Esta semana se habló mucho del histórico acuerdo logrado en la Justicia federal por el cual los explotadores de un colectivo de mujeres resarcirán con sus bienes a 30 víctimas con un monto superior a los 31 millones de pesos. Ahora, este viernes, al comunicarles el acuerdo logrado por la fiscalía y los abogados defensores, ellas “mejoraron” uno de los términos de la propuesta: pidieron que sea el mismo monto para todas y no según el perjuicio sufrido por cada una.
En la audiencia informal que se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), las 30 víctimas de los hermanos Barey se fueron con otra noticia: el secretario de Extensión de esa casa de altos estudios Luciano Ponce les propuso -y ellas aceptaron- que a partir de noviembre comenzarán a trabajar en un plan de asistencia que va más allá de la contención terapéutica y que las ayudará a encontrar alternativas laborales.
De zapatillas, la vocal del Tribunal Oral Federal 2 María Noel Costa y el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) Carlos Gonella, se reunieron con otros funcionarios judiciales y de la facultad con unas 15 mujeres en un amplio círculo que unió sonrisas, dolores y satisfacción por el encuentro que, por primera vez, lograba unir a las víctimas en torno a su misma realidad.
Ese encuentro sirvió de catarsis pero también para que aparecieran algunas de las necesidades que las superan y que el Ministerio Público y la facultad pretenden enfrentar.
La causa que originó el entendimiento para el juicio abreviado apunta a los hermanos Daniel y Fabio Barey, quienes explotaron hasta 2012 a decenas de trabajadoras sexuales en las whiskerías Faraón y Playman (entre otras) del Centro de la ciudad de Córdoba. También están acusados miembros del entorno que contribuyeron como prestanombres a la adquisición de una casa, dos departamentos y seis autos de la más alta gama.
Esos bienes forman parte del acervo patrimonial que será rematado para distribuir entre las 30 víctimas, ahora por acuerdo con Gonella, en partes iguales. Los Barey recibirán cuatro años de prisión (ya cumplieron dos), tras un largo laberinto judicial que comenzó en 2012.
Presente en la reunión estaba el instructor de la causa, el fiscal Enrique Senestrari, que mostró su satisfacción en tanto “que el Estado puede reparar a las víctimas” y que esta iniciativa permite “visibilizarlas”. El funcionario destacó que además de la reparación se logra la contención de las mujeres y la posibilidad de influir sobre su “rumbo de vida con elección libre”, sin ser obligadas por alguien o dependiendo de sus necesidades.
En el encuentro también tomaron parte numerosas personalidades del ámbito judicial y académico. Confluyeron en un mismo sentido, dentro de la rueda que significó la reunión, Agustina Brandi (coordinadora del postgrado de Psicoanálisis), Paula Pedernera (abogada del Ministerio de Justicia), Carolina Lencina y Soledad Sosa (equipo técnico de Trata del Ministerio de la Mujer), Marisa Aragnon (secretaria del TOF2 y doctoranda en Víctimas) y Sofía Byleveld (psicóloga del MPF especializada en acompañamiento judicial de víctimas).
Palabra de víctima
Una de las víctimas expresó después de la reunión: “Estoy emocionada por encontrarnos, porque no nos vemos nunca”. Pero apenas comenzó a hablar, aclaró: “Nunca me sentí obligada por ellos (los Barey), pero en buena hora que nos brinden una ayuda porque la situación económica de cada una no es nada buena”.
“A pesar de que es muy lenta, la Justicia se ha vuelto a nuestro favor”, destacó la mujer y agregó como positivo “el trato diferente, sobre todo por el apoyo psicológico que una necesita”.
Sobre el acuerdo que les comunicaron, dijo que ellas están “conformes, sobre todo porque se va a dividir en partes iguales”. “Estamos de acuerdo”, resumió. “Es una buena después de tantas palabras, es loable y gratificante”, completó la mujer.
Tras una pausa, reflexionó: “A lo mejor nosotras no tenemos en cuenta que somos víctimas, por nuestra necesidad y vulnerabilidad, aunque hoy pensemos que ellos no nos obligaron a nada”.
Espacio interdisciplinario
Las últimas palabras tal vez hayan respondido a algo que pronunció el psicólogo Ponce durante la reunión, cuando les dijo que algo terrible de los humanos es que a veces hacemos que las personas hagan cosas que no desean, sin que se den cuenta.
De jogging y parado en el centro de la rueda, el secretario de Extensión de Psicología captó la atención de las mujeres y les propuso comenzar a “trabajar juntas” a partir de la primera semana de noviembre. La respuesta fue positiva y unánime.
Luego, en diálogo con La Voz, Ponce señaló que entre las iniciativas que genera Extensión para vincularse con la sociedad, está “crear espacios que den respuestas a padecimientos o cuestiones vinculadas con la salud mental de la población”. Esos ámbitos, individuales o grupales, buscan agregar a lo judicial “la dimensión psicológica para promover la restitución de la calidad de la persona”.
Tras firmar un acta acuerdo con Gonella, se sentaron las bases para un convenio de colaboración mutua de la facultad con el MPF, con vistas a concretar “acciones de asistencia, contención y apoyo para mejorar la vida de víctimas de explotación o de delitos contra su integridad sexual”.
Más que una obligación
El fiscal Gonella comentó que el presente es “un caso modelo para trabajar con todas las aristas de un causa de trata”.
El fiscal que alcanzó el acuerdo con los defensores sostuvo: “La deuda que tiene el Estado en la reparación integral de los derechos vulnerados de las víctimas se empieza a saldar despacito en instancias como esta en donde representantes de todos los estamentos acompañan a las víctimas en el inicio de un proyecto de vida para ellas y su familia”.
Como complemento de lo judicial, el fiscal del juicio sostuvo que en la reunión “hubo relatos conmovedores” y que “las mujeres se entusiasmaron, se abrieron, por primera vez se reunieron y empezaron a tomar consciencia de su situación como víctimas de explotación”.
Sobre los términos del acuerdo y la inmediata disposición de los bienes para que sean rematados, explicó Gonella que “la prioridad es liquidarlos en beneficio de las víctimas”.
La comunicación a las víctimas, que era una “obligación” procesal, terminó con un resultado superador por la respuesta de las mujeres a favor de un reparto solidario. Ahora, la jueza Costa debe homologar el acuerdo, lo que terminará en la sentencia condenatoria de los acusados y la disposición de los bienes para el resarcimiento.
Acaso a modo de adelanto de lo que seguramente va a suceder, la vocal del TOF2 expresó su satisfacción con la reunión “por la forma en que lo instrumentamos, con la ayuda de la Facultad de Psicología en un ámbito fuera del tribunal”.
“El espacio -concluyó Costa- sirvió realmente para que ellas pudieran expresarse, a tal punto que en ese lugar ellas pudieron expresarse. Se les dio la dignidad de expresar su voz, esa voz que durante mucho tiempo no tuvieron”.
