“Imaginá que $ 3 millones no me entran en la caja de seguridad. A los dólares los vendo lo que vale el ‘blue’. Recibo cheques corrientes o a una semana”. La situación del “empresario” Marcos Luis Scazzola quedó más comprometida al confirmarse su procesamiento como presunto jefe de una “cueva” financiera en Bell Ville, ciudad ubicada en el sudeste de Córdoba, que habría lavado millones de pesos ilícitos con la construcción de canchas de pádel y la compra de departamentos, vehículos y hasta jet skis bautizados con el nombre de su esposa: “Patri I” y “Patri II”.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba validó los procesamientos dictados por el juez de Bell Ville, Sergio Pinto, en contra de Scazzola; su pareja, Patricia Beatriz Burki; una secretaria, Sandra Liliana Meringer, y un supuesto prestanombre, José Luis Sánchez.
La “cueva”/”estudio contable” de Bell Ville
Una denuncia anónima a finales de 2019 puso un manto de sospecha sobre el accionar de Scazzola y su entorno. El “empresario” habría reconvertido el viejo estudio contable de su madre, en calle Pío Angulo 26 (Bell Ville), como un “estudio contable e impositivo” que, de manera suspicaz, carecía de cartelería visible.
El entonces fiscal José María Uriarte advirtió, a través de escuchas, que Scazzola habría encabezado diversas acciones relacionadas con declaraciones juradas, IVA y Ganancias aparentemente fraudulentas, vinculadas con el descuento de cheques, venta de IVA, compraventa de facturas apócrifas y dólares, y préstamos de dinero.
Luego de cuatro años de investigaciones, la nueva fiscal María Virginia Miguel Carmona imputó a Scazzola, a su esposa, a la secretaria de aquel y al presunto prestanombre. Ubicó a Scazzola en la cima de la supuesta asociación ilícita –integrada por Burki y Meringer– que habría operado en las sombras al menos entre 2019 y diciembre de 2023.
Scazzola habría liderado los negocios ilegales gracias a una amplia cartera de “clientes” con los que habría acordado el precio de la venta de dólares. También habría vendido cereal “en negro” (soja y maíz) y realizado maniobras de compraventa de facturas falsas, cambio de cheques y préstamos.
Las operaciones las habría dirigido desde el “estudio contable”/“cueva”/casa particular (a nombre del padre), con la estrecha colaboración de su secretaria “Sandrita”, a pesar de no contar con títulos habilitantes de contadores. Investigados en otra causa por presunta usurpación de título, en la actual habrían buscado que un contador les “prestara” la matrícula y su nombre para operar y evitar así una nueva pesquisa en su contra.
En una de las intervenciones, el “empresario” habló de su deseo de no mantener el efectivo en estado ocioso. Habría otorgado préstamos por “10, 15, 20, 30″ (en presunta referencia a miles de dólares). Uno de esos préstamos o deuda habría superado largamente los usuales que habría ofrecido a terceros, ya que habría ascendido a U$S 112 mil.
No habría sido la única “venta” del negocio ilegal, ya que habría realizado ventas de cereales “en negro”, en paralelo a la fabricación de facturas apócrifas para “clientes”. “Las voy haciendo y las voy borrando; después, no tengo nada”, le dijo Meringer a su jefe ante una consulta. “Borrá en la compu”, le pidió el imputado.
La mujer no sólo manejaba la clave fiscal de Scazzola, sino que, por sus conocimientos contables, habría participado reiteradamente en la confección de las facturas truchas y en la “custodia” de información en computadoras.
El “empresario” fue captado mientras aludía a operaciones con “millones de pesos”, cheques y dólares. “Pablo P. me tiene que dar $1 millón en cheques”, dijo en un llamado. “A los dólares los vendo lo que vale el blue y los vendo con cheque también. Recibo cheques corrientes o a una semana. Por lo general, me junto en la mutual Sudecor”.
Allí habría atesorado grandes volúmenes de dinero –entre ellos, dólares– en una caja de seguridad que habría abierto su esposa, Burki, en 2019, y a la que Scazzola tenía libre acceso. La mujer habría participado en la compraventa ilegal de moneda extrajera, que también guardaba en la casa.
Los investigadores hallaron que Burki tenía guardados documentos ejecutivos que respaldaban y garantizaban el cobro de los pagarés por miles de dólares prestados por su esposo.
Autos, jet skis, canchas de pádel y propiedades
A partir del manejo de grandes sumas de dinero, Scazzola y su esposa habrían lavado los fondos en vehículos y en propiedades “legales”. A pesar de que el supuesto jefe delictivo era monotributista ante la Afip en el rubro “Servicios inmobiliarios por cuenta propia”, la fiscal advirtió que había tenido un incremento patrimonial “más que considerable” y, para la Afip, “no justificado”.
Scazzola refirió que su principal fuente de ingresos era el alquiler de un campo –al parecer, también mal habido–, destinado al cultivo de cereales. Mencionó que tenía dinero guardado del que no podía disponer por temor a que el fisco lo recategorizara como responsable inscripto porque estaba “pasado en Afip”.
