La causa judicial que sacudió los cimientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba suma un nuevo capítulo tras conocerse la confesión de uno de los policías imputados. Se trata de Raúl Moreno, agente de la delegación de la ciudad de Deán Funes, quien reconoció al inicio de la investigación haber sido parte de una asociación ilícita dedicada a la entrega de estupefacientes a cambio de información sobre puntos de venta de drogas.
Su abogado, Carlos Cardeilhac, solicitó una pena no superior a los tres años de prisión efectiva y pidió avanzar con un juicio abreviado.
A diferencia del resto de los uniformados imputados, quienes niegan los hechos y apelaron la prisión preventiva, Moreno optó por asumir su responsabilidad desde el inicio de la investigación.
No se opuso a ninguna de las resoluciones del fiscal Juan Pablo Klinger, a cargo de las investigaciones, y manifestó su intención de colaborar, aunque sin aportar nueva información que pueda extender la causa hacia otros actores.
“Moreno reconoció los hechos desde el primer momento. Su conducta evitó un desgaste judicial y desde siempre mostró una actitud compatible con la de un imputado colaborador”, sostuvo Cardeilhac en diálogo con La Voz.
Cuando Klinger ordenó las primeras detenciones, en octubre de 2024, Moreno admitió haber formado parte de un grupo de efectivos de la FPA que, en distintas ocasiones, entregó pequeñas cantidades de droga a informantes informales, conocidos como “dateros”, a cambio de datos sobre posibles puntos de venta.
Según su testimonio, que ahora decidió divulgar, era una práctica común en la región norte de Córdoba, impulsada por las precarias condiciones con las que trabajan las brigadas en ciudades como Cruz del Eje y Villa de Soto.
“Tenían pocos recursos, poca movilidad. Todos se conocen en esos pueblos: los consumidores, los policías, los narcos. Era muy difícil hacer seguimientos o montar operativos de vigilancia”, explicó el acusado a través de su representante legal.
En lugar de realizar tareas de inteligencia prolongadas, los agentes –según lo relatado por Moreno– juntaban dinero entre ellos (alrededor de cinco mil pesos) y enviaban a los dateros a comprar marihuana.
Con esa transacción como evidencia, armaban el procedimiento. Otras veces, la información se pagaba directamente con droga incautada en procedimientos anteriores, tal como es el caso que se le achaca en la actualidad.
Qué delitos se le imputan
Moreno está acusado de integrar una asociación ilícita y de participar en una entrega agravada de estupefacientes. Según consta en el expediente, en uno de los hechos reconocidos, entregó junto con otro agente un “porro” (cigarrillo de marihuana) a un joven adicto en Cruz del Eje, por orden de un superior.
Fue una entrega mínima, aunque de igual forma constituye un acto ilícito.
“Moreno ya sabe que va a ser condenado penalmente, administrativamente y socialmente. Dejará de ser policía, ya no cobra el sueldo y deberá reconstruir su vida desde cero. Por eso pedimos una pena razonable, inferior a los tres años, y que se cierre su situación judicial lo antes posible”, solicitó su entorno.
La investigación se originó en febrero, cuando el por entonces jefe de la FPA, Adrián Salcedo (fue pasado a retiro en 2024), denunció el faltante de 357 gramos de cocaína y 158 de marihuana en la fiscalía de Cruz del Eje.
Esa denuncia derivó en una pesquisa más profunda, que llevó a descubrir una presunta red integrada por al menos diez personas: siete policías y tres civiles que operaban como “dateros”.
Entre los detenidos se encuentran el exjefe de la brigada de Cruz del Eje, Néstor Márquez, y otros agentes que hoy se encuentran en Bouwer. Los dateros, por su parte, permanecen alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA).
En total, hay 12 imputados y 10 detenidos.
La causa podría escalar si se comprueba la participación de funcionarios judiciales. El fiscal Klinger ya solicitó investigar al fiscal Raúl Ramírez, de Cosquín, por no haber denunciado el faltante de droga. Esa omisión reviste, según la fiscalía, una grave conducta institucional.
Por ahora, Ramírez sigue trabajando y no se ha expedido de manera pública.
¿Arrepentido o colaborador?
Aunque Moreno se presentó como “colaborador” y “arrepentido”, lo cierto es que su confesión no aportó información nueva.
Reconoció los hechos, pidió disculpas a la sociedad y a la fuerza, pero no detalló nombres, cantidades, ni vínculos jerárquicos. Según Cardeilhac, su cliente está dispuesto a declarar como imputado colaborador si se acuerdan los términos con la fiscalía.
“Lo que hay que evitar es que la situación de Moreno se complique de manera indefinida, sólo porque los demás imputados no quieren reconocer su participación. Él asumió su responsabilidad y espera que la Justicia lo valore”, dijo su defensor.
La fiscalía analiza esa posibilidad, pero para que un imputado sea considerado colaborador, debe aportar datos concretos, verificables y útiles para el avance de la causa. De momento, eso no ha ocurrido.
Cardeilhac insistió en que su defendido no tiene antecedentes, es joven, padre de familia, y oriundo de San Marcos Sierra, donde su familia se dedica a la apicultura.
“Moreno no vendió droga, no la comercializó. Reconoció que se usaba como moneda de cambio en procedimientos de bajo impacto. Es consciente de la gravedad del hecho, y por eso acepta ser condenado. Lo que pedimos es que se le baje el martillo cuanto antes”, concluyó.
La decisión ahora está en manos del fiscal Klinger y, eventualmente, de la Cámara de Acusación. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas imputaciones, incluso en el ámbito judicial.
