Mientras estuvo en prisión domiciliaria, Horacio Grasso violó el encierro más de 190 veces. Los profesionales del Patronato del Liberado informaron cada vez que no lo hallaron en sus visitas, el área de monitoreo del Servicio Penitenciario notificó todas las veces que saltaron alertas de la tobillera electrónica y hasta la persona designada como su tutor advirtió de su indisciplina.
Lo que no se sabía es que incluso las salidas permitidas eran irregulares: el fiscal que intervino en las causas de Grasso, Martín Berger, encontró que los certificados médicos que presentaba Grasso para justificarse eran en su mayoría expedidos por un médico que colocaba bajo su firma un número de matrícula que pertenece a una colega, no a él, y que no tenía la habilitación vigente para ejercer la profesión.
Por este motivo, el propio juez de ejecución Facundo Montoya Centeno giró antecedentes al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se investigue por posibles delitos al propio Grasso y se determine si el médico que firmaba los certificados y si la profesional que tenía la matrícula vencida eran parte de la maniobra o fueron damnificados por la acción de un tercero.
El profesional que firma los permisos tiene matrícula vigente y la médica que aporta el número de matrícula pidió su baja de manera voluntaria en 2002. Lo que parece, en este caso, es que existió una tercera persona que tomó datos de los dos para falsear las certificaciones.
El problema, para estos casos, es una vulnerabilidad del sistema: el débil control que tiene una presentación de certificados en papel. El presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, Héctor Oviedo, dijo que desde hace un año existe, además de un sistema gratuito para las recetas electrónicas, una aplicación para indicaciones médicas y certificados médicos electrónico, con firma digital y distintos filtros de seguridad de la identificación del médico habilitado.
Está disponible, no se utiliza.
La remisión de antecedentes es parte de la resolución que firmó Montoya Centeno para revocar la prisión domiciliaria de Grasso el 3 de julio de este año. Pocos días antes el propio juez de ejecución había rechazado el pedido de libertad condicional que solicitaron los representantes legales de Grasso.
En esa decisión, incluso, se cita un informe médico legista que determina que no se justificabada desde su situación de salud la domiciliaria: “no reúne criterios médicos de una persona discapacitada, goza de autonomía y no necesita cuidados permanentes. Puede permanecer alojado en un establecimiento penitenciarlo tratando adecuadamente su enfermedad sin que Implique desde el punto de vista médico trato cruel, inhumano o degradante, y no corresponde su alojamiento en un establecimiento hospitalario, sin signos ni síntomas de enfermedad en período terminal”.
La decisión de Montoya Centeno ocurrió luego de varios años de reiteradas alertas: Grasso era un incumplidor serial de las condiciones de su encierro domiciliario.
Pocos días después se descubrió que en un placar sellado en el interior del departamento donde vivía Grasso se descubrió un cuerpo, aparentemente de una mujer, con más de seis meses de muerta. No está identificada la mujer y aún no hay una acusación contra el hombre, que está preso porque tiene una condena que termina recién en 2034 por la muerte de Facundo Novillo, un homicidio ocurrido en 2007 en barrio Colonia Lola, en un enfrentamiento entre bandas narcos rivales.
Incumplidor serial de la domiciliaria
Como informó este domingo Matías Calderón, en La Voz, el propio tutor designado a Grasso informó de más de 190 violaciones a la prisión domiciliaria. Y renunció a seguir en esa función en junio de este año “porque no hace caso a las restricciones que se le impusieron”.
“En 2021 y durante 2022 y 2023, el régimen se cumplía relativamente bien. Pero el año pasado empezó a salir sin permiso con mayor frecuencia. En 2025, ya se iba casi todas las semanas”, reveló una fuente citada en ese informe.
Hay decenas de constancias de visitas de funcionarios del Patronato del Liberado -la dirección del Ministerio de Justicia y Trabajo que tiene que supervisar el cumplimiento de las domiciliarias- en las que informaron que no lo encontraron en el departamento de calle Buenos Aires.
También hay planillas de Excell del Centro de Control de Vigilancia Electrónica del Servicio Penitenciario en las que constan más de 30 activaciones de alertas de las tobilleras.
En ese informe, incluso, se dice que Grasso apagaba el sistema para ocultar sus movimientos, desconociendo que seguía emitiendo señales porque la batería tenía una larga duración.
“Como otra práctica habitual, el señor Grasso desconecta la unidad domiciliaria,. quizás, con la intención de que no se registren sus movimientos, cuando egresa sin autorización de la vivienda lo que, afortunadamente, no es posible ya que el equipo continúa emitiendo señal de manera independiente hasta ser conectado nuevamente. Estos eventos surgen en la Central de Monitoreo donde evidenciamos la falta de compromiso a las pautas de cumplimiento sobre el beneficio del que goza. De esta manera, no es factible ejercer el debido control, una vez que se retira de su domicilio por desconocer su paradero ya que no tenemos acceso a la ubicación y tiempo real donde se posiciona una vez que trasciende el rango de cobertura de su vivienda”, advierten desde el Centro de Monitoreo. Saben que se va de la casa y por cuánto tiempo, pero no dónde está. En una persona en prisión domiciliaria, que conserva cierta peligrosidad por el tipo de delito por el que fue condenada y por las propias observaciones de los informes psicológicos y criminológicos del Servicio Penitenciario -que desaconsejaron su egreso- esta limitación es un factor adicional de riesgo, que también fue ignorada.
Qué hace falta para iniciar un jury
En el caso Grasso se acumulan varias decisiones de funcionarios judiciales que podrían merecer reproches. Por un lado, hubo informes previos del Servicio Penitenciario de Córdoba que desaconsejaron la prisión domiciliaria de Grasso, calificando su conducta como pésima, por caso. Y aún así el juez de ejecución penal de Río Cuarto, Gustavo Echenique le otorgó el beneficio en 2021. El propio Echenique ya le había dado esta posibilidad, pero Grasso volvió a ser encerrado por una denuncia de violencia de género. A su vez, el juez de control Facundo Montoya Centeno habría sido advertido de cada violación de la domiciliaria. A su vez, la fiscal Ingrid Vago recibió en 2022 una denuncia por abuso sexual de una mujer de su entorno que visitó a Grasso en el departamento. No está claro aún si lo informó al juez o no.
La Voz le preguntó al fiscal General Juan Manuel Delgado si algunas de estas presuntas irregularidades podían motivar el inicio de un proceso de jury, para la destitución de un funcionario por mal desempeño o delito.
Delgado explicó que si bien al MPF le toca ser acusador en un proceso de este tipo, no es el que inicia un proceso. Que las inconductas son investigadas por la Oficina de Sumarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de Tristán Quiles; o el Tribunal de Ética, a cargo de Armando Andruet.
En esas oficinas, aún, no hay ninguna investigación abierta.
Un jury puede ser solicitado por cualquier ciudadano. Esto, aparentemente, tampoco ocurrió hasta el momento.
