El cielo de la cárcel de Bouwer y otros penales de Córdoba es sobrevolado de manera recurrente por drones que sueltan bolsas con cocaína. Las requisas descubren chips de celulares insertos de modo imperceptible en la cáscara de una banana. Los celulares que entran “de canuto” a los presidios ahora son detectados por perros que olfatean el litio. Los sachets de mostaza o mayonesa guardan globos de látex con droga en su interior. Muchas de estas prácticas se descubren a diario en los últimos meses y no paran de suceder.
En los primeros 100 días de la nueva conducción de las cárceles provinciales, se secuestraron más de 600 celulares, unos cuatro kilogramos de cocaína, 14 kilos de marihuana y una gran cantidad de chips telefónicos y cargadores con sus cables USB.
Pero, a medida que se descubren estos ingresos ilegales, la modalidad cambia y siguen los intentos. Los secuestros han seguido casi a diario y continúan.
Acaso la causa judicial más resonante del fuero del Crimen de la Justicia provincial de todo 2023 sea la que investiga los altos niveles de corrupción en las cárceles de Córdoba. Internos de esos presidios, guardiacárceles de todo rango y hasta los más encumbrados jefes del Servicio Penitenciario (SPC) cayeron en los procedimientos ordenados por el fiscal Enrique Gavier.
El ojo sobre los “quioscos” para el cobro de favores a presos y familiares, más el desbaratamiento de call centers “tumberos” que desde el interior de los presidios estafaban por teléfono a cientos de particulares de todo el país, involucró a los uniformados, detenidos, abogados penalistas y hasta punteros políticos que, según la acusación, aceitaban una maquinaria de corrupción cuyos engranajes todavía están siendo determinados.
El alto nivel de discrecionalidad con la que se movían algunos de los penitenciarios hacía que las cárceles se transformaran en feudo para que algunos pícaros monetizaran el poder que manejaban intramuros. Certificados de promoción a los internos, traslados, privilegios y “favores” de todo tipo se combinaron con las “franquicias” entregadas a los presos para que exploten sin controles los centros de estafas telefónicas. Para esto, también era necesario el ingreso de celulares, cargadores y todo lo que se necesita para que las ondas electromagnéticas se cuelen entre las rejas.
Al asumir el nuevo Gobierno provincial, se nombró como secretario de Organización Penitenciaria y a la vez interventor por 180 días a Gustavo Vidal Lascano.
Con vasta experiencia en frentes diversos (fue fiscal federal, fiscal General en la provincia y hasta integrante del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad), este “piloto de tormentas” -como lo llaman algunos- conduce desde diciembre una nueva forma de gestión que pretende descabezar viejas prácticas penitenciarias.
Por empezar, se nombró en la plana mayor del SPC a cinco directores generales, encabezados por la abogada Carolina Funes (inspectora general, a cargo de Técnica Penitenciaria), junto al subprefecto Cristian Namur (Seguridad) y otras tres mujeres: la alcaide arquitecta Carina Vanina Carrizo (Tratamiento Penitenciario y Obras), la alcaide mayor Gloria Recalde (Formación) y la subprefecto contadora María Soledad Fernández (Gestión Administrativa).
Vidal Lascano comentó en su despacho del Ministerio de Justicia de Córdoba que eligió a los funcionarios por su perfil y capacitación y que su reincorporación hizo que muchos agentes “de licencia” (especialmente psiquiátrica) pidieran retornar para ponerse a disposición de la nueva jefatura.
Una de las primeras disposiciones que se tomaron, para evitar lo que venía sucediendo, fue dar inmediato aviso al fiscal de turno para que investigue lo sucedido, sin alterar la escena del crimen y sin que el SPC se ocupe de hacer un sumario que le corresponde a la Justicia.
El interventor comentó a La Voz que detectó en el SPC prácticas y una estructura hiperverticalista que tenía su eco en sanciones “por no cumplir” y “por cumplir”.
Como modo de eliminar “discrecionalidad”, también se estableció que cada vez que se dispone el traslado de un penitenciario, esta orden sea firmada por los cinco directores.
Con el mismo fin de quitar “poder” a algunos jefes, se determinaron cuáles serán las sanciones a las visitas que cometan una falta: se tabulará y no se dejará a criterio o manejo del director que aplica la medida.
Controles
También se creó la Unidad de Control Penitenciario, que requisa a los proveedores y a otras personas que ingresan a los establecimientos carcelarios de toda la provincia. Se hacen requisas sorpresa en el interior y se inspecciona con perros a los vehículos que llegan hasta el lugar. Los canes están entrenados para detectar droga y electrónicos, como celulares, cargadores y otros accesorios.
Los abogados penalistas y el presidente del Colegio, Ignacio Segura, están negociando con la conducción del SPC la mejora en algunas condiciones de sus visitas a los defendidos. Hubo algunos choques por la requisa de los vehículos: un letrado joven se quejó airadamente; al día siguiente, el experimentado penalista Carlos Hairabedian, con 86 años, aceptó sin problemas la inspección.
A veces, por más esmero con cada ingreso por los portones, los “productos” siguen entrando.
Ahora, los uniformados miran para arriba porque los drones son la nueva pesadilla de las cárceles.
Comentan que algunos internos que egresan encontraron una veta “laboral”, comprándose uno de estos aparatos y lo “alquilan” para arrojar droga o algún otro elemento.
Mientras prueban sistemas no fly y lograr que los drones se caigan al perder la señal del control remoto, siguen tratando de interceptar bolsas con droga, lanzadas con una cuerda que el avioncito suelta.
También es necesario prevenir los “arrojos” en cárceles situadas en zonas urbanas (Villa María, Cruz del Eje, San Francisco) que caen en patios. Ahora, se están alambrando los “techos” de esos espacios abiertos.
Modernización
De igual modo, con fines de prevenir manejos discrecionales, pero también con un afán de modernizar el SPC, se está tratando de aggiornar la administración de la institución. Vidal Lascano anticipó que trabajan en el “expediente electrónico” para reemplazar los legajos y la información del servicio.
El arcaico sistema actual permite que los datos estén en un solo lugar, en papel, con el peligro que eso significa.
Ahora, se busca que la sistematización permita compartir esa información con otras sedes y con la Justicia y el Ministerio Público. “Queremos que un fiscal, cuando necesita información de un detenido a su disposición, tenga acceso desde su despacho en Tribunales”.
Esto, además de ser más práctico, le otorgará más transparencia a lo que sucede dentro del penal, ya que en esos archivos informáticos podrán consultarse todos los datos del detenido, sus antecedentes, las visitas que recibe (quiénes y cuándo), las sanciones y su motivo, además de otros datos estratégicos.
Lo mismo se hará con los registros biométricos de quienes ingresan a los penales, penitenciarios, autoridades o visitas. Además del escaneo del rostro, se buscará hacer una lectura de iris.
En la actualidad, las visitas son controladas con el “prehistórico” sistema de “tocar el pianito”: cada persona debe pintarse todos los dedos de las manos para ser “chequeado” por el personal penitenciario cuando se retira del presidio.
