Entre 2008 y 2023 funcionó en Córdoba, según la Justicia, una supuesta asociación ilícita que habilitaba negocios de manera irregular en la Capital, mediante el cobro de dinero por fuera del esquema legal.
Según la fiscalía, la maniobra tenía cuatro “patas”: la Dirección Bomberos de la Policía, donde algunos efectivos cobraban; la Municipalidad de Córdoba, donde algunos empleados colaboraban; gestores particulares y, claro está, empresarios inescrupulosos que, pese a tener negocios sin la debida seguridad, pagaban para poder funcionar.
En ese esquema de sospechas hay ya al menos 16 imputados por distintos delitos. La mayoría, presos.
El principal acusado es el exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y extitular de Defensa Civil Municipal, Gustavo Folli Pedetta. El fiscal Guillermo González lo acusa como supuesto jefe de asociación ilícita y lo mantiene con prisión preventiva.
En el lote de acusados, hay bomberos, exbomberos, ingenieros civiles que oficiaban como gestores y algunos municipales. Y desde hace algunas horas, hay nuevos acusados: empresarios de comercios.
El punto no es menor: para la fiscalía, ciertos empresarios pagaron supuestas “coimas” sin saber; otros lo habrían hecho de manera plenamente intencional.
Desde la fiscalía de González se informó que fueron imputados los dos máximos responsables de la firma Cyre SA, que explota comercialmente los supermercados Cordiez y Mercamax.
El presidente y la vicepresidenta de la firma, Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, fueron imputados por presunto cohecho (pago de coimas).
En paralelo, a Darío Brasca se lo acusa por supuesto encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado y presunto uso de documento público falso reiterado. Ninguno fue detenido. Según informaron desde la fiscalía, no hay riesgo procesal de fuga. Además, los presuntos delitos son excarcelables.
No son los únicos. Según pudo averiguar La Voz, otros dos empresarios importantes ya fueron imputados por supuesto cohecho. No se descarta que la nómina se incremente a futuro.
“Era la pata que faltaba”, contó una alta fuente judicial. “Para que haya coimas, alguien cobra pero alguien paga. Ya cayeron sospechosos en Bomberos, cayeron algunos imputados en la Municipalidad y ahora se va contra los empresarios sospechados de haber tomado parte”, añadió otro alto vocero de la causa.
Por ahora, no se conoce la versión de los hechos de parte de los Brasca. Ambos tuvieron que poner abogados y serán indagados antes de fin de año.
En Tribunales II, no son pocas las fuentes que entienden que en las próximas semanas el excomisario general Folli y los principales acusados (entre los que está otro exjefe de Bomberos y sucesor de aquel, Sergio Sosa) serán enviados a juicio oral.
Hay un punto no menor. Según indicó el ayudante fiscal Javier Novillo, si bien la prueba contra los acusados es “muy sólida”, hay que dar tranquilidad a la población.
“Los supermercados que quedaron bajo investigación están ahora con todas las medidas de seguridad correspondientes. Son seguros y eso es importante informarlo”, remarcó.
Acusación a los empresarios
En la mañana del jueves, desde la fiscalía se informó que, en el marco de la compleja pesquisa por la causa “Bomberos-expedición de certificados apócrifos y Municipalidad”, se pudo distinguir entre los comerciantes que “fueron víctimas” del “sistema ilegal de control por parte de Bomberos como de la Municipalidad” y aquellos que fueron “conniventes a dicha estructura”.
En esta sospecha, la fiscalía decidió imputar a Darío y Natalia Vanina Brasca.
De acuerdo a la fiscalía, desde la empresa se habrían hecho aportes a gestores e incluso a uno de los principales acusados por presunta asociación ilícita (Julio Zárate) para que ese dinero llegue a “funcionarios activos de Bomberos como de la Municipalidad, todos ellos con intervención en la organización delictiva”, para así lograr la habilitación de locales “sin el control pertinente”.
Según la Justicia, “varios de dichos establecimientos no se encontraban en condiciones edilicias de seguridad para funcionar”, lo que generaba “un real peligro para la sociedad”.
Los Brasca fueron acusados por supuesto cohecho. En paralelo, Darío Brasca fue acusado de otros presuntos delitos como encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado y uso de documento público falso.
De acuerdo a la fiscalía, este empresario habría receptado y gestionado ante los organismos de contralor de la Municipalidad, en reiteradas oportunidades, “certificados apócrifos provenientes de Bomberos con firmas insertas de puño y letra que no se correspondían con las que figuraban en los sellos respectivos”.
Se indicó que “a través de dichas presentaciones –según la Justicia– logró la continuidad de la actividad comercial de esos establecimientos, en perjuicio de la seguridad pública”.
Desde la fiscalía también se indicó que otro de los acusados es Roque Javier Olmedo, gestor de la empresa Cyre. Se le atribuyeron los supuestos delitos de uso de documento público falso reiterado y encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado.
Estos mismos delitos se le atribuyeron, en paralelo, al ya mencionado Julio Zárate quien, según la Justicia, “gestionaba trámites indistintos para la firma Cyre SA, aparte de otros establecimientos comerciales, deportivos y centros de salud”.
Se esperan imputaciones a más empresarios locales.
