En 2007, uno de los problemas que tenía la Policía de Córdoba, además de la inseguridad y sus efectivos involucrados en episodios delictivos, era el mal estado físico de muchos y de muchas.
El punto no era menor. Sobre todo porque había quedado en evidencia que el sobrepeso era contraproducente para el propio uniformado y para su trabajo.
Así las cosas, el por entonces jefe de Policía provincial Alejo Paredes dispuso un plan de ejercitación física para el personal de calle, principalmente.
Hace más de 16 años, otro policía de Córdoba se moría en una práctica de gimnasia
El esquema se llamó “plan de capacitación en destino”. Consistía en que los y las uniformadas realizaran prácticas deportivas y atléticas de diversa índole a la salida de la jornada laboral. Cuando dejaban el patrullero, ya en la dependencia, debían hacer ejercicio físico bajo control de superiores.
A poco de arrancar el esquema deportivo para el personal policial, un sargento murió infartado en la base del Comando de Acción Preventiva 2 en barrio Güemes, en la Capital. Fue tras un partido de fútbol.
Sucedió el 16 de marzo de 2007.
Ramón Ricardo Huk tenía 50 años, estaba casado y era padre de tres hijos. El suboficial se descompuso ante camaradas y jefes y de nada sirvieron los trabajos para reanimarlo tanto en el Policlínico Policial como en una clínica privada, adonde fue trasladado.
Su muerte destruyó a su familia, causó consternación en las filas de la fuerza y sobre todo obligó a las por entonces autoridades policiales y políticas a replantear el esquema de capacitación y gimnasia.
En realidad, el plan fue suspendido y dejado de lado. Años después, sería voluntario.
“Lo tuvieron corriendo una hora y luego lo hicieron jugar al fútbol durante otra hora”, supo quejarse un hermano del policía en el sepelio.
En medio del escándalo, la autopsia determinó que el policía falleció a causa de un shock cardiogénico irreversible desencadenado presuntamente por la intensidad de los ejercicios físicos realizados.
Luego de una larga batalla judicial (la familia fue querellante) se llegó a un juicio oral en los Tribunales II de Córdoba.
Juicio por homicidio culposo y absolución
El por entonces comisario inspector Claudio Severino Vignetta llegó a juicio oral por el caso Huk. El cargo: homicidio culposo.
Vignetta –hoy, secretario de riesgo climático de la Provincia– era el jefe del CAP 2, donde revestía el uniformado que falleció.
Llegó al banquillo de los acusados porque, supuestamente, no había transmitido la orden de que todos los efectivos debían presentar un certificado médico que habilitara a la realización de los ejercicios físicos.
El juicio fue breve.
Corría 2010, cuando la jueza correccional Susana Cordi Moreno absolvió a Vignetta de culpa y cargo. La funcionaria entendió que no había elementos suficientes en contra suya.
Ya de vuelta a la Jefatura, Vignetta ocupó cargos en el área de Seguridad, sin embargo fue enviado a retiro en 2014 por el por entonces jefe de Policía Julio Suárez. Este último lo veía como una “sombra” para su continuidad. Suárez, años después, sería condenado a prisión condicional por amenazas contra un periodista.
Vignetta dejó la Policía y años después fue convocado por la Provincia para trabajar en la lucha contra el manejo del fuego.
Condena a la Provincia
La familia del policía Huk entabló una demanda laboral contra la Provincia de Córdoba. La abogada Karina Zeverín planteó que la Provincia tenía la “responsabilidad objetiva por la muerte de Huk, ya que surge de la autopsia y una pericia en la causa que la misma acaeció como consecuencia del esfuerzo físico excesivo”.
“Dicha actividad le había sido impuesta sin la exigencia previa de un apto médico, en horario laboral y a cambio de una remuneración como servicio adicional”, contó Zeverín a La Voz. “El sargento Huk advirtió un dolor en la zona toráxica durante la práctica, siendo ignorado por sus superiores quienes por el contrario insistieron en la exigencia.
Tras años de litigio, en julio de 2021, la Cámara 5ª en lo laboral condenó a la Provincia de Córdoba a indemnizar a la viuda y a un hijo de Hak.
“La justicia laboral se pronunció a nuestro favor, condenando a la Provincia a abonar las consecuencias de la muerte equipándola a un accidente laboral”, dijo Zeverín, quien indicó que ese fallo fue apelado y todo pasó a manos de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia.
“La demora en la resolución de la causa mantiene a la familia Huk en stand by tras casi 17 años del luctuoso evento”, se quejó la abogada.
