Siete policías pertenecientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), y tres civiles, se presentaron este viernes ante el fiscal Juan Pablo Klinger y reconocieron su participación en una trama delictiva que compromete el corazón de la lucha contra el narcotráfico en el interior de Córdoba.
Este reconocimiento de responsabilidad permitió que el proceso judicial culminara en una sentencia por la vía del juicio abreviado, una herramienta procesal que acelera los tiempos de resolución cuando los acusados aceptan los hechos.
El fallo fue dictado por el Juzgado de Control 8 y condenó a los siete miembros de la FPA: Luis Rubén Benavídez, Isidro David Rivero, Eduardo Raúl Moreno, Antonio Eduardo Ruiz, Sergio Ruiz, Diego Omar Bertino y Néstor Javier Márquez.
Los tres “dateros” investigados en la misma causa también recurrieron al juicio abreviado.
Todos lo hicieron como integrantes de una organización ilícita que desviaba droga secuestrada en procedimientos oficiales para pagar con ella a “dateros”, es decir, informantes ajenos a la fuerza.
La pena impuesta fue de tres años de prisión efectiva para nueve de los imputados.
Márquez, que se desempeñaba como jefe de Brigada, recibió una condena levemente superior, de tres años y seis meses.
Además, todos los efectivos fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos. No obstante, la mayoría de ellos recuperará la libertad en breve, ya que hace ocho meses se encuentran detenidos preventivamente en la cárcel de Bouwer y la falta de antecedentes más el buen comportamiento los habilita a solicitar el excarcelamiento.
En paralelo a este juicio, el fiscal Klinger también condujo una segunda investigación que puso bajo la lupa la conducta del fiscal Raúl Ramírez, de su prosecretario Patricio Domingo Bazán y del funcionario policial Mauricio Oyola, todos con roles centrales en la estructura judicial y operativa de Cruz del Eje.
Este segundo tramo judicial tuvo un nuevo capítulo clave: el mismo Juzgado de Control 8 confirmó la elevación a juicio de los tres imputados y rechazó todas las oposiciones planteadas por sus defensas.
La decisión marca un hito en una causa que podría generar consecuencias institucionales profundas, dado que se investiga a un fiscal y a un secretario judicial por encubrimiento y omisión de sus deberes funcionales frente a la desaparición de estupefacientes que debían estar bajo custodia del Estado.
Una asociación ilícita en la FPA
El juicio abreviado dejó al descubierto que los imputados aceptaron los cargos. Pero, además, se reveló que el uso de drogas incautadas como moneda de pago a informantes era una práctica más frecuente de lo que se cree dentro de las brigadas de la FPA, según reconocieron fuentes con acceso a la investigación.
En este caso, los “dateros” recibían porciones de droga a cambio de información sobre bocas de expendio y, en algunos episodios, también participaban activamente en procedimientos fingiendo ser compradores.
Lo que debía ser una política de investigación se transformó, en estos procedimientos, en una simulación alimentada con estupefacientes que nunca debieron salir del circuito judicial.
Las sustancias con las que se retribuía a los dateros no provenían de decomisos pequeños o aislados.
Según la acusación, los funcionarios policiales sustraían parte de la droga incautada en grandes procedimientos dentro de la cárcel de Cruz del Eje para acumularla y redistribuirla por fuera de cualquier marco legal.
Elevación a juicio: el avance contra Ramírez en la causa FPA
Respecto al fiscal Ramírez, la resolución del Juzgado de Control marca un punto de inflexión. En su fallo, los jueces desestimaron todos los planteos realizados por la defensa y consideraron que existía evidencia suficiente como para avanzar hacia el juicio oral.
Los fundamentos del fallo sostienen que tanto Ramírez como su secretario Bazán y el agente Oyola tomaron conocimiento de la desaparición de más de 500 gramos de droga —cocaína y marihuana— que habían sido incautados y estaban destinados a servir como prueba judicial.
Sin embargo, omitieron denunciar el hecho y no impulsaron ninguna acción penal para identificar a los responsables, ni siquiera una vez que se agotaron las búsquedas internas.
En esta oportunidad, los jueces ponderaron una abundante cantidad de prueba documental y testimonial, que incluye registros del sistema de secuestros, informes del depósito de evidencias de la FPA, testimonios de empleados judiciales y actas de extracción y entrega de estupefacientes.
En base a esa prueba, el tribunal concluyó que existía una “sólida base fáctica y jurídica” para llevar a juicio a los tres imputados por delitos como encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Aunque la resolución ya fue dictada, fuentes judiciales remarcaron que la defensa de Ramírez aún cuenta con instancias recursivas.
Si bien se reconoció que la cadena de custodia pudo haber sido quebrantada por terceros, se subrayó que el verdadero reproche penal recae sobre la inacción funcional que permitió que esa pérdida de pruebas quedara sin investigación ni responsables identificados.
