Cuando los relojes marcaron las 9.12 de jueves, los hackers que habían secuestrado datos de la Dirección Nacional de Migraciones liberaron la clave para descomprimir el archivo RAR que contenía los 1,8 gigas, al no recibir el pago que reclamaban, de unos 4 millones de dólares.
El caso se conoció días atrás, pero el hackeo data del pasado 27 de agosto. Duró más de 3 horas.
Con el correr de los días, Migraciones informó que había contenido el ciberataque a través del ransomware NetWalker.
Sin embargo, los autores mostraron capturas de los datos secuestrados y pusieron monto y plazo para el rescate.
El Ministerio del Interior los denunció por extorsión, al tiempo que sospecha de una “pata local” en la maniobra.
Como si se tratara de un mensaje irónico, los hackers dieron a conocer este jueves la clave para descomprimir el archivo subido a un sitio escrito en ruso: 123456. Una secuencia más que vulnerable, publica Clarín.
Desde el Gobierno, afirman que en los 1,8 gigas que logró vulnerar el llamado Netwalker hay información “sensible pero no crítica”.
Un área sensible sufrió el ataque más que otras: la del Sistema Integrado de Captura Migratoria (SiCaM) que es utilizado en los pasos internacionales para detectar si personas buscadas por la Justicia intentan ingresar o huir de Argentina.
Especialista explicaron que la particularidad de este ransomware es que no sólo secuestra los datos, sino que además los copia.
Además, alertaron que el ataque se habría extendido a lo largo de 56 días, por lo que Migraciones podría no tener certezas sobre cuáles fueron todos los archivos burlados.
La denuncia del Ministerio del Interior quedó en manos del juez Sebastián Casanello, quien derogó la instrucción al fiscal federal Guillermo Marijuán, quien a su vez requirió la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin.
Los ciberdelincunetes están denunciados por extorsión, daño agravo, acceso ilegítimo a un sistema informático de acceso restringido (Migraciones) y acceso ilegítimo a banco de datos personales, por el presunto robo y encriptación de archivos.
