“Va a haber problemas en el ejercicio profesional y de la magistratura”, fue una de las frases que pronunció el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña al cerrar su diálogo con la prensa y solicitar “encarecidamente a los operadores judiciales paciencia y empatía” frente al hackeo que soporta la Justicia provincial en sus sistemas informáticos.
El presidente del TSJ encabezó una conferencia con periodistas luego de conocerse que el Alto Cuerpo había emitido una acordada para anunciar el “Plan de Contingencia” que se aplicará durante la semana que se inicia este martes luego del ciberataque en el mismo comienzo del fin de semana largo.
La palabra del vocal del TSJ venía a romper el silencio de las autoridades judiciales luego de tres largas jornadas de análisis de la situación y un primer diagnóstico de los expertos informáticos que analizan el virus de ransomware que infectó los sitios y archivos informáticos de toda la Justicia provincial.
La acordada y la conferencia sirvieron para anunciar que este martes se reabren los Tribunales, si bien con un “Plan de contingencia” que incluye la suspensión de los plazos procesales hasta el viernes, cuando se supone se tendrá un panorama más claro de la implementación de remedios a la situación. La idea es cumplir con todos los actos y audiencias que sea posible, considerando esta situación.
“No se perdió información” y “las bases de datos están intactas”, fue el primer mensaje tranquilizador de López Peña que reconoció que los técnicos están trabajando para restablecer lo que está albergado en los respaldos -habló de “triple espejo de back up”- de la Justicia. También aclaró que en los últimos minutos del viernes los antivirus estaban actualizados y activos. El vocal del TSJ explicó que se trabaja con el apoyo de firmas internacionales como Microsoft, Trend y Cisco que están asistiendo a la Justicia cordobesa a superar la situación. Habló de un “ciberataque serio y grave”.
A su lado, el experto informático Enrique Dutra, indicó que desde Estados Unidos notificaron de la “actividad maliciosa” inusual y que hubo “dos episodios” en dos lugares del mundo: el jueves en un lugar no precisado y el viernes en Córdoba.
El “Plan de contingencia” tras el hackeo al Poder Judicial
En plenario celebrado este lunes feriado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió aprobar un “Plan de contingencia” para hacer frente al ciberataque hasta que se logre la “restauración” del sistema, “que lleva tiempo”, en palabras de López Peña.
La cúpula de la Justicia elaboró ese esquema “para el restablecimiento gradual y progresivo de los servicios y sistemas electrónicos del Poder Judicial de Córdoba a partir del 16 de agosto de 2022″ y (al menos) hasta el viernes próximo.
Todo fue resuelto en el Acuerdo Reglamentario 1778 A, firmado por el pleno: Sebastián López Peña, Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati, Luis Rubio, Luis Angulo, Maria de las Mercedes Blanc Gerzicich y Domingo Juan Sesín, además del administrador general Luis María Sosa Lanza Castelli.
Lo más significativo es que el TSJ dispone “declarar inhábiles a los fines procesales y administrativos los días 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2022 para las causas ya iniciadas y que actualmente se tramitan electrónicamente, salvo los actos válidamente cumplidos”
En el tercer punto, el acuerdo sostiene que “La Administración General establecerá el mecanismo de presentación de nuevas actuaciones judiciales, de celebración de audiencias y todo otro mecanismo necesario mientras dura el presente ´Plan de Contingencia’”.
Luego se aclara que “las audiencias y actos procesales fijados para los días 16, 17, 18 y 19 de agosto del corriente se realizarán en la forma prevista, salvo que el juez o el fiscal interviniente resuelvan lo contrario”.
El quinto punto resuelve “la prórroga automática de las medidas cautelares vencidas al 13 de agosto de 2022 y a vencerse desde esa fecha y hasta el 19 de agosto de 2022 en el fuero de Violencia de Género y Familiar.
También acuerdan los vocales que “el Ministerio Público Fiscal ordenará su actividad en función de la normativa aplicable y los requerimientos que impongan las necesidades del servicio”.
En el punto 7, el acuerdo aclara: “Precisar que la convocatoria del personal es presencial”.
La investigación
En la conferencia de prensa -en la que también estuvieron el presidente del Colegio de Abogados Ignacio Segura y el titular de la federación profesional (Fecacor) Cesar Avendaño- nada se dijo respecto de lo que es materia de secreto de sumario, las actuaciones que labra el fiscal de Cibercrimen Franco Pilnik para determinar el origen del ataque y la búsqueda de responsables.
Costó entender los porqués del ataque si no se solicita rescate. Mientras Dutra señaló que en estos casos los ciberdelincuentes buscan generar impacto e incomodar, López Peña aclaró que en la Justicia es “legal y jurídicamente imposible” considerar el pago de un rescate. Más vale, como penalista, se inclinó -a modo de opinión- por la idea de tener “crédito” o una “carta de presentación” frente a ataques posteriores.
Pilnik ha mantenido su hermetismo en los tres días que tiene la causa, si bien todos coinciden que su tarea no es ni fácil ni con posibilidades de contar con resultados inmediatos: enfrenta a criminales transnacionales y difícilmente pueda “allanarlos” a la vuelta de la esquina.
Más vale, la tarea de su fiscalía se orienta por el momento a relevar y preservar prueba con el objetivo de poder perseguir a los responsables.
Desde hace un tiempo, cada vez con mayor frecuencia, se conocen más casos de ataques informáticos a diversas instituciones o empresas. En el mundillo de los hackers y quienes los persiguen se menciona como antecedente más cercano y parecido el ataque que sufrieron los archivos informáticos de la Justicia de El Chaco.
También repiten lo que le sucedió a una conocida aceitera, a una prepaga de salud “cara”, al Conicet, a un canal de televisión porteño, al Renaper y a tantas entidades que, con o sin rescate, han sido vulneradas en su seguridad informática.
