Tal vez el primer antecedente haya sido el de la causa Ribeiro Construcciones, un juicio que analizó decenas de estafas inmobiliarias con departamentos “en pozo”, en el que el dinero para las víctimas “no apareció” y por el que los condenados recibieron penas elevadas de prisión. El arquitecto Jorge Ribeiro, máximo responsable, jefe de la asociación ilícita y líder del grupo familiar, recibió 11 años de prisión.
Algunos se espantan con estas cifras y señalan “¡pero es más que un homicidio!”. Está claro que estos estafadores no mataron a nadie, pero concursan decenas y cientos de delitos contra la propiedad.
Hay que considerar que la escala penal de la estafa (artículo 172 del Código Penal) oscila entre un mes y seis años de prisión. Pero cuando se reiteran y reiteran esos hechos de defraudación, los máximos de la escala (seis años) se suman.
En el caso de Edgar Adhemar Bacchiani, quien es juzgado por 50 estafas, se suman los máximos de ese medio centenar de supuestos fraudes y el pronóstico punitivo llega hasta los 300 años de encierro.
No es que pueda sufrir una pena tan elevada, porque existe un sinnúmero de consideraciones, pero lo que se quiere significar es que no se trata de un simple delito el que lo trae al banquillo de los acusados de la Justicia provincial.
Además de 50 hechos, a Bacchiani se le adjudica un perjuicio patrimonial global de unos $ 300 millones y de U$S 1,3 millones sólo por este tramo de acusación.
Hasta hace algún tiempo, en esta Cámara 10ª del Crimen, hubo varias sentencias que se penaron con condenas de prisión en suspenso y, en ocasiones, sin reparación a las víctimas. Pero desde que ingresó el actual fiscal, Gustavo Arocena, cambió esa manera de sentenciar defraudaciones, en una cámara que se ocupa de delitos de guante blanco.
Arocena pide –y consigue– penas de prisión que tienen que ver con las escalas penales. Y se preocupa especialmente por la reparación a las víctimas, en algunos casos logrando resarcimientos integrales, aun con actualizaciones en los montos.
Si bien no se llegó a un acuerdo con los defensores salientes de Bacchiani, varias fuentes comentan que hubo una negociación para hacer un juicio abreviado y que la oferta del Ministerio Público fue de una pena de 10 años de prisión.
La cifra para algunos puede resultar elevada, pero no está fuera de sintonía con lo que viene ocurriendo en estos tiempos en ese tribunal.
En los últimos días se vienen desarrollando en la misma cámara dos juicios “similares” también por estafas, con el mismo fiscal y con acusados de similares hechos. Una mujer de 75 años reconoció este jueves su culpabilidad por 29 hechos de estafa y aceptó una pena de prisión de siete años y ocho meses de prisión.
Al mismo tiempo, se está desarrollando el juicio a los responsables del “Grupo Roma”, que en barrio General Paz tenían una “financiera” que dejó una gran cantidad de damnificados por montos multimillonarios. De acuerdo a lo que se viene planteando en el debate, los jefes de este grupo familiar podrían sufrir penas superiores a siete y ocho años de prisión, según el caso.
Este es el contexto en el que se está juzgando a Edgar Adhemar Bacchiani, quien rechazó un acuerdo de 10 años de prisión pese a que la prueba que lo involucra es muy sólida.
Por otra parte, también en Córdoba queda pendiente la instrucción de la fiscal Valeria Rissi por otras 148 estafas.
