A paso firme avanza la investigación por el trágico incendio ocurrido este jueves en una pensión ilegal del barrio San Martín de la capital cordobesa, y que dejó dos muertos y cinco heridos.
En las próximas horas, la fiscal de instrucción va a imputar al dueño del inmueble y a dos trabajadores contratados presuntamente por él y que estaban soldando.
La imputación sería la de estrago culposo agravado. No serán detenidos por el momento.
En medio de la pesquisa, la fiscal y su equipo de trabajo vienen recolectando testimonios y distintas pruebas, mientras que esperan los resultados de los informes por parte de la Dirección Bomberos de la Policía provincial y de la Policía Judicial.
La hipótesis central es que el desastre se inició mientras dos hombres se encontraban soldando en la planta baja en un portón.
Una de las chispas cayó sobre uno de los colchones que se encontraban apilados en el ingreso, confiaron fuentes de la causa a La Voz.
Todas estas tareas se hacían, en principio, en el marco de refacciones y ampliaciones en la pensión, un lugar que no contaba con habilitación municipal de ningún tipo.
El drama se desató el pasado martes 18 a las 15.57 en un predio ubicado en calle General Tomás Guido al 746.
Al caer las chispas sobre los colchones, se originó un incendio que, en pocos instantes, se extendió al resto del inmueble.
En segundos, el fuego consumió los tres pisos del lugar. Las llamas se vieron alimentadas por la alta presencia de maderas, telgopor y chapas, además de otros materiales como colchones y ropa.
Una pareja falleció calcinada. Las víctimas fueron Gonzalo Iván Contreras, de 29 años, y María Florencia Rodríguez, de 39. No tuvieron tiempo de escapar de la trampa de fuego y humo. Trascendió que las víctimas se ganaban la vida con Uber.
A su vez, hubo cinco lesionados: tres vecinos y dos policías. Fueron trasladados a hospitales y se recuperan afortunadamente.
A causa del fuego, la estructura cedió y todo se vino abajo, lo que agravó la situación.
Los bomberos llegaron a los pocos instantes y trabajaron arduo para tratar de salvar a las vidas. Pero el drama ya estaba consumado.
Según testigos, en ese lugar vivían entre 25 y 30 personas que, por un monto mínimo, lograban un techo donde vivir, aunque residían completamente hacinadas. Las piezas eran más que pequeñas (dos por tres metros) y había separadores de madera como paredes. La cocina y el baño funcionaban en la planta baja.
En las próximas horas, la fiscal imputará a Luis Emilio Cerutti, de 60 años, el hombre que está señalado como el propietario de la pensión.
Tanto él como los dos soldadores que estaban trabajando aquella siesta serán acusados por el delito de estrago culposo agravado.
Se trata de un delito contra la seguridad pública. De acuerdo al Código Penal argentino, el estrago culposo se da cuando una persona, por su descuido o impericia, causa daño, un incendio, el derrumbe de un edificio u otra situación que pone en peligro a otros. El delito se agrava cuando hay víctimas. La pena arranca desde 1 mes de cárcel y puede llegar hasta los cinco años de prisión.
