Interpol emitió este lunes por la noche un pedido de captura internacional contra Leonardo Nelson Cositorto, el Ceo de Generación Zoe, la organización señalada por la Justicia por supuesta estafa piramidal. La orden surgió a partir del requerimiento de la fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys que investiga además de Cositorto a otras 12 personas.
Canal especial sobre el caso Generación Zoe
Al tiempo que la defensa de Cositorto solicitó en un escrito el mantenimiento de su libertad, la fiscal de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, reiteró el pedido de captura internacional en su contra y de otras seis personas imputadas.
El renombrado abogado Miguel Ángel Pierri asumió la defensa del líder de Zoe, pero en la justicia provincial esa representación la ejerce el reconocido penalista cordobés Guillermo Dragotto.
Este lunes 21 presentó un pedido de mantenimiento de libertad junto en la fiscalía de Companys.
“Vamos a seguir los caminos judiciales para que, al momento de presentarse, (Cositorto) pueda mantener la libertad y defenderse, conservando las garantías judiciales de seguir libre durante el proceso”, explicó ante la consulta de La Voz.
De todos modos, las expectativas de una resolución favorable no serían muy altas, teniendo en cuenta la reiteración del pedido de captura internacional que emitió la fiscal en las últimas horas, lo que demuestra que sostiene su voluntad de detención.
Además de Cositorto, la investigadora dictó la misma medida sobre Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez, todos imputados por los supuestos delitos de asociación Ilícita y estafa.
Salvo Batista, a quien se señala como socio de Cositorto en Buenos Aires, el resto de los mencionados son parte de una misma familia: Silvia es madre de Claudio, Florencia e Ivana, quien además está casada con Silvio.
Por otro lado, tres de las seis personas ya detenidas nombraron al mismo defensor: El penalista local Javier Marcos aseguró que Gabriela Álvarez, Claudia Pereyra y Cristian Delgado trabajaban en la sede de Villa María, pero eran ajenos a toda decisión sobre el dinero.
Según dijo ante la prensa, Gabriela Álvarez, más allá de portar el mismo apellido que Claudio Álvarez, el principal imputado a nivel local, no es parte de la misma familia y “ni siquiera formaba parte de la empresa”.
Agregó que Delgado estaba en calidad de “empleado” y de Pereyra dijo que es una policía que no presta servicio en la fuerza provincial por estar con “carpeta médica”. En Zoe desempeñaba tareas en la mesa de entrada de la oficina de avenida Alem, aseguró.
El defensor no sólo afirmó que “no tenían conocimiento de lo que ocurría” con el dinero, sino que reveló que “ellos también tenían sus inversiones en la empresa, al igual que sus familiares”.
Estas “membresías”, como le llamaban, eran contratos por los que se inmovilizaban los fondos por tres años, y a cambio percibían un interés mensual en dólares.
Si bien dio a entender que estas personas y sus familiares también dejaron de cobrar ese dinero en el último tiempo, aseguran que no se sienten damnificados. “Dicen que lo único que sufrió la empresa fue un atraso, no que nadie se había ido con el dinero”, relató.
Otras dos mujeres detenidas con Silvana Verónica Abellonio y Susana Beatriz Luján.
Lo que también se supo es que un supuesto abogado se habría presentado previamente a la designación de Pierri, diciendo tanto en la fiscalía provincial como en la federal que representaba los intereses de Zoe. Pero según trascendió, cuando le exigieron credenciales, desapareció y no volvió más.
Por ahora no se fijaron fechas para las indagatorias de quien están en prisión. La Justicia trabaja intensamente en lograr las detenciones de las otras seis personas imputadas, quienes serían los principales actores de esta trama, según la investigación.
