Cuando le quitaron su último respiro a Susana Montoya, la mujer de 74 años que fue asesinada el jueves 1° de agosto en el barrio Ampliación Poeta Lugones, zona norte de la ciudad de Córdoba, ella no atinó a gritar ni trató de escaparse.
Ninguno de sus vecinos escuchó lamentos que provinieran del otro lado de la medianera. Las puertas de su hogar no presentaban rastros de forcejeos.
Y aunque todo se volvió espeluznante con la aparición de una amenaza en la pared de la vivienda, que prometía la muerte de todos los hijos de la mujer, los investigadores empezaron a analizar si no había algo más.
Allí apareció el nombre del hijo, Fernando Albareda (53), ahora preso e imputado desde este jueves por el crimen de barrio Ampliación Poeta Lugones.
A una semana de producirse el homicidio, el fiscal del caso, Juan Pablo Klinger, ordenó la detención e imputación contra el acusado, como supuesto autor del “homicidio calificado por el vínculo”, al ser su propia madre la víctima del hecho de sangre.
Según los datos que Klinger pudo recolectar hasta el momento, Albareda se habría juntado con su madre el día jueves 1° de agosto y luego la habría asesinado por estrangulamiento mecánico.
Si bien el fiscal mantuvo un celoso hermetismo, La Voz pudo saber, de fuentes allegadas a la causa, que, además de la autopsia ordenada por la fiscalía, en el escritorio de Klinger abunda una “cantidad abrumadora” de pruebas que complican la situación procesal del acusado.
Entre otras cosas, el funcionario de la Justicia cuenta con filmaciones de cámaras de seguridad donde se habría podido identificar a Albareda, con registros de los números a los que habría llamado el acusado y testimonios sobre su presunta presencia en la zona del crimen, entre otras fuentes probatorias. Además, el fiscal tiene en su poder muestras de ADN, pero aun no se estableció que sean compatibles con el perfil genético de Albareda.
El caso había causado aún más conmoción dado que Montoya es la viuda de un exsubcomisario de la Policía de Córdoba que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar argentina, Ricardo Fermín Albareda.
Durante y luego del juicio en el cual se pudo reconocer la condición de víctima del subcomisario, tanto Montoya como su hijo Fernando habían recibido amenazas recurrentes. Luego de conocerse el crimen de la mujer, se supo que en la pared apareció un escrito: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.
La frase intimidatoria estaba firmada con “#Policía”. Esto sirvió para abonar durante algunos días la posibilidad de que el asesinato estuviera cimentado sobre discursos de odio. De hecho, hubo múltiples expresiones de los organismos de derechos humanos del ámbito local, que habían convocado a una movilización este jueves.
Desde la fiscalía aseguraron que tanto las amenazas recibidas el 8 de diciembre pasado como las leyendas intimidatorias que se leyeron en las paredes de la casa de la mujer son compatibles con la grafía de Albareda, por lo cual se trataría, en ambos casos, de falsas amenazas.
Albareda finalmente fue detenido en la vía pública, pasado el mediodía del jueves. Su abogado, Claudio Juárez Centeno, se mostró sorprendido por el giro de la causa.
Y si bien aún no pudo entrevistarse con su defendido, por el momento mantiene su postura y considera que los investigadores llevaron al fiscal “hacia una red” de pistas forzadas.
Desde los comienzos, Albareda habló de un crimen orquestado por fuerzas oscuras que anidarían en el seno de las fuerzas policiales. Según esta hipótesis presentada por el ahora imputado, los responsables del asesinato pertenecerían a los resabios, aún no removidos, de la Policía, que continúan vigentes desde la última dictadura militar en Argentina.
En ese mismo sentido, tanto su abogado como Albareda criticaron la difusión que tuvo una resolución administrativa mediante la cual se le iba a abonar una suma millonaria de dinero a la viuda del exsubcomisario desaparecido y a sus hijos.
Parados en esa misma línea, habían presentado la idea de que, motivados por el odio, un grupo parapolicial había tomado represalias contra la mujer.
El reparto de la plata y las pistas que nunca cerraron
Pero pocos imaginaron que, en la presunta coartada de Albareda, podrían comenzar a crecer las sospechas de los investigadores.
Bastaron algunas preguntas para conocer que la víctima estaba cerca de cobrar el dinero por ese resarcimiento, que le corresponde a todo miembro de la fuerza bajo la misma condición que el subcomisario. Es decir, a Albareda padre le corresponde esa reparación por ser policía, y no por ser desaparecido de la dictadura.
El móvil no cuadraba para los pesquisas. Y la mecánica del crimen, en la que la mujer debió abrir la puerta de su casa a alguien en quien haya depositado confianza, tampoco cuadraba con un robo violento.
Finalmente se supo que parte de ese dinero aún no cobrado será repartida entre los hijos del subcomisario, ahora que Montoya fue asesinada.
A esta posible motivación que repiten en voz baja los investigadores, se sumaron otras sospechas. Una de ellas estuvo relacionada con la mala relación entre madre e hijo.
Albareda, explicaron los pesquisas, estuvo peleado con su madre durante largos años. Esa relación se había recompuesto desde hacía poco tiempo.
Además, el otro hijo de la mujer, Ricardo, también habría visto con preocupación el “tinte político” que su hermano les había dado a la serie de amenazas y a los sucesos de sangre que acontecieron hace pocos días.
Tampoco era buena la relación entre los hermanos. Ricardo vivía con su madre, pero el jueves 1° de agosto estaba en Carlos Paz junto con su exesposa y sus hijos.
Y, además de todos los entretelones familiares, se imponía un hecho que no dejaba mucho lugar para las sospechas sobre grupos externos al hogar: el día que entraron a asesinar a Montoya, el o los asesinos conocían perfectamente el lugar del crimen.
Los investigadores creen en ello a partir de que pudieron reconstruir los supuestos movimientos que habría dado la persona que llevó a cabo el crimen.
Desde la parte de Albareda, sus allegados hacen notar que una parte del cuerpo de investigaciones con los que cuenta la causa está conformada por policías.
De ese lado, entonces, se abona la idea de un pacto de silencio y del encubrimiento.
No obstante, desde la fiscalía han sido categóricos. Los ayudantes del fiscal aseguraron que las pruebas son contundentes y sostienen las decisiones de Klinger. Las imágenes de una cámara de seguridad habrían sido claves para echar luz sobre las horas previas al crimen y los movimientos del presunto asesino.
