En la historia penal de Córdoba no hay registro y en Tribunales 2 no recuerdan un juicio similar. En la Cámara 11ª del Crimen se está haciendo un segundo juicio contra un policía que en 2014 disparó contra un joven que se daba a la fuga y le provocó lesiones gravísimas, dejándolo parapléjico. En 2019 el uniformado fue absuelto, en 2021 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló el fallo y ordenó que se haga un nuevo debate.
Pero luego ocurrió algo que nadie esperaba: en 2022 murió la víctima. Ahora, deducen que podría haber fallecido como consecuencia del disparo de 2014: por eso, el uniformado comenzó a ser juzgado por un jurado popular por homicidio calificado y puede recibir prisión perpetua.
Si no tiene suficientes características de insólito, el juicio agregó un ingrediente más luego de un par de audiencias: el fiscal pidió cambiar la descripción del hecho de la acusación, porque entiende que la Policía plantó un arma al joven que huía.
Por este motivo, los abogados Hugo Luna y Nicolás Moyano, defensores del policía acusado Damián Andrés Martínez, el miércoles pasado pidieron la suspensión del juicio por unos días para estudiar el nuevo cuadro acusatorio.
No obstante, el tribunal técnico –integrado por Horacio Carranza (presidente), Susana Frascaroli y Gabriela Rojas Moresi– el viernes hizo una inspección ocular al lugar del hecho, en barrio Bella Vista.
Cuando el 5 de junio se reinicie la audiencia, el acusado Martínez afrontará un juicio totalmente distinto al que lo absolvió el 25 de octubre de 2019. De ser absuelto por lesiones gravísimas, ahora lo acusan de homicidio calificado porque el balazo que dejó en silla de ruedas a Damián Alejandro Pérez le habría provocado, ocho años después, infecciones que lo llevaron a la muerte.
Será crucial la opinión de los peritos médicos, que ayudarán al jurado a dilucidar si hay un nexo causal entre las heridas de 2014 y las infecciones de 2022 producidas por la contaminación de escaras con material fecal.
El hecho
A las 18.15 del 12 de julio de 2014, en la esquina de Emilio Achával y Venus, barrio Bella Vista, un grupo de policías detuvo a un Fiat Uno blanco en cuyo interior había tres jóvenes que, según actuaciones, se habían dado a la fuga por las calles del barrio.
Los jóvenes, Augusto Aliendro y los hermanos Alexis Pérez y Damián Pérez debieron bajar del vehículo, tras lo cual los policías comenzaron a palparlos de armas. Según las primeras actuaciones, uno de los uniformados advirtió que Damián Pérez tenía un bulto entre sus ropas y y pidió que exhiba qué tenía. El joven huyó y en la persecución consiguió entrar a una casa donde se celebraban un cumpleaños.
Minutos después, se sumaron a la búsqueda otros móviles policiales, en uno de los cuales iba el agente Mariano Martínez junto al comisario Rodolfo Ayala. Ambos vieron correr a Pérez en la intersección de Figueroa Alcorta (La Cañada) y Venus.
Desoyendo la voz de alto, Pérez se lanzó por un bordo a La Cañada, perseguido por Martínez. La primera acusación indica que Pérez -con antecedentes policiales y una condena- se dio vuelta y apuntó a Martínez con un arma de fuego. El policía le hizo dos disparos, uno de los cuales le dio en la espalda. Lesionada la médula espinal, quedó sin movilidad en ambas piernas.
Anulación del primer juicio
Martínez estuvo acusado por lesiones gravísimas, de lo que fue absuelto en 2019 por legítima defensa. Se rechazó en esa oportunidad la acción civil instada en contra del acusado y del Gobierno provincial.
El querellante por Pérez, Nicolás Turturro, presentó casación y logró que el 22 de abril de 2021 el TSJ anule la sentencia, con orden de hacer un nuevo juicio. El expediente de “reenvío” fue devuelto a la Cámara 11ª del Crimen para tramitar el nuevo proceso.
Pero, antes de este juicio, se produjo otro hecho: falleció Damián Pérez. Postrado en silla de ruedas, las escaras de las asentaderas se le habrían infectado y esto lo llevó a la muerte.
Ante la presunción de una posible relación de causalidad entre el disparo de Martínez y la muerte por las infecciones, todo cambió para la acusación del nuevo juicio: de lesiones gravísimas, el policía pasó a estar acusado por homicidio calificado por su función. Esto implicó dos cosas: la convocatoria del jurado popular y la posibilidad de una condena por prisión perpetua.
El nuevo juicio
Este lunes se inició el esperado segundo debate, con el ahora sargento Martínez sentado en el banquillo de los acusados, con una acusación bien distinta.
Al comenzar, el fiscal Marcelo Sicardi planteó el agravamiento de la acusación a homicidio agravado por uso de arma de fuego y calificado por la función policial. Ya con jueces populares, a poco de iniciar la recepción de la prueba, el acusador reformuló el hecho porque considera que el arma que se le adjudicaba a Pérez fue “plantada”.
Surgió que Pérez había caído –no podía moverse porque ya estaba parapléjico– y que a unos 20 metros de él había un arma, la que en el primer juicio se le adjudicó como propia.
Se estableció que Pérez no podría haber dejado el arma cuando fue herido y luego correr –paralítico– esa distancia. Por eso, Sicardi pidió se declare el “hecho diverso” que cambia cómo se describen las acciones, siempre con la acusación de homicidio calificado.
Las primeras audiencias brindaron momentos de resonancia. Convocaron a Alexis Pérez, hermano de la víctima, quien está cumpliendo condena y en todo momento estuvo esposado porque se descontroló frente al policía acusado. En un momento, el testigo insultó a viva voz a Martínez y le escupió en la cara.
Cuando pudieron hacerlo declarar, Alexis Pérez confesó en tono de lamento que su hermano se había echado al olvido, no se higienizaba y se dejó morir.
Otro hecho llamativo de estas primeras audiencias fue la convocatoria del fiscal a un experto policial para explicar al jurado cómo se hace un “cacheo” de armas, con sus particularidades y movimientos. Para hacerlo gráfico, un gigantesco efectivo de seguridad palpó de armas a Sicardi ante la atenta mirada de los jueces legos.
Suspensión
Frente al “hecho diverso”, los defensores pidieron tiempo para estudiar la nueva acusación y solicitaron que se suspendan las audiencias para preparar la defensa.
El tribunal aceptó el pedido, no obstante dio curso a un trámite que era necesario para comprender lo que los papeles describen pero nadie se representa: una inspección ocular al lugar de los hechos. Este viernes, las partes se constituyeron en la zona y apreciaron el territorio, las distancias y las acciones que pudieron haberse desarrollado.
Cuando se reinicie la acción el 5 de junio, se abrirá un debate por demás interesante: se sumará el análisis de la acusación que se hizo a Pérez por portación de arma de guerra y resistencia a la autoridad. Pero lo crucial será la declaración de los peritos científicos sobre el quid de esta cuestión: ¿por una herida provocada en 2014 se puede establecer una relación causal con las infecciones sufridas en 2022 que luego llevaron a Pérez a la muerte?
