En fallo dividido, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de los acusados de la causa de la financiera de Villa Belgrano. La decisión ubica el expediente más cerca del juicio oral, más allá de que la decisión tal vez podría ser casada por los defensores.
La sala A del máximo tribunal cordobés, con el voto de Graciela Montesi, la anuencia de Liliana Navarro y la disidencia de Ignacio María Vélez Funes, confirmó en buena parte el auto de procesamiento que en octubre pasado había dictado el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, tras la solicitud del fiscal Carlos María Casas Nóblega.
Los matices que no hacen uniforme la decisión de la cámara tienen que ver con algunas de las figuras de las imputaciones y algunos de los acusados.
En pleno, los procesamientos se confirmaron para los dos sindicados como jefes y organizadores de la presunta asociación ilícita, Martín Azar (43) y Diego Sebastián Sánchez (43), por los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen delictivo. Además, al primero se lo procesa por tenencia de arma de guerra en concurso ideal con encubrimiento de contrabando, por la posesión de un fusil estadounidense.
Los menos perjudicados por la decisión de la mayoría, o beneficiados por el voto de Vélez Funes, son los padres de Martín, Miguel Ángel Azar (69) y María Isabel Valoni (69), a quienes les declararon la nulidad parcial (por unanimidad) en el procesamiento de intermediación financiera no autorizada, por cuestiones procesales al ser indagados. Por unanimidad, para ambos se confirmó la acusación por asociación ilícita (como miembros), y por mayoría, por lavado de activos de origen delictivo.
Vélez Funes tampoco acompañó a las camaristas Montesi y Navarro en lo que respecta al lavado de activos para María del Milagro Martínez (39), quien por mayoría es procesada por intermediación financiera y miembro de asociación ilícita.
A Melina Marisa Manelli (44), Nicolás Ferrer Juárez (43) y Mario Jorge Novaro (45), se les confirmaron de pleno las acusaciones de asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada.
El caso estalló a mediados de febrero de 2020, cuando el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano (hoy jubilado) allanó esa financiera y una situada en el mismo edificio del complejo Valtodano, en Joule 5353, barrio Villa Belgrano, en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba. Además, fueron intervenidos los domicilios y otros lugares de referencia de todos los involucrados, incluidos los de los responsables de la otra financiera.
En cajas de seguridad de una firma de la zona, se secuestraron cifras millonarias en pesos y monedas extranjeras. El fiscal también incautó vehículos de alta gama y otros bienes de los involucrados.
Embargos
También la Cámara se pronunció respecto de los embargos dispuestos a algunos de los imputados. Fueron confirmados los embargos o la inhibición de la libre disposición de sus bienes por parte de Martín Azar y Diego Sánchez, por la suma de 40 millones de pesos.
En cambio, Vélez Funes votó en contra del embargo por el mismo monto al matrimonio Azar-Valoni, dispuesto por las vocales Montesi y Navarro.
También con disidencia del mismo camarista, se embargó hasta cubrir 20 millones de pesos a Martínez, Manelli y Ferrer Juárez. En cambio, en el caso de Novaro, se deben cubrir 10 millones de pesos.
Oficios a organismos
Además de disponer que el juez le corra vista a Casas Nóblega para que investigue la posible comisión de delitos perseguibles de oficio por parte de los acusados, la Cámara ordena que se remitan copias de la resolución a diferentes organismos, para perfeccionar la investigación.
Esas remisiones son a la Unidad de Información Financiera (UIF), ante presuntos delitos de lavado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de autoridad monetaria, y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, por las cuentas que algunos de los imputados tenían en ese país.
Revocan libertad
En otra decisión conocida este lunes, la Cámara Federal revocó la libertad concedida por Sánchez Freytes a la acusada Agustina Cherro (28), esposa de Martín Azar, quien había sido beneficiada con la excarcelación al dar por finalizada su prisión domiciliaria.
También con la disidencia de Vélez Funes, el tribunal sostuvo la peligrosidad procesal de la imputada -por posibilidad de entorpecimiento de la investigación- y se inclinó por su regreso al encierro domiciliario.
Si bien en las próximas horas el defensor Tristán Gavier podría presentar una casación al respecto, se presume que pesaría sobre la libertad de Cherro el carácter de “inmediato” que dicta el tribunal en esta resolución.
Esta decisión no hace más que reafirmar las diferencias de criterio respecto de la necesidad de encierro de los imputados que tienen el fiscal Casas Nóblega y el juez Sánchez Freytes.
Por otra parte, esto podría traer aparejado similar criterio con los otros acusados, también liberados por el magistrado. Desde marzo, no quedan detenidos en la causa.
