Quien está señalado como el líder de la financiera de barrio Villa Belgrano, Martín Azar, volvió a ser detenido este martes por su “peligrosidad procesal”, luego de que el 10 de marzo obtuvo la excarcelación.
Ahora, volverá al régimen de detención domiciliaria mientras se sustancia la investigación en su contra y sobre el entorno de acusados que habría formado parte de actividades ilícitas como intermediación financiera y lavado de activos, entre otros presuntos delitos.
La resolución tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba –integrada por Graciela Montesi, Liliana Navarro y Abel Guillermo Sánchez Torres– revocó, por unanimidad, la excarcelación que hace casi cuatro meses había dispuesto el juez federal N° 1 Alejandro Sánchez Freytes y que había recurrido el fiscal instructor, Carlos María Casas Nóblega.
La decisión es unánime, pero se destaca el voto de Navarro, que agrega la necesidad de que se investigue a los “fondeadores” de la intermediación financiera no autorizada, como elemento necesario de un delito que requiere de dos actores.
Ahora, a 116 días de que salió de su casa excarcelado, Martín Azar debe regresar al encierro domiciliario por existir presunción de que podría entorpecer la investigación. La parte resolutiva señala: “Debiendo procederse a la detención del nombrado encartado bajo la modalidad de prisión domiciliaria, como fuera oportunamente dispuesta y conforme las condiciones que fije el Juzgado Federal interviniente”. Esto último pareciera referirse a que sería resorte de Sánchez Freytes colocarle tobillera electrónica a Azar o no.
La causa
En abril pasado, el fiscal federal Casas Nóblega dio por concluida la investigación penal preparatoria y elevó a juicio la causa de las financieras de barrio Villa Belgrano, que funcionaban hasta mediados de febrero de 2020 al noroeste de la capital provincial.
El instructor formalizó el requerimiento en contra de los dos socios de la oficina principal, Martín Azar (45) y Diego Sebastián Sánchez (45); como así también contra los padres del primero, el excamarista provincial Miguel “Mili” Ángel Azar (71) y la exfuncionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) María Isabel Valoni (65); la exesposa de Martín, Agustina Cherro De Miguel (31), y la exesposa de Sánchez, Melina Marisa Manelli (45). También están citados al debate oral y público la empleada María del Milagro Martínez (41), y los operadores Jorge Mario Novaro (44) y Nicolás “Chino” Ferrer Juárez (45).
Casas Nóblega entiende que, con distintos grados de responsabilidad, deben responder por los presuntos delitos de asociación ilícita (los dos primeros como jefes y los otros siete como miembros), intermediación financiera no autorizada, lavado de activos de presunto origen delictivo, entre otros reproches legales. Se analiza en la acusación la realización de actividades como el descuento de cheques, la compraventa de moneda extranjera, transferencias de dinero posiblemente ilegal mediante la operatoria de “cable” (al extranjero), utilizando cuentas en el exterior.
También a Martín Azar se le endilga la tenencia de arma de guerra y encubrimiento de contrabando.
Además de las actividades en las oficinas del complejo Vistalba Mall, en Padre Simón Laplace 5442, de barrio Villa Belgrano, también se abrió una sucursal en el complejo Fader Office, ubicado en en 2° piso de Fernando Fader 3606, barrio Cerro de las Rosas, donde se realizaban similares operaciones financieras y cambiarias.
Riesgo de entorpecer
Volviendo a la decisión de la Cámara Federal, el análisis de la apelación de Casas Nóblega fue encabezado por el voto de la camarista Montesi, quien señala que ella ya se pronunció varias veces sobre la necesidad de que Martín Azar permaneciera detenido, como el 20 de abril de 2020, el 7 de octubre y el 11 de noviembre del mismo año, y el 30 de junio y el 1° de junio de 2021.
Citó que en su oportunidad resultó “relevante el conocimiento que tendría (Martín Azar) de la operatoria ilícita, el importante manejo de fondos y de cuentas involucradas en el supuesto de autos y la presunta intervención de terceras personas en las maniobras delictivas”.
También la vocal menciona la “existencia de contactos que alertaban a los encartados sobre las investigaciones en curso, concluyéndose por todo ello que frente al supuesto de recuperar su estado de libertad el imputado podría atentar” contra la investigación.
Además de señalar que el 31 de mayo de 2021 se confirmó su procesamiento, se añade que el pasado 16 de marzo la cámara confirmó por segunda vez las actuaciones por lavado de activos.
Montesi entiende que subsisten “medidas probatorias” pendientes “solicitadas a organismos públicos internacionales en procura de su esclarecimiento de los hechos que se investigan”. Añade que las medidas que se produzcan “pueden dar nacimiento a nuevos cursos de la investigación, e inclusive a nuevas imputaciones que el encartado en libertad podría intentar frustrar y evitar”.
También se señalan probables “vínculos con los que la asociación ilícita contaría, tanto en el país como en el exterior”.
Por eso, Montesi entiende “que la privación de libertad bajo régimen domiciliario –tal como fue oportunamente dispuesto– se presenta a esta altura como modalidad idónea para asegurar la comparecencia del encartado y despejar las posibilidades de entorpecimiento de la investigación”.
