“Pagué toda la casa y no pusieron ni un ladrillo”. Esa parece ser la expresión más común de lo que se escuchó en la última semana, tras conocerse la sucesión sostenida de denuncias penales en contra de la desarrollista Márquez y Asociados por presuntas estafas.
Los abogados que representan a los clientes que se consideran defraudados recogen los mismos relatos de lo que ellos llaman la “modalidad comisiva” a partir de la relación de los particulares con la empresa, lo cual excede, según indican, el incumplimiento de contrato y se inscribe claramente en una estafa.
Sostienen, para citar los requisitos de este tipo de defraudación, que desde el mismo momento de la contratación los empresarios saben que no van a cumplir. Citan como ejemplo que venden por muy debajo del valor del metro cuadrado de la construcción y de sus costos operativos. También hablan de la existencia de un ardid por el cual engañan a sus presuntas víctimas, y agregan que les hacen firmar contratos leoninos imposibles de cumplir y que esgrimen numerosos mecanismos para dilatar el inicio de las obras.
Lo más concreto es que también se cumple con el requisito de la estafa que requiere el “desapoderamiento” del dinero de la víctima, ya que aseguran que pagaron la totalidad de las viviendas y, aun más, con servicios de acondicionamiento del terreno para estar a la altura de exigentes requisitos que la empresa plantea.
Esos abogados cuyos nombres comienzan a hacerse conocer coinciden de modo unívoco en que los contratos datan desde 2016, o desde 2020 o varios años atrás, y que el plazo de entrega de la vivienda se encuentra totalmente excedido.
En las últimas jornadas, a la par de que algún vocero de la firma asegura que se está negociando con quienes reclaman y que se cumplirá con todos, surgen las voces de quienes asesoran a los “estafados” advirtiendo a unos que no firmen más condiciones contractuales y a otros que no ingresen en nuevos planes de construcción de viviendas.
Los Tribunales ya son transitados por expedientes de Márquez, entre denuncias penales, reclamos civiles y comerciales y pedidos de quiebra. Las denuncias que ahora concentra Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, comienzan a sumarse, tanto como los abogados que aparecen y aportan el dato de que también suman nuevos clientes que se dicen estafados.
Son muchos los letrados que hablan de consultas desde numerosas localidades del interior provincial, pero también citan casos de otras provincias, como Santiago del Estero, La Rioja y Santa Fe, entre otros distritos.
La pregunta que se responderá en las próximas semanas es qué dimensión tiene este “monstruo”, como comienza a denominar esta causa uno de los penalistas que denuncia. Ya no se cuentan por decenas los casos de reclamos y se teme que, de los cientos de presuntas víctimas, se pase a hablar de más de un millar de clientes que consideran que no les cumplieron con su vivienda.
Hay letrados que aventuran que la “causa Márquez” puede equipararse con otras de alto impacto, como la “megacausa Euromayor”, por la elevada cantidad de hechos que podrían aparecer en las próximas semanas.
