En un grave caso que vuelve a poner en foco la preparación de efectivos de la Policía de Córdoba, y los anunciados protocolos del uso de la fuerza, un efectivo de la Caminera hirió de un balazo por la espalda a un joven desarmado que iba en un auto, con amigos, y que no se había detenido ante un control rutero.
La víctima recibió un balazo calibre 9 milímetros que le ingresó por un omóplato y le salió por el cuello.
Afortunadamente, el joven de 26 años sobrevivió y se recupera.
El violento episodio sucedió el pasado sábado entre las localidades de General Deheza y Las Perdices, en el departamento Juárez Celman.
El efectivo, oficial de la Policía Caminera, fue imputado por lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego, por orden del fiscal de instrucción Pablo Jávega, de la ciudad de Río Cuarto.
El funcionario dispuso que el uniformado permanezca en libertad ya que, entiende, no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento para la investigación de cara a futuro.
De todos modos, la pesquisa recién comienza. Se espera que en los próximos días, el policía sea indagado.
A nivel interno, quedará en situación pasiva, por disposición de los órganos de control, a la espera del avance de la pesquisa judicial.
En paralelo, lo sucedido ha vuelto a generar preocupación en ámbitos de la Policía y del área de Seguridad. En primer lugar por la gravedad de lo ocurrido y, en paralelo, porque episodios de esta índole ya han ocurrido en numerosas oportunidades en los últimos tiempos.
Control, escape y disparos
Todo sucedió el pasado sábado 11 de octubre alrededor de las 10.30 en la ruta nacional 158 entre las localidades de General Deheza y Las Perdices.
En el lugar se encontraba, como suele suceder, una patrulla de la Policía Caminera con dos efectivos afectados a controles de vehículos.
En esas circunstancias justo pasó una Renault Kangoo particular con tres jóvenes a bordo.
De acuerdo a la versión aportada por los policías, y sostenida por ahora por la Justicia, el conductor de la Kangoo esquivó el control de la Caminera y giró hacia un camino rural y siguió su marcha campo adentro.
Fue así que, los dos uniformados corrieron a la patrulla y, según la versión oficial, salieron en persecución.
No está claro si el móvil activó las balizas y las sirenas.
En medio de guadales, el policía que iba como acompañante (jefe de coche) extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y, contra todo manual de procedimiento y protocolo, efectuó al menos dos disparos directos contra el coche que iba adelante.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los ocupantes del vehículo no hicieron ningún disparo previo.
De hecho, no iban armados ni cometieron ninguna actitud que justificara o habilitara el uso del armamento policial letal.
Uno de los disparos policiales atravesó la luneta trasera del coche y dio en el omóplato derecho de uno de los jóvenes. Se trataba de Juan Pablo Echevarría, de 26 años. El balazo le salió por el cuello.
En su recorrido, afortunadamente, el plomo no le causó heridas de mayor gravedad.
El conductor del vehículo frenó a los pocos metros, tras lo cual hizo lo propio el móvil policial.
De inmediato, y ante la gravedad de lo sucedido, se activó un plan de emergencia y el joven herido fue trasladado a un hospital. Luego, fue derivado a otro centro médico de Río Cuarto para mayor control. La víctima se recupera.
La grave noticia rápidamente fue dada a conocer a las autoridades policiales y judiciales.
Desde la fiscalía de turno se dispuso que personal investigativo de la región iniciara la pesquisa.
Los compañeros del herido fueron llevados a declarar, al tiempo que se secuestraron las dos armas policiales (aunque una sola fue accionada) y el rodado. En paralelo, se dispuso la realización de distintos peritajes técnicos para esclarecer las circunstancias del grave hecho.
A las pocas horas del hecho, el fiscal Jávega dispuso la imputación del policía autor de los disparos por el delito de lesiones graves calificadas. El otro uniformado no ha sido acusado de nada.
“Los jóvenes no iban armados, no se les halló nada. Todo legal. La sospecha es que los jóvenes se asustaron porque volvían de un encuentro y pensaron que les iban a hacer unos tests de alcoholemia”, señaló una alta fuente de la causa, quien resaltó “sin lugar a dudas fue un hecho policial muy grave. Hoy podríamos estar hablando de algo mucho más grave”.
“No llevaban nada ilegal y no habían hecho nada ilegal… Y si lo hubieran hecho, nada justifica el accionar del uniformado que abrió fuego”, añadió otra fuente de la causa.
Voceros judiciales señalaron que “hubo colaboración total” de las autoridades policiales de la zona y de Córdoba.
En efecto, a poco de conocido el hecho, las principales autoridades policiales de la región acudieron al lugar.
Por orden de Jefatura y del Ministerio de Seguridad, acudieron las autoridades de la Caminera y de Departamentales Sur a la zona de los hechos para seguir de cerca cómo se entregaba el procedimiento a la Justicia y cómo se ofrecían todos los elementos necesarios para esclarecer el caso.
Trascendió que, de manera extraoficial, el policía que disparó habría señalado “que no había visibilidad” y “que los disparos fueron al piso”.
Esta posición exculpatoria se da de lleno contra el caudal probatorio: uno de los plomos dio directo desde atrás en un omóplato de la víctima y le salió por el cuello.
La sombra de Blas y los protocolos
El grave episodio vuelve a poner en discusión y observación la capacitación del personal policial y de los procedimientos callejeros con armas.
Luego del gatillo fácil contra Blas Correas (ultimado de un balazo por la espalda el 6 de agosto de 2020 en la zona sur de la Capital), las autoridades señalaron que se creó un “nuevo protocolo” de uso de armas de fuego para controles policiales callejeros.
Se indicó que no se podía disparar contra un vehículo por más que se diera a la fuga, sino que se arbitrarían otras medidas operativas como activar a otras patrullas para darle alcance. De hecho, no se puede disparar sin un uso racional de la fuerza y sin una agresión o amenaza previa concreta.
Vale señalar que, cuando fue el crimen de Blas, supuestamente ya se había creado anteriormente un “protocolo del uso de armas”.
Fue tras el gatillo fácil contra el joven Franco Amaya, un crimen policial ocurrido el 22 de febrero de 2017 de Villa Carlos Paz.
Altas autoridades oficiales, si bien resaltaron que lo sucedido en General Deheza fue un grave episodio, añadieron “que no tiene ninguna semejanza con el caso Blas”.
“En el caso de Deheza no se ocultó nada, ni se plantaron pruebas falsas ni se encubrió... Por el contrario, se puso todo rápido a disposición de la Justicia, no se mintió ni se ocultó nada”, remarcaron altas fuentes gubernamentales.
En este sentido, voceros judiciales señalaron que “hubo colaboración policial” en la investigación.
Se esperan las indagatorias a los policías de la Caminera en los próximos días.
