La propuesta, más que una sugerencia, era una orden: “Si pagás no vas a tener problemas”, se escuchaba a menudo, en tono imperativo, en un asentamiento informal ubicado en la franja sudeste de la ciudad de Córdoba. Un caso de inseguridad fue lo que destapó el presunto funcionamiento de una patota que amedrentaba a la población a cambio de seguridad.
Tal habría sido el impacto de la amenaza, encubierta como un servicio de “protección entre vecinos”, que la Justicia inició una investigación a raíz de una denuncia.
Entre el martes y este viernes se realizaron sendos allanamientos en un asentamiento aledaño a la villa Los 40 Guasos, en este último caserío y en el vecino barrio José Ignacio Diaz, donde resultaron detenidas cuatro personas sospechadas de ofrecer este servicio de seguridad ilegal y atacar a quienes no pagaban por su protección.
Los cuatro, tres hombres y una mujer, fueron imputados por los presuntos delitos de extorsión, violación de domicilio y amenazas calificadas. Permanecerán detenidos en el Establecimiento Penitenciario 9 y en los próximos días podrían ser trasladados a la cárcel de Bouwer.
La fiscala Lourdes Quagliatti, al frente de la investigación, fue quien instruyó la imputación y la detención de los sospechosos. No se descarta que pudiera haber más órdenes de allanamiento, dado que la funcionaria continúa trabajando en medidas investigativas.
Según fuentes con acceso a la causa, en un loteo informal pegado a villa Los 40 Guasos reside una comunidad conformada por ciudadanos peruanos y bolivianos que compraron los terrenos a un apócrifo titular de estas tierras, quien sería un hombre nacido en Córdoba, vecino de la zona y que contaría con un pedido de captura internacional.
Él y su hermano habrían comenzado a ofrecer los terrenos y le habrían dicho a los compradores –quienes no contarían con residencia legal en Argentina– que para no tener problemas con ninguna persona debían pagar por un servicio de protección.
“Les decían que si no querían tener problemas en el barrio, ellos les iban a prestar un servicio de protección. Pero en realidad, eran ellos mismos quienes no robaban ni molestaban a los demás si se les pagaba. Cuando alguien no lo hacía, esa paz se acababa”, revelaron los pesquisas.
“Si no pagabas, te metían bala”, aseguraron los vecinos de la zona, aún atemorizados.
Tener paz en este sector de la ciudad de Córdoba tenía un costo mensual de entre 15 y 20 mil pesos. El monto se comunicaba en las reuniones que habrían sido organizadas por los ahora imputados y que se hacían de manera abierta.
Los habitantes del asentamiento habrían sido prácticamente obligados a asistir a estas reuniones, mediante amenazas y acciones coercitivas.
Hace 20 días, ese círculo tenebroso se rompió cuando un vecino no pudo pagar el arancel. Sin más vueltas, recibió la visita de un extraño que a bordo de un utilitario, con vidrios polarizados, inició una balacera.
No hubo heridos. Los pesquisas insisten en que fue un ataque con el único fin de amedrentar.
La denuncia
Pero la acción no surtió el efecto esperado. Alguien se cansó de las amenazas y decidió ir hasta la comisaría 16°, donde dejó asentado lo que estaba pasando.
La causa recaló en el despacho de Quagliatti, que de inmediato comenzó a ordenar medidas preventivas. El desafío era, en primer lugar, proteger a esa comunidad, según explicaron los propios investigadores.
El primer allanamiento se realizó el pasado martes y allí resultaron detenidos dos sospechosos y se logró el secuestro de celulares y de materiales probatorios que podrían ser de gran valor para la investigación, según informaron fuentes con acceso a la causa.
Finalmente, este viernes continuaron las acciones. La Policía llevó a cabo otros dos allanamientos en barrio José Ignacio Díaz, donde se logró la detención de los otros dos sospechosos y se secuestró el vehículo en el que se conducían los imputados.
“Así quedó demostrado lo bueno y lo malo en un solo acto. Por una parte, este hecho aberrante de que una persona se aproveche de la vulnerabilidad. Por el otro, el valor de un vecino que confía y denuncia. Y por sobre todas las cosas, un Ministerio Público Fiscal que investiga con rapidez y eficiencia y una Policía que defiende a la ciudadanía”, remarcó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
El funcionario dijo que el elemento clave fue la denuncia. Y aseguró que este tipo de delitos se comete bajo el pretexto de que la fuerza está en connivencia con los delincuentes, pero que la práctica demuestra lo contrario.
“Puede haber un caso aislado, pero lo cierto es que estos operativos son motivos de orgullo para los uniformados, que de manera colectiva se muestran comprometidos con la persecución del delito. Cuando reciben una instrucción, la cumplen y lo hacen con profesionalismo”, destacó Quinteros.
Otros puntos bajo investigación
Fuentes oficiales remarcaron que esta misma investigación podría arrojar un resultado más preocupante: “No se descarta que esta banda haya actuado en otros barrios. No tenían habilitación para funcionar como empresa de seguridad, y de sus métodos se desprende que eran una agrupación criminal”, dijeron.
Por el momento, no están relacionados al negocio del narcotráfico, aunque no se descarta esta posibilidad.
El caso despertó preocupación en la zona, dado que según referentes vecinales es una metodología cada vez más presente en los sectores urbanos marginalizados.
A pocos kilómetros de este asentamiento, en los barrios Maldonado y Müller, advierten que los narcotraficantes suelen montar estrategias de protección en favor de sus propios familiares. Pero también aseguran que ese servicio se comenzó a extender a familias vecinas.
“Se cobra por esta especie de cuidado. Y la gente prefiere pagar antes de padecer un problema, porque no se pueden mudar y no confían en los agentes de seguridad. Ojalá este caso sirva para cortar el fenómeno”, piden.
