discriminación.
En comunicados difundidos en redes, agrupaciones como Diversxs Punilla y referentes de Córdoba Diversa expresaron que “la muerte de Samuel no puede quedar en la impunidad” y reclamaron que la Justicia avance con celeridad en la reconstrucción de los hechos. También pidieron que el Estado provincial revise los protocolos policiales de control, especialmente en zonas donde se registran antecedentes de intervenciones violentas.
La marcha —cuya fecha se definirá en las próximas horas— busca sumar a vecinos, familiares, organizaciones sociales y colectivos que vienen denunciando situaciones de abuso policial en el corredor de Punilla. El objetivo, señalaron, es “mantener viva la memoria de Samuel y acompañar a su familia en un reclamo que es de toda la comunidad”.
Las organizaciones insistieron en que el caso debe ser esclarecido “de manera completa y transparente”, y remarcaron que no dejarán de movilizarse hasta que haya responsables identificados y sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
