En coincidencia con la decisión de la jueza de Control N° 9 de Córdoba, María Celeste Ferreyra, la Cámara de Acusación confirmó por unanimidad que el consorcio de administración del country Las Delicias –al oeste de la capital provincial– debe ser intervenido por un contador designado por la Justicia.
La decisión de intervenir un barrio cerrado del Gran Córdoba por presuntas irregularidades resulta inédita y puede transformarse en precedente si se tiene en cuenta que existen diversos reclamos de vecinos a administraciones de este tipo de urbanizaciones.
Desde comienzos de 2023, un grupo de residentes de Las Delicias viene sosteniendo un litigio con el directorio del barrio cerrado y presentó denuncias de irregularidades que está tramitando el fiscal de Distrito 4, Turno 2, Horacio Vázquez.
La disputa se remonta a varios años e involucra un par de juicios previos en el fuero Civil y Comercial en relación con diferencias por supuestas irregularidades en la administración y el pago de las expensas, las que al momento de las denuncias representaban $ 108 mil por mes y el año pasado trepaban a unos $ 270 mil. Hay 385 lotes en el barrio cerrado.
Las presentaciones en ese fuero terminaron con pronunciamientos que dan pie a las presuntas irregularidades y que llevaron a que un grupo de vecinos consignaran los gastos comunes que pagaban al consorcio. También hubo un compromiso para reformar el sistema operativo de contabilidad, si bien esto no se habría concretado.
El embate de vecinos terminó en el fuero Penal, y la Fiscalía General designó al fiscal Vázquez. Este comenzó a investigar y ordenó una pericia contable, pero no hizo lugar al pedido de los denunciantes de nombrar un interventor.
Por esto, los querellantes –representados por quien también es vecino, Miguel Ortiz Pellegrini– plantearon una oposición a la que hizo lugar la jueza Ferreyra, quien el 7 de noviembre dispuso la intervención y designó un administrador provisorio, que debe surgir del listado de la Dirección de Servicios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Confirmado
Pero los representantes del consorcio apelaron la decisión de la jueza Ferreyra y fueron a la Cámara de Acusación. El tribunal de alzada, por unanimidad, ratificó este jueves, en su auto 178, que el country debe ser intervenido por un contador que designe la Justicia provincial.
Con el voto de Patricia Alejandra Farías y la adhesión de los otros dos vocales, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar, el tribunal de alzada hace propios los argumentos de Ferreyra y ratifica todo lo dispuesto, ahora con fuerza de ejecución.
Lo particular de esta decisión de la cámara es que no tiene efecto suspensivo. Esto es, si los vencidos en esta instancia casan la sentencia de Acusación, la medida mientras tanto debe ser ejecutada. En otros términos, si se oponen, el administrador judicial ya estará actuando.
Por otra parte, hubo otra decisión que la jueza Ferreyra dictó en contra del consorcio: los administradores habían convocado a asamblea para fines de noviembre de 2023, con un punto clave por tratar en medio de cuestionamientos por irregularidades: el saneamiento de los balances de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. La jueza hizo caer esa pretensión mediante una cautelar, lo cual también fue confirmado por la Cámara de Acusación.
Enterado de la decisión, el querellante Ortiz Pellegrini comentó a La Voz que “esta administración se distinguió por el espionaje al señor fiscal (Enrique) Gavier, a mi persona, a la escribana Alejandra Cáceres, al abogado Facundo Garade Panetta, a Osvaldo Platero y a otros (vecinos) más”.
“Además, de mala administración –prosiguió el penalista–, con fines que todavía desconocemos, pero que sospechamos que no pueden ser lícitos, se hacían informar de quiénes nos visitaban, qué horarios teníamos de ingreso y salida de nuestro barrio y de nuestras casas. Esto resulta intolerable”.
Disputa prolongada y sostenida
Desde hace años, se viene produciendo el enfrentamiento entre este grupo de vecinos y quienes están a cargo de la administración. Los primeros denuncian irregularidades en el manejo económico, se quejan del déficit en las cuentas y de presuntas irregularidades, como que sufrieron “espionaje interno”.
Los denunciantes son principalmente la escribana Alejandra del Valle Cáceres y los abogados Facundo Garade Panetta y Miguel Ortiz Pellegrini, quienes fueron admitidos como querellantes particulares en las actuaciones del fuero criminal.
Del otro lado están los denunciados. El actual directorio del barrio cerrado es integrado por Verónica del Valle Scarlatta (presidenta) e Ivonne Mariel Hernandorena (vice).
La pericia contable fue ampliada el 15 de agosto de 2023 por el fiscal Vázquez para que también se auditara a la anterior comisión directiva, encabezada por Jorge Osvaldo Lerda (presidente) y Pablo Dolci (vice), además de investigar al contador José Luis Arnoletto, quien habría estado a cargo de los balances.
Lo que subyace es un fondo mensual de gastos comunes que en conjunto llegaría a $ 90 millones.
La denuncia penal efectuada en marzo de 2012 por ese grupo de vecinos es por “administración fraudulenta” y “amenazas coactivas”.
Supuesto espionaje
Por otra parte, también se viene cuestionando el accionar de los integrantes de la Comisión de Seguridad designada por el consorcio, integrada por Oscar Bonangelino, Daniel Ramos López y Juan Manuel Pernochi, por supuestas actividades de espionaje a determinados vecinos.
Los vecinos expusieron en sus denuncias que ellos y otros frentistas fueron vigilados no sólo en sus ingresos y salidas (y los de sus visitas), sino también por personal de a pie que observaba los movimientos en sus casas.
También trascendió públicamente que el fiscal Gavier sería objeto de esas maniobras de “inteligencia”.
Como en otros barrios cerrados, todos los movimientos de las personas que pasan por la guardia –trabajadores, visitas y propietarios– se registran en una base de datos.
Los vecinos denunciaron que un “asesor externo” está autorizado para ingresar a ese registro y, además, realizar modificaciones en él.
La seguridad es provista por la empresa El Legado, dirigida por un comisario mayor retirado, rubro que absorbería casi el 60% de los gastos del consorcio.
