La Justicia dio un paso en la investigación de los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido por octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad Católica de Chile.
Ocho barras bravas de Independiente fueron identificados como sospechosos del intento de homicidio de simpatizantes chilenos, quienes aún se recuperan en hospitales tras las agresiones.
La identificación de estos individuos se logró tras un exhaustivo análisis “video por video” de las numerosas imágenes de los disturbios dentro del estadio. Fuentes oficiales indicaron que el fiscal Mariano Zitto, de la UFI N°4 del departamento judicial de Avellaneda-Lanús, mantiene varias líneas de investigación abiertas, que se dividen en dos ramas troncales: lo ocurrido fuera y dentro del estadio.
Detalles de la investigación
De una lista inicial de 25 barras individualizados por el club y el Ministerio de Seguridad bonaerense, ocho son los señalados directamente por haber intentado matar a los hinchas chilenos.
Tres de los simpatizantes chilenos agredidos permanecen internados en el hospital Fiorito y uno en el Perón, aunque evolucionan favorablemente.
Actualmente, hay 19 causas abiertas, con cuatro consideradas las más importantes: una por lesiones graves, dos por tentativa de homicidio y robo en poblado y en banda, y una por intento de homicidio. Todas estas causas están agravadas por haberse dado en un espectáculo deportivo.
Además, hay otros dos acusados por el expediente de lesiones. Se espera que en breve se libren órdenes de allanamiento y detención por parte del Juzgado de Garantías N°3.
Se recibieron videos donde personas acusadas de ataque en realidad intentaban separar a los involucrados. Un expediente de oficio por el rumor de un posible abuso a una empleada del club será cerrado, ya que Independiente desmintió haber recibido cualquier denuncia al respecto.
Responsabilidades en el operativo de seguridad
Paralelamente, sigue abierta una causa que investiga las responsabilidades en el operativo de seguridad. La pesquisa busca determinar el accionar de la seguridad privada contratada por el club, la Policía Bonaerense y cómo los barras lograron acceder a la tribuna visitante. Incluso, se cuestiona “el por qué siguió el partido cuando ya había disturbios serios”, vinculando también a las autoridades de la Conmebol en la investigación.
El fiscal Zitto ya consideró que la seguridad interna del estadio “resultó insuficiente para contener los disturbios”. Asimismo, señaló que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre” y que no hubo una coordinación efectiva entre la seguridad privada y la Policía Bonaerense. Determinó una clara falta de organización y ausencia de roles claros en la prevención de incidentes, destacando la facilidad con la que los hinchas locales accedieron al sector visitante.
A raíz de esta situación, el fiscal solicitó la clausura del estadio, medida que fue otorgada por la Justicia de Garantías.
Seis detenidos por ilícito adicional
El mismo día de la clausura del Libertadores de América, seis personas (cuatro hombres y dos mujeres) fueron aprehendidas en las calles José Pastoriza y Ricardo Bochini. Habían sido visualizadas por cámaras de monitoreo escalando el portón de ingreso al estadio con fines ilícitos.
La investigación continúa para esclarecer completamente todos los hechos y determinar las responsabilidades tanto individuales como institucionales.
