Fernando Albareda, el único detenido y principal sospechoso del asesinato de su madre, Susana Montoya, fue objeto de una nueva imputación por falso testimonio reiterado en dos hechos, luego de conocerse el resultado de los peritajes grafológicos sobre dos escritos que el acusado habría denunciado falsamente como amenazas, según fuentes de la investigación.
Una carta que Albareda envió a la fiscalía desde la cárcel de Bouwer, a través de la que solicitó la prisión domiciliaria por sus condiciones particulares de vida, fue a manos de los peritos que la cotejaron con las presuntas intimidaciones que había denunciado durante los días anteriores y posteriores al crimen de Montoya.
La conclusión de los expertos es que esos escritos fueron creados por el propio Albareda, y este viernes el fiscal lo acusó por falsedad.
La defensa de Albareda, que obra en manos del abogado Claudio Juárez Centeno, ya adelantó que va a negar la imputación, aunque no brindó mayores detalles sobre la estrategia a la que apelará.
El sospechoso del crimen, sobre el que también pesa la acusación por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia, había informado el 2 de agosto, al 911, la aparición del cuerpo sin vida de Montoya.
Hizo entender a la fuerza policial, y en particular a la Justicia, que el crimen había sido el corolario de una serie de amenazas.
Una había sido recibida el 8 de diciembre pasado y otra había aparecido en la pared de la casa de su madre, el pasado 1° de agosto, cuando fue asesinada, escrita con lápiz labial rojo. Ambas fueron denunciadas ante la Justicia por Albareda.
Entre otras cosas, decían: “Sos hijo de terroristas”; “Se te terminaron los amigos”; “Ahora vamos por tus hijos”.
El imputado había relacionado todo con el accionar de fuerzas oscuras que forman parte de la Policía, según él mismo definió. En palabras simples: dijo que una patota parapolicial había amenazado, primero, y luego había matado a su madre, como venganza por la causa que involucra al padre de Albareda.
Vale recordar que Ricardo Fermín Albareda fue secuestrado y asesinado el 25 de septiembre de 1979 por personal del Departamento 2 de Informaciones de la fuerza policial (D-2), según resolvieron jueces de la causa conocida con el mismo apellido de la víctima.
Cuando fue desaparecido, cumplía funciones como subcomisario de la Policía. Su muerte se ejecutó en el centro clandestino conocido como “Casa Hidráulica”, a la vera del lago San Roque, según la causa.
Pero en su legajo policial aparecía bajo la figura de renunciante. Esto mereció un proceso de reparación que implicó el pago de una suma de dinero a nombre de la viuda y de los hijos. Esas sumas de dinero, millonarias por cierto, aún no fueron pagadas por la Provincia.
Albareda sostuvo que algunos integrantes de la fuerza policial estaban reñidos con la decisión de la reparación histórica de la que fue objeto su familia y que habían procedido a acabar con la vida de la mujer.
Pero tal como se sabe ahora, luego la causa dio un giro drástico.
Los peritajes
A días de su detención, Albareda cursó un pedido formal al fiscal Klinger, con copia al Ministerio de Justicia, al fiscal general y al director de la penitenciaría de Bouwer.
En su escrito, el detenido argumentó que sus condiciones de encierro afectaban su bienestar, entre otras cosas, porque interfiere en la relación con su hija y porque le impedimenta respetar una estricta dieta alimentaria que sostiene desde una antigua cirugía bariátrica por obesidad mórbida, según fuentes de la investigación.
En paralelo, Klinger había convocado al acusado para que se sometiera a un peritaje caligráfico con el fin de corroborar las denuncias por amenazas. Según fuentes del caso, Albareda se negó a entregar escritos, derecho que lo asiste.
Así que cuando llegó el manuscrito de seis páginas, firmado por el acusado, desde la fiscalía enviaron la nota a los peritos oficiales. En tanto, la defensa no aportó peritos de parte, según informaron desde Tribunales.
Tras unas semanas de espera, el fiscal recibió las conclusiones.
La fiscalía informó que el resultado de los peritajes concluyó que las presuntas amenazas escritas en un papel y recibidas por Albareda el 8 de diciembre pasado pertenecen al puño escritor del detenido y único sospechoso del crimen de Montoya.
Lo mismo ocurrió con las amenazas escritas en la pared de la casa de la víctima, con lápiz labial rojo, y que el ahora acusado había adjudicado a una patota que intimidaba desde hacía tiempo a su núcleo familiar. Según los peritajes, pertenecen al puño escritor de Fernando Albareda, de acuerdo con lo que informó la fiscalía.
A la par, Klinger también obtuvo los resultados del peritaje interdisciplinario, según informaron fuentes con acceso a la causa.
Según este peritaje que analiza, entre otros aspectos, la condición psíquica del acusado, y que es un paso habitual en este tipo de causas, Albareda era consciente de sus acciones.
De acuerdo con lo trascendido, el resultado de los peritajes refleja el rencor que tenía Albareda hacia su madre.
Pero, además –siempre según información de las fuentes de la investigación–, el acusado habría atravesado situaciones traumáticas a lo largo de su vida, que lo llevaron a desarrollar reacciones de bronca y abandono.
Hay en la personalidad de Albareda, de acuerdo con los resultados de los peritajes oficiales, elementos psicopáticos y narcisistas que lo llevan a inclinarse por diferentes conductas para obtener beneficios personales.
Las conclusiones afirman que estas inclinaciones en la conducta de Albareda podrían estar relacionadas con la adopción de una modalidad agresiva y potencialmente destructiva.
Para los investigadores, el resultado de los peritajes describe el modo en que el imputado procedió para quedarse con el dinero que iba a recibir la familia y que por eso tomó la decisión de matar a su madre.
El caso
Según la investigación que encabeza Klinger, Montoya abrió la puerta de su casa a Albareda, el pasado 1° de agosto, alrededor de las 20.30.
El presunto asesino ingresó al hogar aprovechando la confianza que le tiene una madre a su hijo, siempre según lo que investiga la Justicia.
Allí la atacó por detrás con una soga, estrangulándola, y luego la molió a golpes en la cabeza. En la pared escribió un mensaje intimidatorio. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
La señora tenía 74 años y usaba bastón para caminar. Albareda, según informaron desde la fiscalía, es un hombre entrenado, deportista y con un físico más aventajado.
Klinger investiga si, detrás de las acciones criminales que le endilga al sospechoso, se persiguió el cobro de la suma millonaria de pesos que debía cursarse a la familia por el acto de reparación histórica, único en la historia de la fuerza policial.
Una cámara de videovigilancia próxima al domicilio del hecho (calle Caminos al 3800) habría captado a Albareda cuando estacionó su vehículo a la vuelta del hogar materno. También lo habría registrado al retirarse del lugar. Es una de las pruebas de mayor peso.
No obstante la contundencia de la prueba que señalan una y otra vez en Tribunales, el detenido es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Por ello la defensa se opuso y la cámara de control deberá respaldar la acusación del fiscal. Una vez que eso suceda, Klinger tendría todo allanado para elevar la causa a juicio, acción que podría tener lugar en las próximas semanas.