Scazzola adquirió a un grupo inversor cuatro departamentos (por $ 3 millones cada uno) en un edificio en construcción ubicado frente al Banco Nación y al Correo Argentino de Bell Ville. Habría realizado la inversión con otras dos personas, con las que habrían comprado todo el quinto piso (10 departamentos en total). Se investiga también la posible compra de otro inmueble muy cerca de la “cueva”.
En una escucha, habló de “comprar un departamento”. “No le tenés que decir a nadie de dónde la sacaste (al dinero). Es una buena oportunidad para comprar algo. Ahí voy a blanquear los departamentos frente al Correo, todo. Todo voy a blanquear”, dijo, en referencia a los inmuebles adquiridos.
En el “rubro” vehículos, desde 2019 tuvo varios: dos Toyota Hillux 4x4, una Ford EcoSport, un Audi A4 2.0, una lancha, dos jets skis bautizados “Patri I” y “Patri II”, una Yamaha Super Ténére y una KTM Adventure 360.
La fiscal determinó que Burki tenía a su nombre dos terrenos en Villa Rumipal y tres terrenos linderos ubicados en Illia 263/279, en Bell Ville, donde construyeron el complejo de canchas Urbano Pádel, un bar y gimnasio. Al mismo tiempo que se inscribió, en 2021, como monotributista en el rubro “Explotación de instalaciones deportivas” (cuyos ingresos no pueden superar los $ 370 mil), puso a su nombre un Volkswagen Nivus valuado en más de $ 9,2 millones. El fisco confirmó que no registraba ingresos que le permitieran afrontar los bienes a su nombre.
“Se demuestra que la pareja formaliza públicamente una condición y/o explotación de actividad a los fines también de poder justificar movimiento de bienes y capitalización de su parte”, dijo la fiscal. Sostuvo, además, que en las presentaciones de Scazzola ante la Afip respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales (2019, 2020 y 2021) “no se visualizó el incremento patrimonial” que sí advirtieron los investigadores al detectar las “actividades marginales” (operaciones supuestamente ilegales) blanqueadas con la compra de bienes.
En el lavado, habría intervenido también el presunto prestanombre Sánchez. Sin registro en el fisco ni ingresos formales, no sólo habría sido el “guardador” de documentos de la pareja, sino que, además, puso a su nombre un Ford F600, un Fiat Europa CL5, otro rodado y la Yamaha Super Ténéré.
Sugestivamente, quien estaba autorizado a manejar la moto era Scazzola. Luego fue transferida a la hija del “empresario” como parte de una supuesta venta simulada, cuando en realidad el rodado siempre habría pertenecido al matrimonio.
Los hijos de los Scazzola –entre ellos, la joven “dueña” de la Yamaha– tenían a su nombre un cuatriciclo Polaris XP 4000. El hijo tenía bajo su titularidad un VW Vento. La particularidad es que ambos jóvenes no habrían tenido trabajo ni ingresos comprobados, todo lo cual redirigió las sospechas a la pareja.
En abril, el juez de Bell Ville procesó a la pareja, Sánchez y Meringer, y declaró la incompetencia material por la tenencia de arma de fuego (investiga una fiscalía provincial) y la compraventa de moneda extranjera.
El defensor de la pareja y Sánchez, Ernesto Gavier, y José Maggi, por Meringer, apelaron ante la Cámara. Gavier negó la existencia de compraventa de moneda (o cambio de cheques) y de tenencia de armas, y dijo que la investigación se había limitado en su mayor parte a un supuesto abusivo “espionaje telefónico” (por las escuchas).
Agregó que la evolución patrimonial del matrimonio sí está justificada y que los bienes adquiridos nunca fueron ocultados al fisco, sino registrados a nombre de la familia.
Maggi argumentó que no estaba probada la intervención de la secretaria en la asociación ilícita e intermediación ilegal, y que sólo era una empleada de Scazzola.
La Cámara, con los votos de los vocales Eduardo Ávalos, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, confirmó los procesamientos. “Scazzola habría sido el responsable de coordinar y concretar las maniobras delictivas, asumiendo un rol protagónico y jerárquico dentro de la organización delictiva, en la cual se ubicaría como la persona de máxima autoridad y cabeza”, dijo Ávalos.
“Burki habría operado junto con su grupo familiar como intermediaria en la compraventa de moneda (…), habría colaborado en la custodia del dinero (…) y habría colaborado con su pareja para poner en circulación, con apariencia lícita, los bienes provenientes de los ilícitos”, agregó.
Respecto de Merginger, sostuvo que estaba “a cargo del registro y la contabilidad de los movimientos económicos” de la pareja, “custodiando la documentación sensible y la información de las maniobras presuntamente irregulares”, al tiempo que gestionaba los contactos del “estudio contable” con “aparente connotación delictiva” y desempeñaba, con Scazzola, “maniobras presumiblemente vinculadas con facturas apócrifas y comercio de cereales” en “negro”. La Cámara, sin embargo, declaró la nulidad del procesamiento de “Sandrita” en cuanto a intermediación ilegal.
Sobre Sánchez, puntualizó que era un “prestanombre”, partícipe en el lavado.
