La citación fue dispuesta por la jueza federal María Servini, a cargo del Juzgado Federal N.º 1, luego de una crucial reconstrucción audiovisual de los hechos. Esta reconstrucción, impulsada por la organización Mapa de la Policía en colaboración con la querella y distintos colectivos de derechos humanos, combinó imágenes de cámaras de monitoreo urbano, registros en alta definición de reporteros gráficos y videos aportados por ciudadanos.
Gracias a este cruce de información, se logró distinguir a un miembro de Prefectura portando un rifle Byrna de color naranja, con una marca blanca en la parte trasera del casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano.
La descripción coincidía con uno de los retratos elaborados por el equipo forense. Al solicitar a Prefectura los legajos e imágenes de los efectivos que portaban este tipo de armamento, el juzgado cotejó la información y reconoció la correspondencia con Martínez. El oficial tiene prohibido salir del país mientras la causa judicial avanza.
El impacto que dejó ciego a Navarro, un hincha de Chacarita de 33 años y empleado municipal de San Martín, se produjo en la esquina de Rivadavia y Rodríguez Peña. El proyectil fue disparado a menos de cuatro metros de distancia y apuntó directamente a su cara.
El rifle táctico Byrna TCR tiene un manual que prohíbe disparar hacia zonas sensibles del cuerpo, pero el análisis del material audiovisual reveló que estas directrices fueron incumplidas. Jonathan Navarro había llegado al Congreso junto a un amigo, motivado por la angustia de su padre al no poder cubrir el costo de un medicamento.
Según Pablo Zapulla, abogado de Navarro del Estudio CKZ, este avance marca un punto de quiebre en la causa, pasando de la identificación del rostro del agresor a la individualización de su identidad.
Zapulla enfatizó que la diferencia de apenas tres minutos entre el disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo (ejecutado por Gendarmería Nacional en el otro lado de la Plaza Congreso) y el que cegó a Navarro, ambos por fuerzas distintas pero en el mismo operativo, evidencia “que no se trató de episodios aislados sino de una acción simultánea y coordinada que respondió a una definición política”. El operativo del 12 de marzo fue coordinado por un comando unificado bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad.
Jonathan Navarro, cuyo rol fue decisivo en la investigación al aportar un relato preciso, expresó su sentir tras conocer la identidad del prefecto: “Lo único que pido es que esa basura pague por lo que me hizo”. Añadió, visiblemente afectado: “Ya no tengo la misma vida de antes, ya no soy el mismo. Veo los videos y pienso que me pudo haber matado. ¿Por qué no me tiró al cuerpo? Tenía todo el cuerpo para dispararme y me apuntó a la cara”.
Matías Castro, integrante de Mapa de la Policía, destacó que la activa participación de Jonathan lo saca de la figura de víctima pasiva y lo pone en un lugar más activo en la investigación.
Este avance se produce luego de la imputación del gendarme Héctor Guerrero, también convocado a indagatoria por la jueza Servini para el 7 de septiembre, en el marco de la misma causa. Ambos hechos, el de Navarro y el de Grillo, forman parte de un mismo expediente que investiga la represión del 12 de marzo.
